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Los magistrados de la Corte Plena declararon que dos proyectos de ley para recortar las pensiones de lujo afectarían el funcionamiento del Poder Judicial, lo que obligará a los diputados a reunir 38 votos para aprobar cada una de las iniciativas.
Este lunes 11 de noviembre, en su sesión semanal, la cúpula de la Corte se pronunció sobre los expedientes 21.035 y 21.537.
El primero es de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional; y el segundo de Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La finalidad de ambos proyectos es cobrar contribución solidaria a una mayor cantidad de jubilaciones de lujo. Los aportes solidarios son deducciones a las pensiones muy altas, en solidaridad con el resto de la sociedad.
La mayoría de magistrados de la Corte Plena consideró que las dos propuestas de ley “afectarían la organización y el funcionamiento del Poder Judicial”.
El artículo 167 de la Constitución Política establece que cuando el Poder Judicial hace una declaratoria de ese tipo, el Congreso requerirá del voto de las dos terceras partes (38) para aprobar un proyecto.
En la votación de este lunes, los magistrados consideraron que los ajustes propuestos por los diputados Rodríguez y Muñoz son “confiscatorios, desproporcionados e irracionales” para el caso de las pensiones del Poder Judicial, las cuales serían tocadas por ambas reformas junto a las jubilaciones de Gobierno y del Magisterio.
Los altos jueces se pronunciaron sobre dos informes que redactaron dos magistrados de la Sala Segunda.
El primero, acerca del proyecto de ley de la restauracionista Xiomara Rodríguez, lo presentó la magistrada Roxana Chacón. El segundo, el magistrado Orlando Aguirre.
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La iniciativa de Rodríguez propone cobrar contribución solidaria a las pensiones mayores de ¢2,6 millones en el Poder Judicial, puesto que hoy solo se cobran a las jubilaciones superiores a ¢4,4 millones. En la Corte, hay pensiones hasta de ¢10 millones mensuales. En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) la máxima es ¢1,6 millones sin postergación del retiro.
“Yo llego a concluir del análisis que he realizado que, efectivamente, sí afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial”, expresó Roxana Chacón.
Los altos jueces argumentaron que los jubilados y los servidores activos de la Corte ya contribuyen por sus pensiones. Según Chacón, hacen un 13% de aporte al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Además, dijo la magistrada, a los pensionados de la Corte se les impuso una contribución solidaria especial que oscila entre un 35% y un 55% desde el 2016. Sin embargo, ese es precisamente el aporte que se cobra solo a las jubilaciones superiores a ¢4,4 millones. La idea de la reforma es hacerlo desde los ¢2,6 millones.
Según se expuso este lunes en la Corte Plena, este plan grava 684 pensiones que están sobre los ¢2,6 millones y que hoy no pagan contribución solidaria.
Con este proyecto, dijo Chacón, los diputados deben asegurarse de que todas las deducciones que se hagan a las pensiones no superen el 55% de su monto bruto, como lo establece el artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Asimismo, agregó la magistrada, el informe sobre el expediente 21.035 “echa de menos que en el nuevo texto del proyecto no se cuente con los estudios técnicos que determinarían las proyecciones económicas a recaudar con esta nueva carga impositiva”.
Así votaron los 21 magistrados presentes sobre la propuesta 21.035:
-9 votos en el sentido de que el proyecto de ley afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial
Ellos son: Jorge Olaso Álvarez, Jesús Ramírez Quirós, Jaime Robleto Guitiérrez, Julia Varela Araya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Orlando Aguirre Gómez, Roxana Chacón Artavia, Sandra Eugenia Zúñiga Morales y William Molinari Vílchez.
-3 votos consideraron que no lo afecta. Se trata de: Carlos Chaverri Negrini, Jazmín Aragón Cambronero e Iris Rocío Rojas Morales.
-9 magistrados se abstuvieron. Alicia Salas Torres, Fernando Castillo Víquez, Fernando Cruz Castro, Jorge Araya García, Luis Fernando Salazar Alvarado, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Paul Rueda Leal (todos de la Sala Constitucional), Patricia Solano Castro y Jorge Enrique Desanti Henderson (ambos de la Sala Tercera).
Con respecto a la iniciativa de Pedro Muñoz, el magistrado Orlando Aguirre expresó que colocaría a los jubilados del Poder Judicial en “condición de sacrificio” frente a los demás pensionados de otros regímenes.
El proyecto de ley de Muñoz sugiere cobrar entre un 10% y un 80% de contribución solidaria a las pensiones mayores a ¢1,6 millones.
Según el magistrado Aguirre, el no solo afecta el proyecto de vida de los jubilados, sino el de los actuales funcionarios porque no van a querer pensionarse tan rápido y ello afectará el refrescamiento del Poder Judicial.
“Se desestimularían las jubilaciones y la gente seguiría trabajando, lo cual limitaría la sana renovación del sistema”, argumentó Aguirre.
Sobre ese mismo punto, Roxana Chacón agregó que “estas iniciativas y otras que hay en la Asamblea Legislativa… desestimulan y ponen en riesgos el régimen del Poder Judicial”.
Aguirre reforzó su posición asegurando que, de aprobarse estas iniciativas de ley, lejos de resolverse el problema, se empobrecerían los jubilados.
Así votaron los 21 magistrados presentes sobre la propuesta 21.537:
-9 votos en el sentido de que el proyecto de ley afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Ellos son: Jorge Olaso Álvarez, Jesús Ramírez Quirós, Jaime Robleto Guiérrez, Julia Varela Araya, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Orlando Aguirre Gómez, Roxana Chacón Artavia, Sandra Eugenia Zúñiga Morales y William Molinari Vílchez.
-3 dijeron que no lo afecta. Se trata de: Carlos Chaverri Negrini, Jazmín Aragón Cambronero e Iris Rocío Rojas Morales.
-9 magistrados se abstuvieron: Alicia Salas Torres, Fernando Castillo Víquez, Fernando Cruz Castro, Jorge Araya García, Luis Fernando Salazar Alvarado, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Paul Rueda Leal (todos de la Sala Constitucional), Patricia Solano Castro y Jorge Enrique Desanti Henderson (ambos de la Sala Tercera).
'Los problemas económicos son ajenos a esta Corte’
Dos magistrados que consideran que los proyectos de ley afectarían el funcionamiento de la Corte son Julia Varela y Jaime Robleto, de Sala II y Sala III.
Ambos se pronunciaron posterior a la ponencia de Orlando Aguirre sobre la iniciativa del diputado Muñoz.
Varela es consciente de que es necesario “hacer arreglos” en los montos de las pensiones del Poder Judicial, pero califica la reforma de “desproporcionada e irracional”.
“Con la creatividad del legislador en este tema, se nota que están perdiendo de vista que la persona que recibe equis salario o equis pensión, tiene una serie de obligaciones fijas, y eso no se está tomando en cuenta”, opinó la magistrada.
Esas obligaciones, dijo la jueza, son las cargas sociales, el impuesto sobre la renta y las cotizaciones para los regímenes de pensiones.
Según la magistrada, recortar las pensiones supone un golpe a la reactivación económica. “Entre menos recibimos, menos aportamos al comercio”, dijo.
“Están dando unos pasos que están siendo negativos para el comercio. Ya nadie se atreve a poner un negocio. Estoy segura de que todas y todos nosotros ahora nos medimos. Si antes nos dábamos un gustito, ahora solo vamos por lo necesario”, aseveró.
Jaime Robleto fue categórico al expresar que no es recortando las pensiones de lujo como se resolverá la desigualdad social.
“Los problemas económicos son ajenos a esta Corte y están tratando de solucionarse, de alguna manera, con medidas populistas.
“La desigualdad social ha existido siempre y continuará cuando nosotros hayamos muerto. No se soluciona violando principios fundamentales del Derecho”, afirmó en referencia al recorte a las pensiones de la Corte.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, aseguró que las votaciones de este lunes sobre recorte a pensiones de lujo son acuerdos en firme, dada la premura de enviarlos a la Asamblea Legislativa.
Desde el 15 de octubre, día en que el Congreso pidió la opinión de la Corte sobre el expediente 21.035, esta entidad tenía 10 días hábiles para contestar, o sea, hasta el lunes 28 de octubre.
Sin embargo, el Poder Judicial no se pronunció en esa fecha, pues solicitó una prórroga de 15 días a la Asamblea.
Con la extensión del tiempo, este lunes se cumplía el plazo de la Corte para pronunciarse sobre ese expediente.
