Con el voto unánime de 20 magistrados, la Corte Suprema de Justicia aprobó, este miércoles, una propuesta del presidente de ese órgano, Fernando Cruz, para presentar una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala IV sobre el proyecto de Ley de Marco de Empleo Público.

El planteamiento de Cruz es ejercer, por primera vez en la historia, el derecho que establece el inciso c del artículo 96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional para que la Corte Plena haga una consulta sobre presuntos riesgos detectados en una iniciativa legal.

Según explicó Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, la intención de la consulta es cuestionar diferentes artículos del plan que generarían una relación vertical entre el Ministerio de Planificación, como ente rector del empleo público, y la Dirección de Gestión Humana de ese poder.

Además, se cuestionarán supuestas violaciones a la independencia judicial, por cuanto los magistrados alegan que la reforma dejaría en manos de Planificación la definición de las directrices para contratar a los jueces y a los agentes de la policía judicial, por ejemplo.

También alegarán que el proyecto le quitaría a la Corte Suprema las competencias de gobierno que tiene sobre la institución.

Campos agregó que la reforma irrespeta a la Corte, a diferencia de otros actores contemplados en el proyecto a los que sí les permitiría coordinar y cooperar, junto con Planificación, para la definición de la normativa sobre el empleo público.

El director jurídico alegó que la iniciativa, específicamente, sí permitiría que se haga esa coordinación entre ese ministerio y las municipalidades, o bien con las universidades públicas.

“Se le da trato diferenciado a otros entes, donde sí se obliga a coordinar, pero no le reconoce esa competencia a la Corte”, alegó el funcionario.

La consulta facultativa se aprobó durante una sesión virtual de la Corte Plena, con solamente tres magistrados presentes en el salón y el resto conectados de forma remota.

Votaron a favor, aparte de Cruz, Luis Guillermo Rivas, Damaris Vargas, Jorge López, Jéssica Jiménez y Carlos Chaverri, de la Sala Primera; Orlando Aguirre, Julia Varela, Luis Porfirio Sánchez y Jorge Olaso, de la Segunda.

También Patricia Solano, Jesús Ramírez, Álvaro Burgos, Gerardo Alfaro y Sandra Zúñiga, de la Sala de Casación Penal, y los suplentes de la Constitucional Alejandro Delgado, Hubert Fernández, José Paulino Hernández, Mauricio Chacón y Lucila Monge.

Antes de la votación, Julia Varela, titular de la Sala Segunda, aseguró que nunca se ha presentado una mayor amenaza para el Estado de derecho, como la reforma al empleo público, que se aprobó en el plenario legislativo con 32 votos a favor, hace dos semanas.

Hasta el momento, el proyecto tiene presentadas tres consultas de constitucionalidad de los diputados. El expediente se encuentra en la sede de la Sala IV, ubicada en Calle Morenos, desde el viernes anterior.

En la resolución 2018-19511 de noviembre del 2018, el alto tribunal había respondido que no se podían recibir consultas de constitucionalidad sobre un proyecto después de que se hubiera recibido ya el expediente de marras.

Consultada al respecto, la oficina de prensa de la Sala indicó que “el tribunal, una vez entre a conocer los expedientes relacionados con las consultas de constitucionalidad del proyecto de empleo público, determinará si estas son jurídicamente procedentes”.

Aprobado en primer debate el 17 de junio, con el voto afirmativo de 32 legisladores, el plan sobre empleo público crea ocho familias salariales e introduce el concepto de salario global para cada una de esas familias.

Según los cálculos del Mideplán, la reforma le ahorraría al Estado hasta un 1,8% del producto interno bruto (PIB) por año.

Además, hace efectiva la norma que le da la rectoría sobre la materia al Mideplán.

Fernando Cruz: ‘Permitiría concentrar el poder’

Según arguyó el presidente de la Corte, promotor de la consulta facultativa, la reforma al empleo público deja “una estructura para que alguien que tenga aviesas intenciones de desdibujar las diferencias entre poderes pueda concentrar el poder y anule la independencia judicial”.

Cruz alegó que la iniciativa, “por motivos fiscalistas, es una reforma del Estado” y que se tramitó en el Congreso “con mucha celeridad y mucha polémica”.

No obstante, en realidad los diputados se tardaron dos años y dos meses en tramitar ese expediente, que llegó a Cuesta de Moras de la mano del Gobierno en abril del 2019.

“Tocó salarios, el tema sindical, las convenciones colectivas, las universidades y su autonomía”, comentó Cruz, para justificar que se trata de una reforma del Estado.

El magistrado presidente agregó que la Ley Marco de Empleo Público puede servir, en el futuro, “como un caballo de Troya para desdibujar un Estado que requiere balances constitucionales y democráticos”.

Según Cruz, tampoco encuentra él las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que justifiquen las normas incluidas en el proyecto.

Julia Varela afirmó concordar totalmente con el jerarca judicial y dijo temer que las potestades de rectoría que se le dan al Mideplán coloquen “al país, cada cuatro años, en la incerteza o inseguridad jurídica.

“El legislador ordinario va más allá, con este proyecto de lo que debería llegar. Esta consulta que vamos a hacer es el mínimo esfuerzo, es de rigor que se realice”, alegó.

En el caso de Lucila Monge Pizarro, suplente de la Sala Constitucional, argumentó que la Corte Suprema es la primera llamada a abogar por la independencia de los poderes.

“No se trata de defender privilegios, porque somos pasajeros, sino de evitar el deterioro de la independencia judicial. Yo estoy a favor de que la consulta se formule”, apuntó Monge.

Hubert Fernández, también suplente en la Sala IV, dijo igualmente que considera necesaria e imperativa la consulta sobre el proyecto.

Recordó que, ante una consulta de los diputados, la Corte Plena avaló un informe del titular Jorge Olaso que respondió que la reforma afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial.

Lo anterior implica que, si la Asamblea Legislativa quiere aprobar el proyecto, tiene que hacerlo con 38 votos, o sea, mayoría calificada del plenario, tal como lo exige la Constitución Política.

“Nadie duda de la necesidad de ordenar el empleo público, no es ocioso ni irrelevante, porque hay muchas disparidades y hay que corregirlas”, reconoció Fernández.

No obstante, agregó que el Poder Judicial está a las puertas de “quedar a expensas de lo que un ministerio del Poder Ejecutivo establezca”.

Apuntó que, entre los aspectos más preocupantes del proyecto, está que se deban ajustar los mecanismos para nombrar jueces a lo que el Mideplán defina.

“Con este proyecto, este poder dejaría de ser el Poder Judicial y pasaría a ser Planificación Judicial”, agregó Fernando Cruz.