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El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, denunció que el gobierno de Daniel Ortega tiene 143 opositores detenidos, entre los que figuran aspirantes presidenciales, empresarios y personas de organizaciones de la sociedad civil.
El señalamiento lo hizo Solano durante una comparecencia en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde expuso, este jueves, sobre el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y las acciones del país ante esa crisis.
Si bien el ministro aseguró que la situación viene desde abril del año 2018, cuando explotó la crisis política en Nicaragua, dijo que esta “se ha agudizado de manera muy seria en las últimas semanas, con una serie de detenciones de figuras de la oposición”.
Solano citó la existencia de “presiones crecientes” contra periodistas y comunicadores, cuando Nicaragua se encuentra a tres meses de elecciones nacionales.
“Al día de ayer, 4 de agosto 2021, tenemos reportes de 143 personas detenidas, de las cuales 32 son personas directamente vinculadas a partidos políticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil”, señaló.
“La liberación de los actores políticos , periodistas y de la sociedad civil es un acto importante para la garantía de la institucionalidad democrática de cara a las elecciones de noviembre”, demandó Solano en declaraciones a La Nación.
Persecución política
El régimen de Ortega no ha cesado la apertura de investigaciones y capturas de opositores, en su intento por aniquilar a la oposición y silenciar voces críticas de cara a los comicios de noviembre próximo.
La última víctima fue la exreina de belleza Berenice Quesada, precandidata a la vicepresidencia de la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Quesada quedó inhibida luego de que el Ministerio Público anunciara que será procesada por los delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, por haber instado a protestar como ocurrió en 2018.
Una ley impulsada por el Congreso dominado por diputados del régimen prohíbe postular a cargos electos a personas bajo investigación judicial.
Entre los candidatos detenidos figuran Cristiana Chamorro y su primo Juan Sebastián Chamorro, el campesino Medardo Mairena, el académico Arturo Cruz y el periodista Miguel Mora, aunque también hay líderes políticos.
La mayoría de más de un centenar restante corresponde a ciudadanos arrestados en el contexto de las protestas de abril.
Presión política para generar diálogo
El canciller le dijo a los congresistas que Costa Rica sigue considerando de trascendencia “ejercer toda la presión política necesaria, así como generar los espacios de diálogo para alcanzar soluciones” en el vecino país.
El fin de Costa Rica junto con la comunidad internacional es que se liberen los presos políticos en el menor tiempo posible, se restablezcan las libertades públicas, el desarrollo de elecciones libres y transparentes con observación internacional, dijo el jerarca.
Como presiones políticas, Solano se refiere a mantener incidencia a favor de los derechos humanos con socios estratégicos y regionales, así como en foros internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Recordó que, ante el deterioro de las condiciones en Nicaragua, la administración de Carlos Alvarado tomó la decisión definitiva, en el mes de junio, de no enviar a Managua a la embajadora designada Xinia Vargas Mora.
El diputado oficialista Welmer Ramos lamentó que en en foros multilaterales no se accionen mecanismos para impedir que, en todos los países miembros, se restrinja el ingreso de colaboradores de Ortega, o definir estándares de separación de poderes en América Latina.
El ministro Solano le recordó al legislador que en la OEA la mayor sanción es invocar la Carta Democrática Interamericana y que a nivel bilateral Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han impuesto sanciones económicas y migratorias a ciertos funcionarios nicaragüenses.
Esas medidas se han tomado con base a la legislación interna de cada país o región, de la cual carece Costa Rica, aclaró el diplomático.
“Hablar de sanciones si no tenemos una legislación interna que nos pueda permitir ese marco, difícilmente podemos llevarlo en un espacio como el SICA (Sistema de Integración Centroamericana) en lo inmediato o al de la OEA, sin antes construir la hoja de ruta de consenso para aplicar la Carta Democrática”, descargó.
En cuanto a un esfuerzo de dialogo para buscar una salida a la crisis, dijo que este debe involucrar a todos los actores de Nicaragua, incluido el gobierno de Ortega, el sector privado y la sociedad civil.
“En efecto, en la situación actual consideramos que constituye un riesgo y una medida poco efectiva no generar dichos espacios. La comunidad internacional debe mantener un diálogo que incluya a Nicaragua, sí; pero al mismo tiempo, es necesario buscar apoyo y ejercer presión internacional”, machacó.
El canciller demandó al mismo tiempo a la oposición de Nicaragua articularse para que sirva de interlocutor ante la comunidad internacional.
