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El presidente Carlos Alvarado afirmó este jueves que las medidas de ahorro en pluses salariales deben acatarse en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) porque así lo estableció la reforma fiscal, a pesar de la negativa de los sindicatos de la institución y de sus amenazas de medidas de presión.
“Lo que se planteó en el proyecto de Fortalecimiento de las finanzas públicas es hoy ley de la República, entonces eso es la ley; es nuestro deber cumplirla”, dijo el mandatario.
“Nunca vamos a renunciar a ello porque ahora obviamente la ley nos obliga, por eso la buscamos casualmente”, continuó.
No obstante, el mandatario afirmó que la Caja necesita tiempo para ajustar sus sistemas informáticos a las nuevas modalidades de pago introducidas con la reforma fiscal.
“Aquí es donde entran dos elementos de un nivel relativo importante. Uno, la Caja tiene autonomía administrativa; y dos, la Caja también tiene que sujetarse a las normas de empleo público, entonces estas dos tienen que hacerse cumplir, tiene que cumplirse la ley. En el proceso de hacer eso es en lo que estamos, en hacer cumplir las normas de la República vigentes y darle condiciones materiales para hacerlo”, expuso el presidente.
“No es que simplemente uno diga ‘se implementa ya’, porque eso sería irreal, porque no están necesariamente todas las condiciones materiales”, insistió.
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Los gremios exigen al gobierno y a las autoridades de la institución el cumplimiento de un acuerdo firmado el 20 de febrero anterior, en el que el presidente ejecutivo, Román Macaya, y tres gerentes de la CCSS, se comprometieron a seguir pagando las anualidades e incentivos que existían antes de la reforma fiscal, como porcentajes del salario.
Sin embargo, la reforma estableció que los montos percibidos por esos pluses se deben transformar a un monto nominal fijo que permanecerá invariable para el futuro. El objetivo de esa medida es detener el crecimiento exponencial del gasto público, pues el cálculo porcentual provoca que cada año, conforme suben los salarios base, también suben los incentivos.
Gremios como la Unión Médica Nacional y el Sindicato Nacional de Enfermería evalúan irse a huelga, en caso de que el gobierno y las autoridades de la institución incumplan el acuerdo.
El mandatario dijo que él no conoció ese acuerdo antes de que Macaya lo aceptara.
“Conocí el acuerdo una vez firmado”, justificó el presidente. “Yo he estado al corriente en medio de las conversaciones que tuvo don Román en la Caja y de los procesos que actualmente se llevan en diálogo para hacer este proceso de manera ordenada, que no solo se cumpla con la ley sino que permanezca la paz social”.
Aunque el mandatario no lo recordó, su gobierno le ofreció este miércoles a los sindicatos de la CCSS un transitorio de 17 meses, mientras empleados y autoridades de la Caja buscan “fórmulas” para cumplir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
No obstante, los sindicatos se levantaron de la mesa de negociación en la que participó Macaya; así como los ministros de la Presidencia, Rodolfo Piza; y Steven Núñez, de Trabajo.
A pesar de la discrepancia, Alvarado considera que, al final, el diálogo puede llegar a buen puerto por el bienestar del país.
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La Caja también sigue pagando anualidades de lujo a sus 57.000 funcionarios, a pesar de que la reforma fiscal ordenó que las nuevas deben ser nominales y calcularse a partir de un 1,94% del salario base para los profesionales y de un 2,56% para los no profesionales.
La CCSS sigue reconociendo un 5,5% del salario base a los profesionales en ciencias médicas, un 3,5% a los enfermeros y nutricionistas y un 3% a los no profesionales.
También paga un 2% y un 2,6% del salario base para el resto de profesionales, y un 1,94% para los auxiliares de enfermería.
Las autoridades de la Caja acordaron con los sindicatos que, en el caso de los profesionales en ciencias de la salud, harán una consulta al Servicio Civil para determinar si deben ajustar las anualidades, pues las suyas fueron establecidas en una ley especial: la de Incentivos Médicos de 1982.
Cada año, la CCSS paga unos ¢240.000 millones en anualidades, según una estimación con base en el presupuesto institucional del 2019.
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Este jueves, el presidente también se refirió al error que habría el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, que avaló este año cuatro convenciones colectivas que mantienen pagos de anualidades y cesantía de lujo, a pesar de que fueron derogados por la reforma fiscal.
Los beneficiados son los trabajadores de las municipalidades de La Unión (Cartago), San Ramón (Alajuela), Desamparados y Pérez Zeledón (San José).
Los sindicalistas y los alcaldes de esos municipios renegociaron acuerdos laborales que pagan anualidades hasta de un 3% sobre el salario base.
“Como dijo el viceministro (de Trabajo, Ricardo Marín), eso va a ser investigado y va a ser llevado a la responsabilidad de determinarse eso. Pero, en todo caso, el que se haya hecho esta homologación de convenciones a contrapelo de la ley, no valida esas homologaciones, necesariamente”, concluyó.
