Contraloría urge reforma estructural del Estado para salir del desequilibrio económico

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a los diputados de que el país todavía requiere de un ajuste estructural que equilibre las finanzas del Gobierno, el cual gasta más de lo que tiene, lo que acarrea un fuerte endeudamiento público.

Para la CGR, la emergencia incluso puede convertirse en una oportunidad para implementar cambios que hagan más eficiente el gasto público, evaluando la forma de operar de las instituciones y la pertinencia de los procesos y funciones actuales.

El mensaje lo incluyó en la opinión, enviada al Directorio legislativo, sobre el proyecto de ley que permitiría al Gobierno adquirir un crédito de $380 millones (¢216.000 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), para atender sus necesidades presupuestarias y afrontar la emergencia sanitaria.

El 30 de marzo, la Contraloría le otorgó su visto bueno al préstamo al considerar que ofrece condiciones favorables, acordes con la búsqueda de una ruta de sostenibilidad financiera iniciada antes de la pandemia.

No obstante, el pronunciamiento llegó acompañado de una advertencia: “Si bien este financiamiento que ya estaba programado gestionar para el 2020 constituye un alivio temporal en el tema del financiamiento, sigue siendo necesario realizar un ajuste estructural para lograr alcanzar un equilibrio en la operación del Gobierno”.

“Ahora más que nunca, con respecto a la necesidad de atención de la emergencia sanitaria, todas las alternativas de mitigación y contención de esta deben ser analizadas en conjunto, con visión integral, y se convierte a su vez en una oportunidad de avanzar en cambios que permitan una mayor eficiencia del gasto”, acotó la Contraloría en su informe al expediente legislativo 21.871.

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Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la CGR, declaró a La Nación que la reflexión se incluyó en el documento por la coyuntura.

“El mundo se enfrenta a un momento decisivo de nuestra era, donde experimentamos un cambio radical que hace que las decisiones de nuestras autoridades, que podían pasar antes por largos procesos deliberativos, tengan el potencial de redefinir, en un tiempo corto, la forma en que hemos venido haciendo las cosas”.

“Es, en este contexto, donde se convierte en una oportunidad lograr concretar cambios que valoren la forma de operar de las instituciones, la eficiencia y pertinencia de los procesos y funciones, haciendo a su vez un mayor uso de las tecnologías.

“Es un momento también de desarrollar capacidades para potenciar la cooperación interinstitucional para lograr consensos de forma ágil, a partir de una visión sistemática e integral de los posibles escenarios de respuesta”.

La emergencia del coronavirus golpeó con fuerza la economía en momentos en que la deuda pública alcanzaba el 58,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit fiscal llega al 7%.

La calificadora de riesgo Moody’s estimó que, tras la pandemia, la deuda pública saltará este año a un 66% del PIB y que, en el 2021, a un 70%.

El déficit fiscal, a su vez, subiría en el 2020 a un 8,1% del PIB, muy por encima del 5,3% que proyectado el Banco Central antes de la pandemia.

La crisis mundial exigirá al Gobierno de Costa Rica más recursos de los que había presupuestado, tanto para atender a quienes enfermen como para apoyar a quienes pierdan el trabajo o vean reducida su jornada laboral.

Además de la contracción económica, el Ejecutivo gestionó una moratoria de tres meses en el pago de impuestos con el fin de ayudar a las empresas, lo que golpeará los ingresos del Gobierno.

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Las necesidades de financiamiento aumentarán. La administración solicitó al Congreso aprobar $880 millones en créditos de instituciones multilaterales, con mejores condiciones.

No obstante, la situación obliga a hacer un balance entre pagar la deuda y atender la emergencia, para evitar un colapso económico, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Solo este año, antes de la pandemia, la deuda pública exigía unos ¢2 billones en pago de amortizaciones y otros ¢2 billones en intereses. Ambos rubros consumían un 38% del Presupuesto Nacional.

En el 2020, las amortizaciones de deuda exigían un 4,7% del PIB antes de la crisis y, para el 2021, la cifra subía a un 6,5% del PIB.

Según señaló Francisco de Paula Gutiérrez, el expresidente del Banco Central, en entrevista con La Nación, dichas circunstancias hacen que la atención de la emergencia sea más complicada de lo que sería si las finanzas públicas fueran más saludables. Por ese motivo, en opinión del economista, la atención de la emergencia también requiere que se hagan reformas estructurales.

La Contraloría insiste desde hace años en la necesidad de hacer reformas estructurales en el Estado, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por ejemplo, en julio del 2018, cuando la Asamblea Legislativa discutía la reforma tributaria, la contralora Marta Acosta dijo a los diputados que luego de aprobar esa ley, los poderes Ejecutivo y Legislativo debían enfrascarse en la búsqueda de soluciones a otros problemas estructurales, como el del empleo público.