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La diputada Daniela Rojas, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), responsabilizó al gobierno por la eventual continuidad de Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea (UE), en caso de que el Ejecutivo vete el proyecto de ley que busca corregir las deficiencias en la legislación tributaria que motivaron la inclusión.
“Esta Asamblea Legislativa ha hecho un trabajo arduo para sacar a tiempo un proyecto de ley, un proyecto de ley que tiene que estar aprobado el jueves de esta semana (7 de setiembre) en segundo debate”, declaró Rojas, presidenta de la comisión especial que estudió el tema.
Precisó que si la administración de Rodrigo Chaves veta la iniciativa, la Asamblea quedaría contra el tiempo para resellar el texto (para lo cual se requiere de 38 votos), pues la UE evaluará cumplimientos el 15 de setiembre.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, anunció que el Gobierno vetará el proyecto, inconforme porque incluye una reforma al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta para dejar en claro que la Dirección de Tributación no puede cobrar impuesto a empresas y personas por ganancias obtenidas en el exterior, aun si lo hicieron con dinero generado en el territorio nacional.
Este lunes, el ministro reiteró su postura, minutos después de que el plenario legislativo rechazó las diez mociones de reiteración que presentó el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, que también contaron con el respaldo de la bancada de Gobierno, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), para modificar el texto.
El proyecto sería aprobado este martes en primer debate y el jueves, en segundo.
“Nosotros tomaremos la decisión y creo que la decisión valiente es decirle que salir de la lista negra no se hace a cualquier costo”, señaló Nogui Acosta.
Carrera contra el tiempo
El 15 de este mes, el Grupo del Código de Conducta del bloque europeo se reunirá para evaluar el caso costarricense y decidir si el país es excluido de la lista o no.
De acuerdo con la diputada socialcristiana, continuar en la lista negra pone en riesgo la imagen internacional del país, así como la ampliación y generación de inversiones.
La posición de Rojas fue respaldada por las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR).
De forma similar, se expresaron la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) y la Cámara de la Construcción, por medio de comunicados, urgiendo a los diputados la aprobación del expediente legislativo.
Según la Uccaep, el país se expone a ser incluido también en las listas específicas de paraísos fiscales de cada uno de los países miembros de la UE, “con la consecuente repercusión en materia de inversión extranjera y seguridad jurídica para las empresas instaladas en el territorio nacional”.
La reforma propone gravar las rentas pasivas generadas en el exterior por empresas de papel registradas en Costa Rica, no a las compañías formales, para evitar la doble no imposición, la cual ocurre cuando un portillo permite no pagar impuesto ni en un país ni en otro.
Marchamo sin acuerdo
Otra de las propuestas que avanzará en el trámite legislativo, bajo la advertencia de un eventual veto del Poder Ejecutivo, es el proyecto para rebajar el marchamo y que, según el ministro de Hacienda, disminuiría los ingresos del Estado en ¢118.000 millones anuales.
Tras una tercera reunión infructuosa con Acosta y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, las fracciones del PLN, el PLP y el Frente Amplio, anunciaron que continuarían avanzando con el proyecto que fue dictaminado afirmativamente en la comisión especial y que no cuenta con el respaldo del Gobierno.
El ministro dijo que presentaron a los diputados el modelo sobre el cual proyectan las consecuencias negativas del plan para el fisco.
Esto generó la molestia de los legisladores liberacionistas Óscar Izquierdo y Francisco Nicolás, de los representantes del PLP, Eliécer Feinzaig y Jorge Dengo, y del frenteamplista Antonio Ortega.
“Vamos a continuar avanzando con el proyecto, tal como está. Si el Gobierno hace llegar una propuesta formal, la analizaremos una vez más, pero no sobre la base de un modelo que ellos presentan, sin mayor detalle”, indicó Feinzag.
Los diputados cuestionan que, según las estimaciones de Hacienda, para el marchamo 2024 se va a lograr una recaudación, solo en vehículos particulares, de ¢209.000 millones, cuando en 2023 ese rubro fue de ¢167.000 millones.
“No nos dieron ni una sola explicación de por qué se espera un aumento tan grande, cuando la flota vehicular en esencia no ha cambiado, cuando este no ha sido un año particularmente bueno en la venta de vehículos nuevos, de manera que el modelo no es un modelo certero”, agregó el legislador del PLP.
A favor de avanzar con el proyecto, también se manifestó el jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, pese a que en el trámite de comisión su partido votó en contra de la propuesta.
