El Ministerio de Hacienda plantea recortar presupuestos de varios programas de los ministerios de Educación Pública (MEP) y Obras Públicas y Transportes (MOPT), con el fin de destinar ¢6.000 millones adicionales para seguridad pública.
La mayor parte de los recursos provendrán de las partidas de transporte estudiantil, expropiación de terrenos para carreteras, el Sistema Nacional de Acreditación Superior (Sinaes) y el Cosevi. Además, se toman recursos que estaban previstos para clases de portugués y para obras en el aeropuerto de Limón.
El ajuste planteado en el segundo presupuesto extraordinario del 2023 serviría para contratar 200 agentes de policía y 100 oficiales del programa de investigación y represión contra el narcotráfico.
Además, ayudarían a cubrir el pago de servicios básicos, pólizas de riesgo del trabajo, alimentación, uniformes, botas, fundas para arma, cinturones, esposas y varas policiales, así como radios portátiles, chalecos antibala y pistolas semiautomáticas 9 milímetros, entre otras herramientas.
Asimismo, los recursos incluyen el pago de una póliza de responsabilidad civil para funcionarios policiales, mantenimiento de la flotilla vehicular y alimentación para oficiales del Servicio de Vigilancia Aérea (SVA).
De los ¢6.000 millones presupuestados, ¢5.964 millones se destinarían al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y ¢35,6 millones al Ministerio de Justicia y Paz para el pago de pólizas de responsabilidad civil de sus policías.
¿De qué partidas del MEP y MOPT sale el presupuesto?
El MEP aporta ¢3.200 millones de la rebaja de sus programas y, el MOPT, ¢2.800 millones.
En Educación, la rebaja más grande es de ¢1.900 millones del presupuesto de transporte estudiantil.
Hacienda argumentó que aún no se ha realizado el proceso de contratación del servicio de transporte para centros educativos de este año, por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el cual estaba previsto para abril.
“Por lo que, considerando el contexto de los plazos para desarrollar dichos procedimientos y razonabilidad de los mismos, no es posible para el departamento de transporte estudiantil ejecutar la totalidad de recursos previstos”, dice Hacienda en la justificación del proyecto.
Añade que se había planeado que 6.562 estudiantes recibirían el servicio mediante una nueva normativa, pero como aún está en proceso la contratación, los estudiantes continuarán siendo atendidos bajo la modalidad de subsidio de transporte.
De Educación también se rebajan ¢700 millones al Sinaes. Hacienda argumenta que el monto total presupuestado para el 2023 es superior a lo requerido por dicha instancia.
Además, se disminuyen ¢400 millones de varios subprogramas como el de Hablemos Portugués que se implementa en centros educativos, transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro y adquisición de materiales y equipos.
En tanto, de los recursos del MOPT se rebajan ¢1.500 millones al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) del programa de expropiaciones de terrenos, ¢250 millones del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC) del presupuesto de cableado para telecomunicaciones del proyecto de aeropuerto de Limón y ¢200 millones de transferencias a instituciones privadas, entre otros rubros.
Además, se restan ¢650 millones al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) que estaban destinados a rubros como alquiler de equipos de cómputos, gastos de transporte, maquinaria, equipo y mobiliario, combustibles, materiales de limpieza y otros.
Otras ¢200 millones que aportaría el MOPT se rebajan del programa Edificaciones Nacionales que repara y construye instalaciones del ministerio en todo el país.
El proyecto de presupuesto se encuentra en la corriente legislativa.