Los diputados aprobaron, en primer debate, un proyecto de ley que disminuye el monto mínimo que un rentista o pensionado extranjero debe invertir para obtener una residencia diez años en Costa Rica.

La suma bajará de $200.000 (¢122 millones) a $150.000 (¢92 millones).

La iniciativa de ley recibió el aval de los legisladores este martes 8 de junio, con 35 votos a favor y 10 en contra.

A favor, el proyecto obtuvo 14 votos del Partido Liberación Nacional (PLN), cinco del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tres del Partido Acción Ciudadana (PAC), cinco del Partido Restauración Nacional (PRN), cuatro del bloque fabricista Nueva República, uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y tres de los diputados independientes.

En contra, se pronunciaron seis legisladores del PAC, dos del Partido Integración Nacional (PIN), uno del PUSC y uno del Frente Amplio.

La iniciativa legal dice que, para optar por una residencia temporal como inversionista, el extranjero deberá demostrar a Migración una inversión mínima de $150.000 en bienes inmuebles, bienes inscribibles, acciones, valores y proyectos productivos o proyectos de interés nacional.

La propuesta, tramitada con el número de expediente 22.156, es de la liberacionista Silvia Hernández, la socialcristiana María Inés Solís y la restauracionista Mileidy Alvarado.

Las proponentes consideran que se trata de una iniciativa de reactivación económica, pues la llegada al país de esas personas aumentaría el consumo de los sitios donde se asienten, así como la prestación de servicios médicos privados, y generaría empleos.

Algunos cambios

El texto aprobado este 8 de junio pasó por algunos ajustes en comparación con el que fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios el 17 de noviembre de 2020.

Por ejemplo, el nuevo texto especifica que, además, se podrán considerar “inversionistas beneficiarios” a “quienes inviertan en fondos de capital de riesgo o en proyectos de infraestructura turística sostenible”.

También, se amplía a 10 años la permanencia en el país de quienes ingresen en calidad de inversionistas, pensionados o rentistas.

La Ley de Migración y Extranjería ya permite la entrada y permanencia temporal de esas personas por un tiempo que oscila entre tres meses y dos años, el cual es prorrogable.

En un inicio, el expediente 22.156 proponía ampliar en ese plazo a cinco años, pero el texto aprobado extendió el beneficio a 10 años.

“Los inversionistas, rentistas o pensionados beneficiarios que optaron por dichos beneficios durante los primeros cinco años de vigencia de la ley, los mantendrán por un plazo de 10 años a partir de la fecha en que les fueron otorgados”, dicta el plan.

Otra de las variantes fue que, en un principio, los inversionistas, pensionados o rentistas podrían importar un vehículo para uso personal o familiar, libre de impuestos de importación y arancelarios, de ventas y estabilización económica, el cual podría ser vendido o traspasado a terceras personas, también exonerado.

El beneficio se amplió a dos vehículos, para uso personal o familiar, con la aclaración de que estos pueden ser de transporte terrestre, aéreo o marítimo.

Dichos automotores quedan libres de “todos los impuestos de importación, arancelarios y de valor agregado”, afirma el proyecto de ley.

Otra de las novedades del texto es que incluye un artículo especificando que las personas extranjeras clasificadas como inversionistas, residentes pensionados o residentes rentistas que inviertan en Costa Rica no serán consideradas automáticamente como residentes fiscales.

La residencia fiscal permite a los países cobrar a sus residentes fiscales rentas obtenidas en cualquier sitio del mundo, o bien, rentas obtenidas en el país por los no residentes, pero nunca los autoriza a tasar a los no residentes sobre las rentas obtenidas fuera del país.

Dos de los congresistas que se pronunciaron en contra —Paola Vega, del PAC, y el único legislador del Frente Amplio, José María Villalta— dijeron que les preocupa que dicho proyecto de ley abra portillos para permitir el ingreso y el otorgamiento de residencias a extranjeros que podrían introducir capital delictivo al país.

“Antes de ponerse a discutir un proyecto de este tipo y decir la cantidad de falacias que han dicho, yo les invito primero a leer, a revisar y a entender el proyecto que se está discutiendo. El país necesita iniciativas que favorezcan la atracción real de inversión extranjera. Estamos en un momento muy complicado de la economía mundial y no podemos legislar con instrumentos que nos alejen de la competitividad en el mercado”, replicó la socialcristiana Solís.

Otros beneficios

El proyecto de ley regula, además, los siguientes beneficios:

-Exoneración, por una sola vez, de impuestos aduaneros de importación para el menaje de su casa. Este abarcaría muebles del hogar, electrodomésticos, artículos de decoración, utensilios de cocina y de baño y ropa de cama.

Si la persona traspasa esos bienes a otra, deberá pagar el impuesto exonerado y, en caso de que los pierda, podrá sustituirlos, igualmente, exentos de impuestos.

-Las sumas declaradas como ingreso bajo esta norma, por ejemplo, la pensión mensual recibida del exterior, está libre del impuesto de renta. Solo las ganancias obtenidas en el territorio nacional, producto de sus inversiones, pagarían ese tributo.

Sin embargo, en caso de que se le cancele su residencia, el extranjero deberá pagar todos los impuestos que la ley le exoneró.

Según el plan de ley, quien altere o falsifique documentos con la finalidad de obtener beneficios de esta iniciativa, deberá pagar los tributos que le fueron exonerados. También sería sancionado con una multa equivalente al 10% de los impuestos que le fueron exonerados.

Dentro de los ajustes al texto, a esa disposición se agregó un apartado que deposita en el Ministerio de Hacienda la responsabilidad de fiscalizar y sancionar a quienes incurran en ese ilícito.

El segundo debate para el texto de Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados se fijó para el jueves 10 de junio.

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