EscucharMediante el canciller de la República, Arnoldo André, el Gobierno de Costa Rica expresó preocupación por la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, este viernes, a manos de la Policía del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
“Nos preocupa la violación persistente a los derechos humanos en ese país, nos preocupan mucho los 180 presos políticos y sus familiares, la falta de libertad de prensa y otros aspectos que han sido resueltos por los organismos internacionales, cuyas resoluciones hemos apoyado enérgicamente, condenando las violaciones a derechos fundamentales”, afirmó André.
La madrugada de este viernes, a las 3 a. m., la Policía nicaragüense asaltó la Curia de Matagalpa y arrestó al obispo Álvarez, crítico de Ortega, junto con otros cinco sacerdotes y tres laicos que estaban en el recinto.
El canciller sostuvo que el Gobierno costarricense ha sido firme en fustigar las violaciones de derechos en el país vecino y que, ejemplo de ello, fue el voto positivo de Costa Rica, el viernes pasado 12 de agosto, a la resolución emitida en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con una “enérgica condena” sobre la situación en Nicaragua.
André recordó que la resolución se refiere al “cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y violación de la libertad de expresión”.
Un día antes, el 11 de agosto, hubo fuertes críticas internas a la decisión del Gobierno de Costa Rica de votar a favor del candidato de Daniel Ortega para la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Werner Vargas, lo que el mandatario nicaragüense celebró al decir que Centroamérica se había vuelto a unir.
La expresidenta Laura Chinchilla, por ejemplo, dijo que había sido un día de claudicación.
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En cuanto al monseñor Álvarez, él estaba retenido en su curia, rodeado por la Policía, junto a una decena de personas desde el pasado 4 de agosto.
El sitio se produjo después de que el obispo denunció el cierre de cinco emisoras católicas y reclamara al gobierno de Ortega respeto a la “libertad” religiosa.
El régimen lo acusó de intentar “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.
