Política

Contratación de escáneres a Racsa fue improvisada y poco transparente, señala Contraloría

Gerente de Contraloría rechaza contratación de terceros ‘a espaldas’ de la ley y señala que las instituciones conocían la prohibición de contratar a Racsa a dedo

EscucharEscuchar

El intento del gobierno por comprar escáneres antidroga, mediante una contratación a la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa), fue llevada a cabo de manera improvisada y poco transparente, señaló la Contraloría General de la República (CGR).

Contratación de escáneres fue improvisada y poco transparente, señala la Contraloría
0 seconds of 2 minutes, 18 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
02:18
02:18
 
Contratación de escáneres fue improvisada y poco transparente, señala la Contraloría

El órgano contralor rechazó la “contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública”.

Racsa no tiene escáneres, por lo que se asoció con un consorcio integrado por tres empresas. El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se aprestaba a contratar a Racsa de forma directa hasta que, el miércoles, la Contraloría le ordenó detener el proceso de inmediato por contener irregularidades.

Rafael Picado López, gerente del área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la CGR, explicó que, contrario al fin que se persigue con el servicio de inspección, el mecanismo escogido por el Poder Ejecutivo genera diversos riesgos al país. Por tanto, exigió respeto al marco legal vigente.

El lunes, La Nación reveló que Braulio Venegas Dijeres, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) fue el contacto entre Racsa y el socio para la compra de escáneres en un proceso declarado confidencial.

Venegas debió renunciar al Incop por su relación con un sospechoso de narcotráfico y lavado del Caso Corona.

El gerente de la Contraloría recordó que, desde el 13 de junio, esta institución advirtió a las entidades involucradas de que, mediante decreto ejecutivo, no se podía asignar a dedo el servicio de inspección.

“Por lo tanto, como corresponde, debía respetarse la Ley General de Contratación Pública y los principios constitucionales de contratación”, apuntó.

A pesar de estas advertencias, añadió Picado, se identificaron conductas contrarias, representando un riesgo para el buen uso de los recursos públicos.

Agregó que las instituciones contaban con tiempo suficiente para recurrir a los procedimientos de contratación correctos, pero escogieron una vía equivocada.

“De ahí que rechazamos de forma categórica cualquier insinuación mal intencionada y espuria respecto a las intenciones de la Contraloría, que lo que pretende es el respeto al marco jurídico vigente”, dijo.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, lamentó el miércoles la decisión de la Contraloría y afirmó que esta genera una afectación, ya que impide disponer de un “dispositivo esencial para evitar que la droga se envíe de Costa Rica a terceros países”.

Picado recalcó que el intento por escoger a Racsa, mediante una contratación entre entes de derecho público, no es aceptable porque, en esos casos, la institución proveedora debe proporcionar el servicio por sí mismo, lo cual es jurídicamente incompatible con la figura de la alianza estratégica que tenía Racsa con otras empresas.

“Las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación nunca pueden ser utilizados como un mecanismo para la contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública. Lo anterior hace, por tanto, que se comentan yerros graves en el procedimiento cuestionado. Por ejemplo, la ausencia de un estudio de mercado que garantice el mejor uso de los fondos públicos”, señaló.

Radiográfica se había asociado al consorcio Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.

13 julio 2022. Escáner en Moín para drogas. Foto suministrada por prensa MAG
La Contraloría sostiene que las instituciones tuvieron suficiente tiempo para contratar escáneres por la vía correcta, pero escogieron otro método. Foto: Archivo
Josué Bravo

Josué Bravo

Periodista en la sección Política de La Nación hasta noviembre del 2024. Con 16 años de experiencia como corresponsal del Diario La Prensa de Nicaragua en temas políticos, diplomáticos, judiciales y migratorios.

LE RECOMENDAMOS

Fiscalía decomisa teléfonos a cuatro altos funcionarios públicos

La acción judicial se enmarca en una investigación derivada del Caso Madre Patria.
Fiscalía decomisa teléfonos a cuatro altos funcionarios públicos

Sala IV desmiente a Rodrigo Chaves

La Sala Constitucional desmintió este miércoles declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien aseguró que los magistrados ordenaron dejar en libertad condicional a Jeison Olivery Alfaro Bustamante, alias Press.
Sala IV desmiente a Rodrigo Chaves

Joven universitario tico fallece en accidente de tránsito en Estados Unidos

El estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), se encontraba en Estados Unidos desde mediados de diciembre en un intercambio que debía durar ocho meses.
Joven universitario tico fallece en accidente de tránsito en Estados Unidos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.