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Pese a que un informe de Servicios Técnicos concluyó que debe ser secreta la votación en la que se decidirá el futuro del magistrado de Sala IV, Paul Rueda, cada vez más diputados se inclinan por hacer público su voto.
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), con diez legisladores, ya tiene lista una moción para solicitar que el Plenario legislativo vote pública y nominalmente este lunes 24 de junio sobre el caso de Rueda.
Nominalmente significa que el presidente legislativo llamaría uno por uno a cada legislador para que diga si apoya o no la reelección del juez constitucional.
La moción será sometida al criterio de los 57 diputados y, según el PAC, necesita mayoría absoluta para aprobarse: la mitad más uno de los presentes.
En tanto, la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, anunció que recomendará a sus 16 compañeros de bancada votar de forma pública.
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“No tengo ningún problema, en lo personal, de apoyar una votación abierta”, dijo la legisladora, aunque advirtió que ella reconoce que el voto secreto para las reelecciones de magistrados es un mecanismo que se ha implementado desde 1949 y también en esta misma Asamblea.
Antes de ella, los diputados Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides, presidente legislativo, habían anunciado su decisión de hacer públicos sus votos.
José María Villalta, del Frente Amplio (FA), también afirmó que la votación debe ser pública.
"Creo que (votar en público) es el principio que está en la Constitución y no hay una norma en el Reglamento. La costumbre es inconstitucional. Ya hice pública mi intención de voto, ya he afirmado que voy a votar por la reelección.
“Creo que los diputados que promueven la no reelección quieren poner un magistrado títere de ellos y, si no se reelige, con la conformación actual de la Asamblea, se abriría la puerta para poner un magistrado sin independencia que estos diputados intentan controlar”, declaró el frenteamplista.
Pedro Muñoz, subjefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que los nueve diputados de su fracción tienen libertad para votar como quieran y que él hará público el suyo, el cual será en contra de la reelección del magistrado.
Erwen Masís, también de la Unidad, anunció que votará en público y que lo hará en favor de la continuidad de Rueda.
Se apegan a Servicios Técnicos
En el bloque Nueva República, el subcoordinador Harllan Hoepelman afirmó: “Estamos valorando todavía cómo debería ser la votación, aunque Servicios Técnicos ya dijo cómo. El lunes tomaríamos una decisión y lo daremos a conocer”.
Eduardo Cruickshank, líder de la bancada de Restauración Nacional, también se apegó a lo que dijo ese departamento, que opera como asesor del Congreso: “El señor presidente de la Asamblea Legislativa ya externó públicamente que el sistema de votación será el que establece el reglamento conforme al criterio que le extendió Servicios Técnicos”.
Al señalársele que Benavides dijo que exhortaría al voto público, Cruickshank respondió: “Bueno, eso no fue lo que nos dijo en el Congreso. En el Congreso nos leyó el criterio de Servicios Técnicos y nos dijo que la votación sería al amparo de lo que ha dicho, amparado a lo que dicta el reglamento”.
El informe al que se refieren Hoepelman y Cruickshank fue solicitado el martes por Carlos Ricardo Benavides, como jerarca legislativo, y contestado en unas 48 horas por el expresidente del Congreso, Víctor Emilio Granados, como funcionario de Servicios Técnicos.
Benavides dijo, desde un principio, que la votación sería secreta.
El documento de Servicios Técnicos concluye que, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, una reelección es “volver a elegir” y, en consecuencia, tiene que emplearse el procedimiento secreto establecido en el artículo 228 del reglamento legislativo para elecciones de magistrados.
Añade que esa ha sido la costumbre legislativa.
No obstante, una respuesta que la Procuraduría General de la República le envió a la Sala IV, con motivo de una acción contra varios artículos del reglamento de la Asamblea, calificó de inconstitucional que la Asamblea Legislativa declare secretas ciertas votaciones y sesiones de interés público.
Para la Procuraduría, el artículo 117 de la Constitución establece que las sesiones de la Asamblea “serán públicas salvo que, por razones muy calificadas y de conveniencia general, se acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los diputados presentes”.
Entonces, la transparencia es la regla y la restricción solo puede ser excepcional, fundamentada y acordada por una amplia mayoría de los congresistas.
El 12 de junio, en una votación secreta, la mayoría de diputados de la Comisión de Nombramientos recomendó al plenario no reelegir a Rueda, sin presentar argumentos sólidos y sin encontrar mancha alguna en su expediente.
Restauración Nacional dijo que no apoyaría la reelección de magistrados. Un criterio similar expresó Luis Fernando Chacón, del PLN.
Luego, el diputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, afirmó que evaluaría las sentencias de Rueda para decidir su voto. En tanto, la jueza penal Rosaura Chinchilla, declaró que destituir a un juez por sus resoluciones es una violación a la independencia judicial.
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La teoría de los dos bandos
El socialcristiano Pedro Muñoz sostiene que votará en contra de Paul Rueda porque, en su criterio, en el Poder Judicial existen dos bandos.
"Hay dos bandos muy claros dentro del Poder Judicial, eso yo lo dije desde junio del año pasado cuando hicimos un debate reglado. A mí me parece que hay que cambiar la forma de elección de los magistrados y hay que tener mucha valentía en la escogencia o no de los magistrados y en la reelección.
“En este momento, yo soy de la tesis de que no hay que reelegir a ninguno de los magistrados en virtud de esos dos bandos”, argumentó.
