Escuchar
La Contraloría General de la República (CGR) concluyó que los datos financieros del Gobierno no son confiables, debido a errores generalizados y a la limitación de acceso a la información en las instituciones públicas.
De hecho, la Contraloría advirtió de que el déficit fiscal del 2022 está subestimado en al menos 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2022. Esa cifra equivale a unos ¢425.000 millones.
El órgano contralor publicó este miércoles 3 de mayo un dictamen de auditoría sobre la liquidación de ingresos y gastos del presupuesto de la República el año pasado La información encontrada “no es razonable en todos los aspectos materiales”, opinó la CGR.
“Las partidas muestran incertidumbre en su registro presupuestario, afectando con ello la integridad y calidad de la información financiera, la rendición de cuentas y la toma de decisiones, requisitos básicos para la transparencia de la gestión presupuestaria”, explicó la CGR.
Según detallaron, los errores detectados se relacionan principalmente con rubros no incluidos por el Gobierno en la liquidación del gastos. Tal es el caso de errores en la partida de salarios del Ministerio de Educación Pública (MEP), producto de reclamos administrativos, incentivos salariales no nominalizados y posibles sumas giradas de más.
La Contraloría también señaló la limitación de la disponibilidad de la información en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
LEA MÁS: Contraloría preocupada por respuesta de Gobierno sobre Ley de Empleo Público
Adicionalmente, el órgano contralor detectó inconsistencias en la información de ingresos y egresos a causa del ciberataque ocurrido en abril del 2022, lo cual afectó la disponibilidad de información del Ministerio de Hacienda.
Añadieron que, producto del incidente informático, hay incertidumbre en los registros de recursos económicos recibidos no identificados y montos pagados de más o menos en las partidas de remuneraciones y transferencias corrientes de Hacienda, los cuales no aparecen en la liquidación del presupuesto.
Esta opacidad en los datos financieros del Gobierno provocó que la CGR diera una opinión adversa, lo cual significa que la institución “obtuvo evidencia de auditoría suficiente y apropiada para concluir que los errores identificados son materiales y generalizados, lo cual afecta significativamente la integridad y confianza de la totalidad de la liquidación del presupuesto”.
Recientemente, la Contraloría señaló que, el año pasado, el Gobierno no pagó ¢102.800 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) correspondientes a las contribuciones estatales a las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
LEA MÁS: Gobierno quedó debiendo ¢103.000 millones a la CCSS en 2022 para pago de pensiones
Agregó que si el Gobierno hubiese incorporado esa deuda en su liquidación presupuestaria, el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central se habría incrementado en un 0,23% del PIB.
El déficit fiscal del Gobierno fue del 2,5% de la producción, en el 2022.
