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El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, descalificó la acusación que enfrenta el país ante la Corte IDH, por la supuesta violación de derechos a 5 exdirectivos del Banco Anglo y 5 condenados por narcotráfico y siete por delitos sexuales.
Se trata de 17 casos diferentes agrupados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante el expediente 12.820, que fueron trasladados a la Corte IDH, en abril del 2015.
“Le estamos diciendo a la Corte que por favor se fije en una serie de errores que consideramos cometió la Comisión Interamericana antes de entrarle al fondo del asunto”, dijo Arroyo.
Al consultársele cuáles errores, el magistrado contestó: “Básicamente estamos cuestionando la premisa de prácticamente todos los casos”.
La Comisión elevó la queja de estas 17 personas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), al señalar que el Estado no les permitió acceder a lo que se denomina “segunda instancia”, la cual es la posibilidad que tienen los condenados de que un tribunal superior revise su sentencia.
La acusación señala que el Estado incumplió el artículo 8.2 h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la revisión de las sentencias.
La CIDH consideró que “el Estado vulneró el derecho a las garantías judiciales en el marco de los procesos penales en su contra, el derecho a la libertad personal por la duración no razonable de la detención preventiva y el derecho a la integridad personal por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario donde estuvieron recluidas”.
Poco clara. El magistrado conversó con este diario sobre la defensa que presentó el país ante la Corte, en febrero.
“Nosotros le exigimos a las partes que dijeran qué de la casación se alega que no se resolvió, o qué derecho en particular se le violentó, y no contestan, simplemente se limitan a contestar con la generalidad, eso es una falacia en sentido lógico”, dijo Arroyo.
A criterio de Arroyo, el Estado dio las garantías necesarias para que los condenados se defendieran “en prácticamente todos los casos”, y rechazó que la falta de un tribunal especial vulnerara el derecho de los condenados a la revisión de la sentencia.
“Al no haber un, así llamado, recurso de apelación, el que los casos hayan sido resueltos históricamente por un recurso de casación, ese hecho por sí mismo, no significa que la gente no haya tenido derecho al recurso. Esto unido a que la Comisión no especifica el agravio de cada caso, que supuestamente (cada víctima) ha sufrido.
” Nosotros le pedimos a la Corte que valore caso por caso, que es el trabajo que nosotros hicimos, en un informe de 900 páginas, y que no hizo la Comisión.
“No se trata de hacer alegaciones generales, sino de decir que hubo una afectación específica”, comentó Arroyo.
Caso Herrera y casación. Este es el cuarto proceso por supuestas violaciones a los derechos humanos que afronta el país ante la Corte, en los últimos 15 años.
El primero concluyó con la sentencia “Herrera Ulloa contra el Estado” en el 2001 y reformada parcialmente en 2004.
Los otros dos asuntos se relacionan con la fecundación in vitro ( FIV), pero precisamente, el caso de Herrera, en el que se sancionó al Estado costarricense por no permitir la revisión de las sentencias, es la base del alegato de los demandantes en el proceso que afronta actualmente el país.
En la presentación del caso, la CIDH recordó el caso de Herrera, donde la Corte Interamericana ya se pronunció sobre el recurso de casación “en la época en que la mayoría de las presuntas víctimas del presente caso recibieron sus sentencias condenatorias”.
Arroyo considera que no hay espacio para ligar los procesos de Herrera con la petición de la CIDH, pues las condiciones no eran las mismas.
