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El ministro de Seguridad, Michael Soto, reveló este jueves que la Fuerza Pública había retirado la vigilancia policial de la Embajada de Venezuela, desde hace unos tres meses, por las condiciones insalubres que ofrecía la representación diplomática a los policías asignados en el lugar.
Soto precisó que la caseta tenía problemas de aguas sucias y se le había dicho a la Embajada que lo reparara y no lo hizo.
“El puesto de seguridad se había declarado insalubre, la caseta donde están los policías. Se le había dicho a la embajada que no podían estar ahí porque había un problema de aguas negras. La embajada no reparó (el problema)”, explicó Soto.
Por eso, hace tres meses, la Fuerza Pública tomó la decisión de retirar la presencia policial y optó por realizar monitoreo y patrullajes constantes, dado que la estación policial queda a unos 200 metros de a sede diplomática venezolana.
El último patrullaje, añadió, se hizo una hora antes de que María Faría, embajadora designada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tomara el edificio de la embajada en Los Yoses la madrugada del miércoles.
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El ministro precisó que hay un acuerdo con las embajada según el cual, si no hay salubridad en el lugar, se tiene que retirar la vigilancia policial.
El miércoles, Norma Borges, funcionaria del gobierno de Nicolás Maduro, afirmó: “Tenemos tres meses solicitando apoyo y resguardo para la Embajada y para la residencia y no hemos recibido ningún apoyo... imagínese como se están violando nuestros derechos”.
El jerarca de Seguridad dijo desconocer si hubo gestiones de la funcionaria de Maduro de ayuda para vigilancia policial, pero insistió en que el lugar sigue insalubre.
En primera instancia y sin brindar mayores detalles, el canciller Manuel Venura indicó que la ausencia policial se debió a que la sede diplomática, que estaba a cargo de los representantes de Maduro, tenía seguridad privada la madrugada del martes.
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Faría se tomó el lugar a pesar de que el gobierno de Carlos Alvarado había dado hasta el 16 abril, fecha en que se vence el plazo de 60 días, para que los representantes de Maduro abandonaran el país.
El gobierno costarricense deploró la acción, en un comunicado emitido ayer por la cancillería. Por su parte, el presidente Carlos Alvarado, dijo esta mañana lo siguiente:
"Extendimos la mano de buena fe y tal vez nos tomaron el codo, y eso no nos parece que esté bien.
“Una representante de cualquier país tiene que atenerse a las reglas que pone Costa Rica... Dimos un plazo de 60 días... en nuestra conversación con la embajadora quedó claro eso, así como que ellos podían instalar un recinto o una embajada temporal en otro espacio y nuestro ánimo siempre fue respaldar la parte institucional, pero tener un proceso sereno. Eso fue lo que el día de ayer no ocurrió y por eso fue la reacción nuestra porque en Costa Rica hay reglas, y las reglas hay que respetarlas", dijo Alvarado.
El gobierno de Alvarado desconoció en enero el nuevo mandato de Maduro, por considerarlo fruto de un proceso electoral ilegítimo, y reconoció en ese mismo mes el gobierno del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Guaidó.
En consecuencia con esa decisión, la Cancillería reconoció a Faría como embajadora de Venezuela.
