El Gobierno de Costa Rica no cederá ante ninguna solicitud que ponga en riesgo la vida de las personas que solicitan refugio en el país.
Así respondió Lorena Aguilar, vicecanciller de la República, a las pretensiones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de obtener la lista de solicitantes de refugio de su país.
El miércoles, Ortega afirmó que pedirá "una lista de personas que están pidiendo asilo” en Costa Rica para señalar a los que, en su criterio, cometieron delitos en el marco de las protestas que afectan al país y deben ir a la justicia.
"Se lo vamos a decir con toda claridad y si ellos (costarricenses) los quieren dejar, allá ellos”, dijo Ortega durante un acto partidario.
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Sin embargo, la normativa interna e internacional impide que esa información sea revelada a ningún país, según la viceministra Aguilar.
Así está establecido en el artículo 8 del Reglamento de Personas Refugiadas, que se refiere al principio de confidencialidad.
"La confidencialidad es el principio rector para el registro y manejo de la información de los solicitantes de la condición de refugiado y de las personas refugiadas declaradas. Encuentra su fundamento en el derecho humano a la intimidad, reconocido en diversos instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica, esencial para garantizar una protección internacional efectiva a las personas refugiadas”.
“La falta de observancia de este principio, puede tener serias repercusiones en materia de protección y de seguridad a las personas refugiadas y solicitantes, sus familiares y personas con las que se le pueda asociar, tanto en Costa Rica como en el país de origen”, señala el citado artículo.
El país no ha recibido oficialmente ninguna solicitud oficial de Ortega en ese sentido.
Tampoco ha habido otra comunicación del Gobierno de Nicaragua referente a los miles de nicaragüenses que migran a Costa Rica en la búsqueda de refugio por la crisis política de su país.
Se estima que unas 23.000 personas están a la espera de obtener la condición de refugiado en Costa Rica.