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La contralora general de la República, Marta Acosta, afirmó que las incongruencias en las manifestaciones sobre Ciudad Gobierno hechas por la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Fernández, los lleva a cuestionar si existe otro expediente con información del proyecto a la cual el órgano contralor no ha tenido acceso.
Así lo dio a conocer este miércoles la jerarca en una participación ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Acosta fue convocada para que rindiera criterio sobre el expediente 24.099, presentado por el Poder Ejecutivo, con el cual se pretende reformar los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública, para asignar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el desarrollo de Ciudad Gobierno sin necesidad de concurso público.
El diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), consultó a la contralora sobre las inconsistencias que se han identificado en el expediente del proyecto de Ciudad Gobierno.
Al respecto, Acosta procedió a enumerar cinco incongruencias que han logrado detectar y concluyó que tales divergencias, los hacen “poner en duda si hay otro expediente al que no hemos tenido acceso, porque ella (Fernández) hace afirmaciones de información que es importante, pero que nosotros no conocemos y que no estaba todavía al día de antier (lunes), en el expediente”.
Las incongruencias
En primer lugar, mencionó las diferencias en los montos de los ahorros que, según el gobierno, se generarían por medio del proyecto.
Igualmente, aclaró que sería imposible contar en este momento con esa información, de manera precisa, porque Ciudad Gobierno se encuentra en la fase de elaboración del perfil del proyecto y dichos datos se pueden obtener hasta que se llegue a la etapa de preinversión.
En segundo lugar, el tema de la transferencia de los bienes al Estado. La contralora reiteró sus dudas de que el complejo inmobiliario regrese al patrimonio del país transcurridos los 25 años de pagos por alquiler a los que se estaría comprometiendo Costa Rica.
Esta preocupación se fundamenta en un memorando que el propio BCIE dirigió, el 1.° de setiembre del 2023, a la comisión interinstitucional del gobierno que coordina el proyecto.
Literalmente, el memorando dice que “la transferencia de propiedad, al final del contrato, se determina que no se efectúa, porque es una decisión que no se estaría adoptando desde la suscripción de la contratación”.
“Es decir, es una condición posible, pero depende del contexto que el gobierno de ese momento y el BCIE determinen con respecto al complejo inmobiliario”, continúa.
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Empero, para la ministra Fernández, la conclusión de la Contraloría es una “interpretación errónea” del documento.
Según Fernández, lo que indica el memorando es que el gobierno puede decidir si quiere y conviene a los intereses del país seguir contratando la operación y el mantenimiento, “pero nunca seguir pagando lo correspondiente al componente de infraestructura dentro de la cuota de arrendamiento, porque los edificios ya estarán debidamente pagados”.
En tercer lugar, Acosta aseguró que no han sido notificados sobre la realización de un concurso público, como lo indicó la ministra Fernández en un video divulgado por Casa Presidencial el pasado 21 de marzo.
En esa grabación, la jerarca afirmó que la Contraloría está al tanto que habrá un concurso internacional, conducido por el BCIE, “porque se lo hemos dicho por escrito”. Empero, Acosta asegura que no cuentan con esta información.
En cuarto lugar, la contralora dijo que resulta incongruente que exista ya un proveedor seleccionado, cuando no se ha realizado un concurso. Ante una consulta de Nicolás, la jerarca aclaró que se refería a la elección del BCIE como financiador y desarrollador del proyecto.
Para la Contraloría, se trataría de una elección a dedo, debido a que el Ejecutivo optó por la institución financiera sin contar con estudios de mercado ni avalúo que determinara la factibilidad del oferente.
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La quinta inconsistencia que mencionó la contralora, tiene que ver con las manifestaciones de la ministra Fernández, en la grabación del 21 de marzo, de que el BCIE asumiría todos los riesgos del proyecto, incluidos los relacionados con los diseños, la construcción, operación y mantenimiento de Ciudad Gobierno.
“Recordemos que en el caso de la propuesta que el BCIE le ha hecho al gobierno de la República, sería ese Banco, ese organismo internacional, el que estará asumiendo absolutamente todos los riesgos adyacentes al proyecto”, aseguró Fernández.
Empero, la contralora manifestó que no cuentan con esa información. “No podemos ver eso, no sabemos cómo lo determinaron si todavía no está la preinversión”, expresó.
La jerarca también dijo a los legisladores que, de aprobarse los cambios a la Ley de Contratación Pública propuestos por el Ejecutivo, el país estaría retrocediendo en la regulación de estos procesos administrativos.
“Se dieron luchas para cerrar excepciones, por ejemplo, que ahora se reabrirían, de que organismos públicos de derecho internacional puedan ser escogidos sin concurso público para desarrollar obra pública. Eso para nosotros es un retroceso, las escogencias sin concurso son un retroceso importante”, advirtió.
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