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El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) tiene vía libre para desinscribir los automóviles que hayan sido decomisados y que se encuentren sin reclamar en los patios destinados para mantener ahí dichos vehículos.
Así lo estableció la Procuraduría General de la República (PGR) en el dictamen 096, del 9 de mayo del 2023, en respuesta a una consulta realizada por Cindy Coto Calvo, directora ejecutiva del Cosevi.
En consulta hecha por la jerarca, se preguntó si era obligatorio cancelar los derechos de circulación y el seguro obligatorio pendientes de pago de los vehículos susceptibles de disposición final, antes de solicitar su desinscripción ante el Registro Nacional de la Propiedad.
Esta consulta se realizó porque, pese a la existencia de un plan del Cosevi para destuir 55.000 vehículos, este se encontraba detenido por un criterio del Registro Nacional de la Propiedad que impedía desinscribirlos.
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Ese criterio del Registro Público decía que, como sale la anotación de que se debe el derecho de circulación, no se podían destruir sin desinscribirlos previamente.
En la respuesta firmada por el procurador Alonso Arnesto Moya, se determinó que ni la desinscripción registral, ni la facultad de disponer los vehículos sin reclamar está condicionada al pago de los derechos de circulación pendientes al momento de la detención del automotor.
Es más, la PGR enfatizó que se mantiene válida la conclusión del dictamen C-001-2010 en cuanto a que la desinscripción registral no está sujeta al pago de las obligaciones por concepto de multas, gravámenes o anotaciones de impuestos, el seguro obligatorio de vehículos y los demás derechos que pesan sobre los vehículos automotores.
Ello es así, dijo la Procuraduría, independientemente de que el vehículo en cuestión sea apto o no para circular.
Según las leyes 9078 y 9913, el Cosevi puede disponer de los vehículos decomisados bien sea para chatarra, para donación o para remate.
El dictamen de la PGR básicamente determinó que el espíritu de la reforma que autoriza al Cosevi a desechar los vehículos decomisados no tiene la intención de hacer más gravosa la situación de las arcas del Estado, por asumir gastos adicionales que no le corresponden.
Según la Procuraduría, ya es enorme el costo que genera la acumulación de los vehículos abandonados en los planteles y terrenos públicos.
Para marzo de este año, el director de Tránsito, Alexánder Solano, dijo a La Nación que la saturación en los planteles les impide, incluso, sacar de las calles otros vehículos que estén infringiendo la ley.
Ya en ese momento, se informó que había 58.000 vehículos en ocho planteles del Cosevi y cuatro de la Policía de Tránsito, un 150% de la capacidad de almacenamiento.
Solo en la Gran Área Metropolitana (GAM) había 33.000 vehículos en los depósitos, de los cuales, según datos a diciembre, 29.000 son motocicletas. La responsabilidad de retirar los vehículos es de la Policía de Tránsito y la de guardarlos es del Cosevi.
La ley 9913 fue aprobada en noviembre del 2020, precisamente con el fin de crear un marco legal para permitirle al Estado la disposición de los vehículos decomisados que, para ese momento, eran 40.000, tanto automóviles como motocicletas, custodiados en los planteles del Cosevi.
Para entonces, las autoridades aseguraban que se gastaba ¢1.091 millones al año por el mantenimiento de los planteles donde se depositan esos vehículos no reclamados.
