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El gobierno de Carlos Alvarado se abstuvo de firmar la declaración del Grupo de Lima que 11 países acordaron este lunes sobre la situación Venezuela, luego que el régimen de Nicolás Maduro impidiera, el sábado, el ingreso de ayuda humanitaria.
En la declaración firmada en Bogotá Colombia, los países firmantes exigieron “la salida inmediata de Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al Presidente Encargado, Juan Guaidó”, como condición para que se celebren nuevas elecciones democráticas.
A la vez, solicitaron a la Corte Penal Internacional que considere como “crimen de lesa humanidad” el bloqueo armado contra la ayuda humanitaria.
La Cancillería esgrimió dos argumentos para no sumarse al pronunciamiento. El primero es que “todos los esfuerzos de ayuda humanitaria que se lleven a cabo en Venezuela se realicen en línea con los principios internacionales de la ayuda humanitaria (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa)”.
Y el segundo es que, para que “la celebración de elecciones libres y transparentes en Venezuela sea abierta a la participación de todas las fuerzas políticas, las mismas deben realizarse tomando en cuenta a todos los actores políticos”.
“Considerando a todos los sectores, se podrá prevenir mayor violencia y sufrimiento del pueblo venezolano”, alegó la Cancillería.
Mientras otros países enviaron presidentes y cancilleres, e incluso participó el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, Costa Rica delegó su participación en el encargado de negocios a. i. en Colombia, Alexis Coto.
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Lo que Costa Rica no quiso firmar
La declaración del Grupo de Lima condena las “acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro” que impidieron el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.
En ese aspecto, los países firmantes se comprometen a colaborar para que los responsables armados de bloquear el acceso a la ayuda humanitaria comparezcan ante la justicia. Por tanto, piden a la Corte Penal Internacional que considere la “violencia criminal” del régimen de Maduro en contra de civiles y el bloqueo al acceso a la ayuda humanitaria como “crimen de lesa humanidad”.
Además, el Grupo pide a las Fuerzas Armadas venezolanas dejar de servir a Maduro como instrumento de represión en contra del pueblo y las llama a reconocer al presidente encargado Juan Guaidó, como su comandante en jefe.
El llamado a reconocer a Guaidó incluye también al Poder Judicial de Venezuela.
Por otra parte, se solicitan elecciones libres y justas, “abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida”.
Por otra parte, los firmantes se comprometen a propiciar una nueva discusión de la crisis en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a hacer gestiones, ante el Secretario General de la ONU, para que impulse la activación del Sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela.
A la vez, abogan por que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nombre un experto independiente o una comisión de investigación por la grave violación a los derechos humanos en el contexto de la crisis.
La declaración la firmaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
Junto a Costa Rica, se abstuvieron de firmar México, Santa Lucía y Guyana.
El fin de semana, el intento de ingreso de ayuda humanitaria derivó en violentos disturbios en las fronteras con Colombia y Brasil. Al menos cuatro manifestantes murieron y cientos quedaron heridos. El régimen alega que la operación era una excusa para el intervencionismo.
Costa Rica aboga por ‘contactos entre las partes’
La Cancillería costarricense argumentó que seguirá comprometida con los esfuerzos diplomáticos "encaminadas a abrir los contactos entre las partes, apoyando el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela”.
A su vez, San José rechazó cualquier la opción militar como salida: “Nuestro país rechaza firmemente cualquier curso de acción que implique el ejercicio de la violencia contra el pueblo venezolano, el uso de la fuerza o la intervención militar en Venezuela y aboga por la realización de nuevas elecciones en el más breve plazo con la participación de todos los actores políticos y con las garantías y estándares internacionales para una transición democrática y pacífica”.
La declaración del Grupo de Lima no menciona la opción militar. Sin embargo, Estados Unidos mantiene latente la posibilidad. “Esperamos una transición pacífica hacia la democracia. Pero el presidente (Donald) Trump lo ha dejado claro: Todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió el vicepresidente Pence.
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Costa Rica agregó que, pese a que en esta ocasión “no puedo acompañar la declaración”, mantendrá el apoyo a los principios fundacionales del Grupo de Lima con las siguientes acciones:
-El no reconocimiento del resultado del proceso electoral realizado en 2018 en Venezuela, que le otorgó un nuevo mandato de 5 años a Maduro
-El reconocimiento del diputado opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino
-El reconocimiento de la representante diplomática de Guaidó, María Faría.
Excanciller cuestiona
El excanciller Manuel González criticó que Costa Rica haya sido representada en la reunión de hoy del Grupo de Lima por el Encargado de Negocios a.i. en Colombia, a pesar de que la reunión cobraba singular importancia tras lo ocurrido el fin de semana en Venezuela.
“(La representación no fue) ni siquiera a nivel de vicecanciller. Eso me genera dudas, ¿por qué será? El tema de Venezuela es prioritario en este momento, sin duda”, cuestionó González en su perfil de Faecbook.
Vea la declaración completa del Grupo de Lima
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, comprometidos a contribuir al proceso de transición democrática y a la reconstrucción institucional, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela:
1. Condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los venezolanos.
2. Expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y reconocen su valentía y coraje en su lucha por recuperar la democracia, y reiteran el compromiso del Grupo de Lima de seguir apoyándolo activamente en este esfuerzo.
3. Denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder.
4. Expresan su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela, y condenan la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia.
5. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población civil, y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad, en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018, y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia, y bienvenida por Alemania.
6. Deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la profunda preocupación por "las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria" en ese país, expresada en la Resolución A/HRC/RES/39/1 "Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela" del 26 de septiembre de 2018; y reiteran su llamado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
7. Manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, adelantarán gestiones directas ante el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del Sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela.
8. Expresan su satisfacción ante el número creciente de Estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del Presidente Encargado, Juan Guaidó, e invitan a esos Estados y al conjunto de la comunidad internacional a sumarse al compromiso del Grupo de Lima con la transición democrática y con la inmediata provisión de asistencia humanitaria, adhiriendo a la Declaración de Ottawa por Venezuela. En ese sentido, deciden intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias, incluyendo misiones especiales, para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el Grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela.
9. Resuelven mantener permanente coordinación con los representantes del gobierno del Presidente Encargado, Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica, y la inmediata atención de la crisis humanitaria. En tal virtud, promoverán su reconocimiento en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales, como representantes legítimos de Venezuela.
10. Deciden avanzar en el reconocimiento de los representantes del Presidente Encargado, Juan Guaidó, de acuerdo con sus procedimientos internos.
11. Reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al Presidente Encargado, Juan Guaidó, como su Comandante en Jefe, y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la Nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos.
12. Exhortan a los miembros del Poder Judicial y el Sistema de Justicia de Venezuela, incluyendo quienes han sido designados irregularmente como tales, a reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y del Presidente Encargado, Juan Guaidó, y a respetar el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, con el fin de facilitar la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela.
13. Hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles.
14. Ofrecen su decidido apoyo al Acuerdo para la promoción del Plan de Rescate del País, adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero. En ese sentido, expresan su disposición a convocar una conferencia internacional, y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos.
15. Reafirman el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad, y por consiguiente, reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata de Nicolás Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al Presidente Encargado, Juan Guaidó.
16. Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza.
17. Acuerdan reafirmar y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Grupo de Lima previamente; ofrecer todo su apoyo al diseño y ejecución del calendario electoral que establezcan la Asamblea Nacional y el Presidente Encargado, Juan Guaidó; y exhortar a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de que se permita el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano.
18. Saludan el ofrecimiento del Gobierno de la República de Chile de acoger la próxima reunión del Grupo de Lima en fecha por determinar.
