El Gobierno costarricense espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fije los límites marítimos entre Costa Rica y Nicaragua, dijo ayer el canciller, Enrique Castillo, acompañado por la presidenta, Laura Chinchilla.
Para lograrlo, el equipo jurídico que representa al país en la CIJ planeaba presentar hoy a las 8:30 a. m. (hora local) una nueva demanda contra el Estado nicaragüense.
El reclamo que gestiona el gobierno de Chinchilla se refiere a que Nicaragua ofertó bloques de mar costarricense, tanto en el Pacífico como en el Caribe, para la exploración y explotación petrolera.
A criterio del abogado de la Cancillería, Arnoldo Brenes, los bloques de mar tico ofrecidos en concesión por Nicaragua alcanzarían los 20.000 km² en el Pacífico y 15.000 km² en el mar Caribe.
La administración de Daniel Ortega circuló una página web en la que se dio a conocer el proyecto.
Para el canciller, se trata de una estrategia del país vecino para extender su territorio marítimo.
Castillo recordó que, en noviembre del 2012, la CIJ acogió la solicitud de Nicaragua de otorgarle una porción de mar que disputaba con Colombia y que, sobre la base de esa sentencia, el gobierno de Ortega señala que hay límites marítimos establecidos con Costa Rica.
Según Chinchilla, con la demanda se espera que la Corte Internacional aclare de una vez por todas la frontera entre las dos naciones en el mar que comparten.
Tarea pendiente. La mandataria detalló que, por no haber logrado en el pasado un acuerdo sobre estos límites, la tarea ahora es buscar dar claridad a este asunto con el fin de evitar abusos.
“No existen límites marítimos. Estamos siendo presas de decisiones arbitrarias del Gobierno de Nicaragua”, puntualizó Chinchilla.
Recordó que en el 2002 el país intentó, sin éxito, establecer los límites marítimos con Nicaragua. En ese entonces las conversaciones quedaron en el aire luego de que las autoridades de Managua no regresaron más a la mesa de diálogo.
Castillo detalló que el proceso en La Haya podría extenderse por unos cuatro años con un costo de alrededor $1 millón.
Para Chinchilla, el plazo de cuatro años “no es nada frente a una vida de incertidumbre”.
La presidenta recalcó que prefieren defender al país invirtiendo recursos en la Corte, antes de tener que financiar un “ejército” para velar por los intereses nacionales.
La decisión de demandar a Nicaragua se había hecho pública el 4 de febrero, pero será presentada de forma oficial hoy, cuando se sumará a otro proceso que la administración Chinchilla Miranda entabló en La Haya, también contra Nicaragua, por violación de la soberanía al invadir isla Calero.