Un proyecto de ley para reducir las pensiones de lujo, que está cerca de ser aprobado en la Asamblea Legislativa, resultará insuficiente para bajar el gigantesco gasto que estas jubilaciones le demandan a la ciudadanía.

Si bien representaría un avance, el ahorro que generaría la redacción actual del texto sería insignificante frente a la magnitud del costo actual.

En el caso de las pensiones del Magisterio y de Gobierno, que son cargadas al Presupuesto Nacional, el proyecto apenas elevaría el ahorro por contribuciones solidarias de un 1,2% a un 3,6% del gasto total.

Sin embargo, existen otros escenarios en los que la economía para los contribuyentes podría ser mayor.

La iniciativa es la 21.035, de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, la cual fue dictaminada positivamente en la Comisión de Asuntos Sociales y ahora va para el plenario legislativo.

El texto establecería que deben pagar contribuciones solidarias todas las pensiones superiores a ¢2,2 millones en los regímenes Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR), Gobierno y Poder Judicial.

Los aportes solidarios son una figura creada por los diputados para atenuar el gasto en las jubilaciones de lujo. En palabras simples, se trata de un rebajo que se les hace a los mayores beneficiarios en solidaridad con el país.

Con la reforma de Xiomara Rodríguez, tendrían que empezar a pagar la contribución más de 3.700 pensionados que hoy se salvan de hacerlo, pese a recibir montos millonarios.

Actualmente, esta deducción se la hace a menos de 1.000 pensionados de lujo.

Gran parte del problema radica en las disparidades que establece la legislación para ello: en el régimen de Gobierno, los aportes solidarios se cobran a partir de los ¢2,7 millones; en el Magisterio a partir de los ¢3,9 millones; y en el Poder Judicial después de los ¢4,4 millones.

En esas condiciones, los ahorros actuales también son dispares. En las pensiones de Gobierno, las contribuciones solidarias economizan un 3,1%, en el Magisterio un 0,8% y, en el Poder Judicial, un 1,1%.

El plan de ley equipararía el monto a partir del cual se aplicarían las contribuciones. Este cambio, a su vez, tendría otro efecto: elevaría los aportes que deben pagar las pensiones más altas porque estos se calculan en escalones sobre el exceso a partir del monto fijado, de manera que mientras más alta sea la jubilación, mayor es el porcentaje de rebajo.

No obstante, un cálculo elaborado por La Nación muestra que los resultados no son tan significativos.

Para obtener el dato, este medio calculó las contribuciones solidarias que, según la legislación, deben pagar mensualmente los pensionados de estos tres regímenes. Para ello, se utilizaron las bases de datos correspondientes al 2018. Los resultados fueron multiplicados por 12 para obtener el dato anual.

Posteriormente, se calcularon los aportes solidarios si todos se cobraran a partir de los ¢2,2 millones, a fin de hacer la comparación. No se tomó en cuenta el aguinaldo, en vista de que está libre de gravámenes.

El resultado fue el siguiente. En los regímenes de Magisterio y Gobierno, el ahorro subiría de ¢8.900 millones a unos ¢25.000 millones anuales.

Si bien la cifra casi se triplica, aún es insuficiente para representar un verdadero alivio frente a los ¢690.000 millones que demandan estas pensiones en el Presupuesto Nacional.

En el caso del Magisterio, el ahorro pasaría de un 0,8% a un 3,3% y, en Gobierno, de un 3,1% a un 4,7%.

En el régimen del Poder Judicial, que tiene un fondo aparte, el ahorro sería más significativo. En montos nominales, aumentaría de ¢825 millones a ¢6.700 millones dentro de un gasto total de ¢75.000 millones anuales.

En términos porcentuajes, el monto por aportes solidarios subiría de un 1,1% a un 8,9%.

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Solo entre las millonarias

A la hora de comparar el ahorro por contribuciones solidarias únicamente entre las pensiones superiores a ¢2,2 millones, se obtienen otros puntos de vista.

Por ejemplo, las jubilaciones del Magisterio en ese rango demandan ¢130.000 millones anuales y, en ese segmento, el ahorro por contribuciones solidarias por el proyecto de Xiomara Rodríguez equivaldría a un 15%, al igual que en los otros regímenes.

Segundo escenario

Este medio hizo estimaciones con otros escenarios, en los que se obtuvo diferentes cifras de ahorro.

Por ejemplo, actualmente, las contribuciones se cobran sobre el excedente, a partir del límite indicado, en escalas que van de un 25% a un 75% en el Magisterio y en el Gobierno, y de un 35% a un 55% en la Corte.

¿Qué pasaría si, en vez de ello, las escalas empezaran a partir de los ¢2,2 millones en un 45% y terminaran en un 95% en Magisterio y Gobierno? En ese caso, el ahorro ya no se elevaría de un 1,2% a un 3,6% del gasto total, sino que que subiría a un 5,4%.

En términos nominales, la recaudación por aportes solidarios aumentaría de ¢8.870 millones a ¢37.400 millones en estos regímenes.

En el caso de la Corte, el porcentaje de ahorro pasaría de un 1,1% a un 12,4%.

Tercer escenario

Si en lugar de cobros escalonados se aplicara un 50% por igual sobre todos los montos que excedan los ¢2,2 millones, el ahorro sería menor que en el caso anterior. Alcanzaría un 4,5% en los regímenes Magisterio y Gobierno y de un 11% en el de la Corte.

Cuarto escenario

Este medio calculó un último escenario, en el que las contribuciones solidarias se cobrarían, en todos los casos, a partir de los ¢1,6 millones, que es el monto máximo de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.

Esta fórmula generaría el mayor ahorro de todos los escenarios.

Si eso ocurriera, las contribuciones solidarias recaudarían el 6,3% del gasto total en Magisterio y Gobierno, en vez del 1,3% actual.

En números nominales, el ahorro aumentaría de ¢8.867 millones a ¢43.420 anuales.

A la vez, en la Corte, el porcentaje pasaría de un 1,1% a un 14,16%, es decir, de ¢825 millones a ¢10.612 millones.

Dos factores por tomar en cuenta

No obstante, existen dos factores que pueden limitar estos resultados.

El primero es que, según el gobierno, la legislación no le puede quitar a un pensionado de lujo más del 55% del monto bruto de su jubilación, sumando aporte solidario, contribución al régimen, seguro social, impuesto de renta y cualquier otra deducción legal.

Entonces, el proyecto de Xiomara Rodríguez establece que, si la contribución rebasa ese porcentaje, las deducciones no podrán superar ese 55%.

Así, por ejemplo, a la pensión más alta del Magisterio, que es de ¢12 millones, hoy se le rebaja un 34% por contribución solidaria. Con el proyecto de Xiomara Rodríguez, ese porcentaje subiría a un 52%, al tiempo que alcanzaría un 68% si las gradas de las aportes oscilaran entre un 45% y un 95%.

De manera que el efecto tendría un límite en el caso de las jubilaciones más altas que hoy pagan contribuciones solidarias. En cambio, para los centenares de pensiones que hoy están exentasy que serían gravadas con la reforma, los porcentajes de rebajo serían muy bajos, incluso de decimales en algunos casos.

Por ejemplo, una pensión de ¢2,4 millones solo pagaría ¢86.000 por el aporte.

El segundo inconveniente es que, en el Magisterio, 325 pensionados de lujo lograron eximirse de la contribución solidaria mediante resoluciones judiciales.

Según Luis Paulino Mora, director nacional de Pensiones, la condición de esas personas no cambiaría con el proyecto de la diputada Rodríguez.

“Desde mi perspectiva, de conformidad con el criterio de la PGR C-042-2018 de 2 de marzo de ese año, los portillos siempre estuvieron cerrados. Ninguna pensión del RTR estaba exonerada de la contribución especial solidaria de la Ley N° 7531, aunque sistemáticamente se interpretó, en forma errónea, hasta ese momento.

“A partir de entonces, se han empezado a hacer las correcciones en los otorgamientos de pensiones, y mediante juicios de lesividad para las exoneraciones ya declaradas.

“En este sentido, el proyecto de doña Xiomara no cambiaría esta situación. La contribución especial solidaria continuaría siendo aplicable a todas las pensiones que tengan montos superiores a su base exenta, que el proyecto ( de la legisladora) disminuye a ocho salarios base", afirmó Mora.

*Colaboró la periodista Natasha Cambronero