Para las elecciones nacionales de 2018, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tuvo que financiar con préstamos ¢93 de cada ¢100 invertidos en la campaña política de su entonces candidato Rodolfo Piza.
También provinieron de endeudamiento el 96% de los recursos invertidos por el Partido Acción Ciudadana (PAC) cuatro años atrás, cuando alcanzaron por primera vez la Presidencia de la República con Luis Guillermo Solís.
En ese mismo proceso electoral, por ejemplo, el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo préstamos para enfrentar el 80% de los gastos de la campaña política de Johnny Araya, quien perdió la segunda ronda frente a Solís.
El último informe del Programa del Estado de la Nación denomina este fenómeno como “creditodependencia” y lo sitúa como uno de los peligros más importantes que enfrenta la democracia costarricense.
“Uno de los principales retos en este tema radica en el hecho de que en la actualidad el endeudamiento es la principal fuente de ingresos. Unas finanzas partidarias comprometidas constituyen un flanco preocupante de debilidad de la democracia costarricense, a pesar de que se han fortalecido los controles y se han sentado responsabilidades en varios casos de violación de la ley por varios partidos políticos”, señala el estudio.
El Estado de la Nación argumenta que, bajo este panorama, los partidos políticos “están más a expensas de pocos, estrujando su accionar y comprometiendo una eventual gestión gubernamental”. Asimismo, expresa el peligro de que estas agrupaciones sean capturadas por dineros ilícitos para financiar los gastos electorales.
Esos altos niveles de endeudamiento, reportados en el informe, se repiten prácticamente en cada uno de los últimos tres procesos electorales, en especial entre los partidos con mayores posibilidades de alcanzar la Presidencia u obtener curules en el Congreso.
Además de los préstamos bancarios directos, el estudio también contempla como endeudamiento la emisión de certificados de cesión, o bonos de deuda política, que utilizan los partidos como garantía para acceder a recursos bancarios.
Distinto al endeudamiento, que cada vez es mayor, las donaciones ciudadanas vienen a menos en los últimos años y representan una ínfima parte de las finanzas partidarias.
Lo mismo sucede con los ingresos propios de las estructuras, dentro de los cuales se contemplan las cuotas de afiliación y membresía, los pagos por inscripción de candidaturas, la venta de bonos de deuda política a personas físicas o el pago de bienes y servicios a través de ese mecanismo.
“Esta edición del informe incluso documenta cambios abruptos en las finanzas partidarias, producto de una mayor dependencia de los préstamos que tiene lugar tan pronto como una de estas agrupaciones se vuelve ‘retadora’ y entra a competir por las elecciones presidenciales y legislativas”, señala el estudio.
Si se revisa la estructura de financiamiento del Partido Restauración Nacional (PRN) para la campaña política de Fabricio Alvarado en 2018, se obtiene que un 86,7% de los recursos reportados fueron por endeudamiento. En contraparte, un 9,3% fueron ingresos propios y solo un 4% donaciones.
Un caso distinto fue el presentado en ese mismo proceso electoral con el Frente Amplio, cuando postuló a Edgardo Araya. Un 39,1% de los gastos electorales fue endeudamiento, 38,9% ingresos propios y 22% donaciones partidarias.
No obstante, el Frente Amplio no fue de los partidos más sobresalientes en ese proceso. Cuando estuvo cerca de llegar a segunda ronda con José María Villalta, en 2014, la relación fue muy distinta: el endeudamiento creció hasta el 60,8%, mientras que los ingresos propios representaron 24,5% y las donaciones un 14,7%.
De acuerdo con el informe, al considerar todos los partidos políticos en los tres últimos procesos electorales, se obtiene que los préstamos representan el 53% de todo el dinero administrado por los partidos.
Los ingresos propios constituyen el 34% de las finanzas y las donaciones corresponden apenas al 13% restante.