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Cuatro fuentes de dinero financiarán los primeros subsidios que el gobierno procurará entregar a unas 375.000 familias afectadas económicamente por la crisis del coronavirus.
Se trata de aportes entre ¢100.000 y ¢200.000 mensuales para los asalariados que sufran suspensiones de contratos de trabajo o reducción de jornada laboral, así como los independientes cuyos ingresos cayeron por la desaceleración económica.
La semana pasada, el Poder Ejecutivo anunció un primer presupuesto extraordinario por ¢225.000 millones para financiar los subsidios. Sin embargo, Pilar Garrido, ministra de Planificación, dijo este jueves a La Nación que “están previendo” subir la cifra a ¢255.000 millones.
Así se financiarán los subsidios
Los subsidios que dará el gobierno a los afectados por la crisis económica producto del covid-19 saldrán, inicialmente, de cuatro fuentes de financiamiento distintas.
FUENTE: CONSULTA A PILAR GARRIDO, MINISTRA DE PLANIFICACIÓN. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
La primera fuente de financiamiento es un reacomodo de partidas del Presupuesto Nacional del 2020, con el cual se obtendrían ¢100.000 millones.
Para ello, el miércoles, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establece que, por una única vez, esta empresa estatal deberá girar ese monto a las cuentas del gobierno, para atender la emergencia por el coronavirus.
La tercera fuente de financiamiento, que generaría unos ¢50.000 millones, saldrá de los precios de los combustibles.
Así lo establece otro proyecto de ley enviado también el miércoles al Congreso.
Ese plan, además crear la figura de subsidios a los trabajadores privados e independientes afectados por la actual crisis, establece que ni la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ni la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) podrán tramitar solicitudes de rebaja en los precios de los combustibles, durante las fases de respuesta y rehabilitación de la emergencia.
Los precios se mantendrían tal cual están hoy con la intención de que, cuando el petróleo baje más, Recope le pase mensualmente al IMAS la diferencia entre los precios actuales y los precios que tendrían que regir si se aplicaran las disminuciones correspondientes.
Ese mecanismo permitirá alimentar el fondo de subsidios para los afectados económicamente.
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La cuarta fuente de ingresos sería el crédito de $500 millones (¢287.000 millones) del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que los diputados aprobaron para la consolidación fiscal de Costa Rica.
De ese empréstito, eventualmente, se tomaría una porción para llegar a los ¢255.000 que espera reunir el gobierno.
No obstante, la jerarca de Planificación no precisó si de ese préstamo del CAF saldrían los ¢30.000 millones que harían falta para llegar a la cifra meta del Ejecutivo.
Según dijo Garrido, el Ministerio de Hacienda “está trabajando en ello” y los pormenores se darán a conocer el lunes 6 de abril.
Ese día, el Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario para la aprobación de los diputados.
Los subsidios serían administrados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Otras dos fuentes de ingresos
También el miércoles, al aumentar a ¢107.000 las multas por violar la restricción vehicular sanitaria, los diputados establecieron que el dinero de las multas se destinará a los subsidios para las familias afectadas por la pandemia.
Para una segunda etapa del plan de subsidios el gobierno también vislumbra un proyecto de ley que cobraría un impuesto a los salarios mayores de ¢1 millón, menos del 19% del total de asalariados del país
El propósito es acumular otros ¢24.000 millones por mes.
‘Ayudas se priorizarán’
Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), explicó que, si la cifra inicial para subsidios es de ¢225.000 millones, esta se dividirán en dos.
De ese monto, ¢200.000 millones irán al Ministerio de Trabajo para que los gestione por medio del Programa Nacional de Empleo.
El IMAS empleará los restantes ¢25.000 millones mediante sus programas de auxilio personas en pobreza y pobreza extrema.
“La principal población a la que se dirigirán estos nuevos beneficios es aquella que tiene una afectación directa por la desaceleración económica que ha provocado la covid-19 en su condición laboral".
“En ese sentido, para no generar una limitación que, por ley, sí tiene el IMAS, que solo puede trabajar con familias en situación de pobreza o de pobreza extrema, es que la mayor cantidad de recursos se pretenden alojar dentro del Ministerio de Trabajo, idealmente, en el Programa Nacional de Empleo”, aseveró Bermúdez.
El ministro fue enfático en que los subsidios a los golpeados por el nuevo coronavirus se otorgarán según un orden de prioridades. Por ejemplo, estarán de primeros en la lista quienes no reciban actualmente ningún subsidio del Estado.
La idea, expresó el jerarca, es que las familias beneficiarias de estos nuevos subsidios sean distintas, en la medida de lo posible, a las 260.000 que ya cuentan con algún tipo de apoyo por parte del IMAS.
“Aquí lo importante es entender que esta afectación económica no la están teniendo solo familias en situación de pobreza o pobreza extrema, sino también trabajadores de todos los estratos.
"Obviamente, para garantizar que los recursos vayan a quienes más los necesitan, garantizaremos algunos criterios de priorización. Por ejemplo, aquellos hogares donde haya jefatura femenina, donde haya garantía de que protegeríamos también a sus dependientes, o aquellos hogares donde haya adultos mayores y sin pensión, o donde haya personas con discapacidad sin atención del Estado”, añadió Bermúdez.
La esperanza del ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social es que los diputados mantengan la actitud “diligente” que han mostrado hasta el momento en medio de la crisis, y aprueben, en cuanto les sea posible, los proyectos recién presentados por el Ejecutivo y el presupuesto que presentará el lunes.
De ser así, comentó Bermúdez, el programa de subsidios tendría “el banderazo de salida durante la primera quincena de abril”.
Solo en el sector turístico, se calcula que el 80% de los trabajadores directos podría sufrir suspensión de contratos de trabajo, reducción de la jornada o despidos.
Además, se estima que unos 500.000 asalariados verían reducidos sus ingresos.
