EscucharCosta Rica sigue estancada en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), según el más reciente informe de Transparencia Internacional. Obtuvo 55 de 100 puntos en el 2023, apenas un punto más que en el 2022.
El país se ubicó en la posición 45 de 180 países, según la Asociación Costa Rica Íntegra, capítulo de Transparencia Internacional en Costa Rica.
Costa Rica alcanzó un máximo de 59 puntos en la medición del 2017, pero la senda de mejora no se ha logrado sostener, revirtiéndose en el 2022 con una caída de cuatro puntos. En el 2021, el país obtuvo 58 puntos. A lo largo de una década, el índice refleja un estancamiento.
En comparación con otras naciones, Costa Rica se encuentra en el nivel de islas del Caribe, como Santa Lucía (con 55 puntos) y Dominica (56), y está considerablemente alejada de países como Canadá (76) y Uruguay (73).
Asimismo, queda rezagada en comparación con las democracias plenas, encabezadas por Dinamarca (90 puntos), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (85). Estos tres últimos países también se encuentran entre los diez mejor puntuados en cuanto a libertades civiles, según el informe Democracy Index.
Costa Rica Íntegra asegura estar preocupada de que el país se encuentre alejada del promedio del IPC de las democracias plenas (73), un grupo con el que Costa Rica debería compararse debido a su trayectoria institucional.
Medidas contra la corrupción
Juany Guzmán León, presidenta de esta asociación, destacó que los esfuerzos para superar este estancamiento y tomar medidas decisivas contra la corrupción deben incluir el fortalecimiento de la democracia, la defensa de las libertades de prensa y expresión, la independencia y el financiamiento adecuado de los órganos de control, así como la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La asociación añade que, este año, el informe se centra en la problemática de la impunidad, una de las razones por las cuales no se observan avances sustanciales en los países. “Existe una tendencia global a debilitar los poderes judiciales, disminuir sus capacidades, atacar su imagen y cooptarlos, lo que impide el juzgamiento y la sanción efectiva de los casos de corrupción”, indica la asociación en un comunicado de prensa.
Agregó que Costa Rica no está exenta de este problema.
Según Guzmán, el Poder Judicial ha visto reducido su presupuesto en el último quinquenio, lo que afecta su capacidad de sanción, y los megacasos de corrupción tardan más de una década en resolverse, lo que disminuye la efectividad del castigo como medida disuasoria. Las limitaciones también se observan en el régimen administrativo.
“Es necesario que se le dé prioridad a los procesos de investigación en megacasos. Siempre esta acción sancionatoria debería de estar acompañada de esfuerzos preventivos, especialmente en el sistema educativo. Pese a que el país cuenta con una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) y una ruta acordada entre poderes de la República contra el crimen organizado, no terminan de materializarse los resultados” señaló Guzmán.
El IPC clasifica a 180 países según el nivel de corrupción percibida en el sector público, utilizando una escala que va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
El informe se nutre de varias fuentes internacionales. En el caso de Costa Rica, se utilizan siete fuentes de indicadores relacionados con la corrupción, el clima de negocios y la gobernabilidad.
En el año 2023, dos de estas fuentes contribuyeron a un leve aumento en la calificación: el índice de estado de derecho (World Justice Project), que se centra en la independencia entre poderes, y el índice de competitividad (Foro Económico Mundial), que mide la percepción del sector empresarial sobre el pago de sobornos para realizar negocios. Sin embargo, el resto de los indicadores se mantuvo sin cambios.
