La pandemia del nuevo coronavirus también contagia al proyecto de ley llamado “Pagar”, el cual permitiría al Gobierno usar superávits de 11 instituciones por ¢227.000 millones para amortizar el pago de la deuda pública.

Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que la caída en los ingresos de algunas entidades, a causa de la crisis económica generada por el virus, podría obligarlas a usar sus superávits para financiarse durante los próximos meses.

Un ejemplo es la Junta de Protección Social (JPS). Inicialmente, estaba de acuerdo con ceder ¢34.000 millones para el pago de la deuda, pero sus ingresos cayeron por la suspensión de los sorteos de chances y lotería, lo que a su vez motivó a la JPS a subsidiar a 1.800 vendedores por tres meses con ¢200.000 mensuales a cada uno.

Otro caso es el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), cuyos ingresos cayeron casi hasta cero debido al cese de la actividad turística y el cierre de fronteras desde el 19 de marzo hasta el 30 de abril, dice la Contraloría.

El ICT se financia, principalmente, con un impuesto a los pasajes aéreos y del alquiler del Centro Nacional de Congresos y Convenciones. Ya la ministra de Turismo, María Amalia Revelo, adelantó: “la institución perderá en el mejor de los casos el 50% de sus ingresos (¢24.000 millones)”.

De esa institución, el Poder Ejecutivo planeaba tomar ¢25.800 millones de superávit.

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También es incierto el financiamiento del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), de donde se sacarían ¢17.000 millones, pues la entidad se financia con impuestos a las bebidas carbonatadas y alcohólicas.

“Esta iniciativa se presentó a inicios del mes de febrero (el día 10), en una situación muy diferente a la que está pasando el país, y que repercutirá sin duda, al menos, en el resto del ejercicio 2020″, señaló la CGR.

“Es de presumir que algunas de las entidades incorporadas en el proyecto, y otras del sector público, podrán sufrir un impacto relevante por la disminución de sus ingresos, por lo que los recursos del superávit podrían ser eventualmente necesarios para su operación”, enfatiza el informe.

Este documento lo firman Julissa Sáenz, gerente de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera, y Edwin Zúñiga, asistente técnico.

La Contraloría hace otra advertencia: hay problemas con el superávit de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

El plan “Pagar” prevé usar ¢9.500 millones de la liquidación de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco), la cual no se ha concretado.

Esa sociedad, constituida en 2009 entre Costa Rica y China para construir una refinadora en Limón, terminó en un fiasco. Costa Rica perdió $32 millones de los $50 millones invertidos y recuperará solo $18 millones.

La CGR hizo sus observaciones al Congreso en el oficio DFOE-SAF-0166, del 3 de abril, en el cual da su criterio sobre el proyecto “Pagar”. Al menos ¢90.000 millones están por caerse, es decir, el 40% de los fondos previstos.

El plan consiste en reunir el equivalente a un 0,62% del producto interno bruto (PIB) para reducir la deuda pública, la cual iba a subir antes de la pandemia de un 58,5% en el 2019 a un 66% del PIB en el 2020, según la calificadora de riesgo Moody’s.

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ICT y JPS afirman necesitar los recursos

Esmeralda Britton, presidenta ejecutiva de la JPS, admitió que “es una posibilidad” que la institución necesite su reserva de liquidez para financiarse durante la pandemia.

La Junta pide conservar ¢15.000 millones de los ¢34.000 millones que le solicitó el gobierno, para atender los proyectos más urgentes de este año, aunque, según Britton, aun así podrían tener dificultades.

“Evidentemente, esto estará ligado a la reactivación económica del país y a la posibilidad de que la JPS pueda recuperar su nivel de ventas, por lo que esto podría representar una mayor presión de uso de los recursos en reserva", aseveró la jerarca.

La Junta requiere de fondos para subsidiar, temporalmente, a 1.800 vendedores de lotería afectados por la suspensión de los sorteos, así como para financiar unos 500 programas sociales.

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“En el caso de la JPS, se presupuestan ¢38.000 millones en 2020 para instituciones de bien social, transferencia que podría verse afectada también por la menor recaudación de ingresos”, señala la CGR.

Mientras, entre los empresarios del sector turístico, la expectativa es que el superávit del ICT se utilice para apoyar a los negocios afectados.

“Se requieren esos recursos urgentemente con la finalidad de sostener la institución y preparar las campañas de promoción para lanzarlas en el mediano plazo, con el fin de que los turistas regresen una vez que el mundo logre vencer la pandemia”, aseguró Dennis Whitelaw, presidente del Bureau de Convenciones, organización que busca proyectar a Costa Rica como destino del turismo de negocios.

María Amalia Revelo, presidenta ejecutiva del ICT, afirmó que conservar el dinero es indispensable para el Instituto. “Necesitamos ese presupuesto para poder reactivar el turismo en el momento en que se abran las fronteras”, aseveró.

De acuerdo con Revelo, el dinero se usaría en promoción del país, capacitación de pequeñas y medianas empresas, apoyo a cámaras de turismo regionales y coordinación con líneas aéreas y agentes de viajes internacionales.

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En condiciones de ceder

La Contraloría aclara que sí hay instituciones en condiciones de ceder sus superávits para la reducción del nivel de deuda pública.

Según el órgano contralor, es el caso de la Imprenta Nacional, (¢18.600 millones), el Fondo del Consejo de Salud Ocupacional (¢18.000 millones) y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop, ¢536 millones)

En los casos de los superávits de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel, ¢5.600 millones) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel, ¢40.000 millones), la Contraloría recomendó a los diputados ponderar el riesgo de eventuales incumplimientos con compromisos ya adquiridos.

Aportes del proyecto Pagar en riesgo por crisis del coronavirus, según CGR:

-Instituto Costarricense de Turismo (ICT): ¢25.800 millones

-Junta de Protección Social (JPS): ¢34.000 millones

-Instituto de Desarrollo Rural (Inder):: ¢17.000 millones

Aporte que depende de una liquidación aún no concretada:

-Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope): ¢9.500 millones, que deberá trasladar al Ministerio de Hacienda de la liquidación total de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense (Soresco).

Resto de aportes previstos en proyecto Pagar

-Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): ¢33.000 millones

-Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop): ¢536 millones

-Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel): ¢5.600 millones

-Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel): ¢40.000 millones

-Junta Administrativa del Registro Nacional:¢24.000 millones

-Imprenta Nacional:¢18.600 millones

-Fondo del Consejo de Salud Ocupacional ¢18.000 millones