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Entre los países miembros de la OCDE, Costa Rica está en el último lugar en cuanto a la implementación de medidas para que los ciudadanos puedan acceder a la información pública. A diferencia de otros países, aquí los habitantes desconocen las agendas de los ministros, con quiénes se reúnen y con cuáles grupos de presión interactúan. Además, no existe una ley para obligar a las instituciones a abrir sus datos.
Así se desprende del informe “Perspectivas de la OCDE sobre integridad y anticorrupción 2024″, publicado el 26 de marzo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este estudio midió los estándares de transparencia de cada país.
La peor nota en torno al cumplimiento práctico de las medidas para asegurar a la población el acceso a la información la obtuvo Costa Rica con una calificación de 31%, mientras que el promedio de los miembros de la Organización es del 62%.
Estonia, España, Canadá y Eslovenia obtuvieron las mejores puntuaciones, con casi un 81% cada uno. En América Latina, México y Chile recibieron un 65,4%.
La OCDE fustigó a Costa Rica por no publicar las agendas de los ministros ni de las sesiones de los órganos del Gobierno, además de que el Estado no difunde datos recopilados de distintas fuentes sobre el cabildeo de grupos de interés en la toma de decisiones públicas.
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Si bien desde noviembre del 2022 el país tiene una ley que obliga a las entidades públicas a publicar las actas literales y los audios y videos de las sesiones de sus juntas directivas, muchas instituciones incumplen con la publicación puntual de la información. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
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Igualmente, la OCDE cuestionó que no exista legislación en Costa Rica para establecer que los datos gubernamentales sean “abiertos por defecto”, pese a que el país reconoce constitucionalmente el derecho de todas las personas de acceder a información pública, en todas las formas disponibles.
El informe también señala que no existe un organismo supervisor responsable de manejar posibles problemas relacionados con el acceso a la información pública.
De igual forma, el informe de la OCDE muestra un rezago de Costa Rica en la existencia de regulación para garantizar el acceso a información. En este caso, la nota del país es de un 56% frente al 67% del promedio de los miembros. México obtuvo un 66,7% y Chile, un 77,8%.
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El país cuenta con una Comisión Nacional para un Estado Abierto (CNEA), órgano responsable de la política de datos abiertos y su monitoreo.
La CNEA fue creada en 2022, mediante el decreto ejecutivo 43525-MP-H-MICITT-MIDEPLAN-MJP-MC. Es presidida por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives. También la integran los ministros de Ciencia y Tecnología (Micitt); Justicia y Paz (MJP); Planificación (Mideplán) y Hacienda.
Completan el órgano tres representantes de la sociedad civil; dos delegados de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep); una persona designada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare); una persona nombrada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un portavoz del Directorio de la Asamblea Legislativa.
Ante una consulta de La Nación, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, indicó que, desde la comisión de Estado Abierto se ha trabajado “decididamente con todos los sectores en hacer un plan de acción que responda a los intereses de la gente”.
Aseguró que la propuesta fue validada por todas las instancias y se encuentra en ejecución. Al mismo tiempo, reiteró que el compromiso del gobierno contra la corrupción es absoluto.
Monserrat Ruiz: ‘Promesa de campaña incumplida’
Para la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), la evaluación de la OCDE evidencia la necesidad de que el Poder Ejecutivo avance en una agenda contra la corrupción.
“No olvidemos que esto fue una promesa de campaña del presidente Rodrigo Chaves, algo que hasta ahora parece no ser una prioridad para esta administración”, agregó.
Cuando aún era candidato a la presidencia, Chaves prometió transmitir las sesiones de Consejo de Gobierno para acabar con el secretismo en esos espacios. Sin embargo, cambió de opinión una vez que llegó al poder.
Bajo la nueva administración, también se dejaron de realizar transcripciones literales o generales de las intervenciones del mandatario y sus ministros durante las sesiones de Consejo de Gobierno. Aunque los documentos siguen compartiéndose públicamente en el sitio web de Casa Presidencial, se convirtieron en simples minutas de las reuniones del gabinete.
Por su parte, la parlamentaria Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), expresó preocupación por los resultados evidenciados de la OCDE y calificó de alarmante que el país sea tan ineficiente para garantizar el cumplimiento de su marco regulatorio.
“El hecho de que Costa Rica cumpla solo con el 56% de los criterios de regulación y apenas el 31% se cumpla en la práctica, en comparación con los estándares de la OCDE, subraya la urgencia de abordar las brechas existentes en nuestro sistema, y de hacerlo urgentemente. No podemos conformarnos con leyes y regulaciones que solo existen en el papel; debemos asegurarnos de que se implementen en la realidad”, indicó.
La legisladora calificó como inaceptable que el país no cuente con un organismo supervisor en la materia y abogó por su creación.
“Necesitamos una entidad independiente y robusta que garantice que las políticas de acceso a la información se implementen de manera justa y eficiente, y que pueda abordar cualquier disputa o inconveniente que surja en el proceso”, concluyó
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Ariel Robles: ‘Gobierno intenta atrasar acceso a información relevante’
Por su parte, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), expresó que bajo la administración Chaves Robles el tema de la transparencia y el acceso a la información pública ha sido todo un reto.
“Eso ha llevado a que personas, por ejemplo, en nuestro caso, con cargo de legisladores, tengamos que recurrir constantemente a recursos de amparo ante la Sala Constitucional para obtener es información absolutamente pública”.
“Se ha vuelto la forma en que el gobierno intenta atrasar que tengamos acceso a información relevante y parece que se vuelve un mecanismo para manejar información de forma cada vez más oculta, más privada, especialmente la información sensible”, manifestó Robles.
En febrero pasado, la Sala Constitucional ordenó a Zapote brindar al diputado frenteamplista la documentación completa sobre la contratación por $405.000, adjudicada a una empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
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En noviembre del 2023, la Sala ya había dado la razón a Robles en otro recurso de amparo en el que instruyó al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) entregar al legislador las actas de su Consejo Ejecutivo.
Otros actores, como la Unión Nacional de Oficiales de Tránsito y Afines (Unaotraa), también han ganado acciones ante los jueces constitucionales. En marzo pasado, el tribunal dio un plazo de 10 días al entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, para que respondiera una consulta de la organización gremial sobre las políticas gubernamentales en relación con la seguridad vial.
La OCDE indicó en su informe que la transparencia de la información pública es un “principio fundamental de la gobernanza democrática y un mecanismo de defensa contra la amenaza de la interferencia extranjera, ya que permite un mayor escrutinio de las influencias sobre la política y la toma de decisiones en las instituciones públicas y protege contra los efectos de la desinformación”.
Asimismo, facilita que los ciudadanos, organismos de supervisión y organización de control, puedan tener conocimiento sobre las actividades de su gobierno, lo que hace más posible detectar casos de corrupción o levantar señales de alerta de eventuales malas prácticas que se estén ejecutando.
