Costa Rica se sumó a una amplia mayoría de países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, condenó “enérgicamente” el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales y la represión en contra de sacerdotes de la Iglesia católica en Nicaragua.
El gobierno de Rodrigo Chaves se sumó este viernes a la condena continental, un día después de que el propio mandatario votó a favor del candidato de Daniel Ortega para ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
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La resolución en la OEA, aprobada con 27 votos a favor, uno en contra, cuatro abstenciones y dos ausencias, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, condenó el hostigamiento y las restricciones arbitrarias contra las voces críticas del régimen de Ortega.
Del mismo modo, la declaración demanda que el gobierno de Nicaragua “libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega, ha anulado la personería jurídica de 1.268 organizaciones no gubernamentales desde la crisis de abril del 2018. En tanto, desde hace una semana, el obispo Rolando Álvarez, crítico del gobierno, se mantiene retenido por la policía en la curia de Matagalpa, norte del país, luego de ser acusado de incitar al odio.
En la misma resolución de este viernes, el Consejo Permanente insta a trabajar con el Gobierno de Ortega para que se adhiera a las cartas de la OEA y restablezca la institucionalidad democrática en Nicaragua, así como el respeto a los derechos humanos.
Durante el debate, la embajadora de Costa Rica, Samy Araya Rojas, reiteró la preocupación por “el deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua”.
Indicó al mismo tiempo que “no podemos permanecer indiferentes o ignorar las condiciones que enfrentan los nicaragüenses día a día”.
Araya hizo un “vehemente llamado para la liberación inmediata de todos los presos políticos, así como al cese de la persecución y la intimidación de la prensa independiente y se garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
También exhortó a Nicaragua “a llamar a un diálogo nacional oportuno, abierto, incluyente y eficaz que responda a las necesidades inmediatas del pueblo nicaragüense y garantizar así el pleno respeto y protección de los derechos humanos, el respeto a la institucionalidad y la consolidación de la democracia representativa”.