El financiamiento de la campaña electoral del presidente de la República, Rodrigo Chaves, sumado a sus ataques en contra de medios de comunicación y periodistas hicieron retroceder a Costa Rica en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) del 2023.
Dicho estudio internacional, elaborado por la organización Americas Society/Council of the Americas, en colaboración con la compañía Control Risk, le otorgó una calificación global de 6,76 sobre 10 a Costa Rica en el último reporte. Esto representa una desmejora de 0,35 puntos (5%), en comparación con la nota del año precedente, cuando el país obtuvo un 7,11 de 10.
Este año, el país retrocedió en nueve de 14 indicadores considerados en el estudio, mejoró en tres y en otro se mantuvo igual. No obstante, el informe apuntó retrocesos en dos “indicadores fundamentales” en específico y señaló lo siguiente:
- “Tras el ciclo electoral del 2022, el país sufrió un revés del 9% en la variable que evalúa la calidad de la legislación sobre financiación de campañas electorales. En junio del 2022, el tribunal electoral anunció que una investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Chaves reveló ‘un oscuro esquema de financiamiento’, y están en curso investigaciones sobre el financiamiento de varios partidos políticos durante la campaña del 2022. En setiembre, una comisión especial del Congreso empezó a investigar la presunta financiación irregular. Chaves ha negado haber cometido delito alguno”.
- “Costa Rica sufrió un revés del 12% en la variable que evalúa la calidad de la prensa y el periodismo de investigación, y observadores han expresado su preocupación por las críticas de Chaves a los medios de comunicación independientes”.
El informe internacional también señala como una de las causas del retroceso nacional la caída en el indicador sobre “independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación”. No obstante, el reporte no aborda a profundidad este tema, solo lo menciona.
Americas Society, además, apuntó como “temas críticos para monitorear” sobre Costa Rica, en los próximos meses, el avance de las investigaciones sobre el caso Cochinilla. Al respecto señala que “los avances pueden ser lentos debido a ineficiencias en el sistema judicial”.
Asimismo, avisa que estará vigilante sobre las acciones que tomará el Gobierno para intentar salir de la lista de naciones no cooperantes en materia tributaria de la Unión Europea (UE). Recuerda que el bloque de naciones del Viejo Continente actualizará esta lista en octubre próximo.
Para elaborar este ranquin, el estudio analizó datos aportados por 11 entidades y organizaciones internacionales como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco) y Reporteros sin Fronteras.
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Esta investigación no se basa en la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción, sino que usa los datos oficiales para hacer el análisis. Se consideran un total de 14 variables.
“El índice evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala”, explica el marco metodológico.
Costa Rica: El tercer peor retroceso en América Latina durante 2023
Una de las principales advertencias es que Costa Rica figura entre las tres naciones con más retroceso en la región (-0,35 puntos) durante el último año, junto con Uruguay (-0,43) y Guatemala (-0,52).
“Se produjeron descensos tanto en los países situados en la parte alta del Índice, como Uruguay y Costa Rica, como en la parte baja como Guatemala y Venezuela, lo que indica que ningún país es inmune al estancamiento o al retroceso en la lucha contra la corrupción”, señala el informe.
A pesar del retroceso reportado este año, Costa Rica sigue ubicándose en la segunda posición a nivel regional en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, solo por detrás de Uruguay (6,99).
Se ubicó por delante de naciones como Chile (6,67), Perú (5,53), República Dominicana (5,42) y Panamá (5,39).
Las naciones peor evaluadas este año fueron México (3,87), Guatemala (2,86), Bolivia (2,56) y Venezuela (1,46).
Nicaragua, El Salvador y Honduras no fueron evaluados en el estudio.