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Unas manifestaciones de Emmanuel Figueroa Monterrosa, tercer jefe de la campaña de Rodrigo Chaves, causaron indignación y desencadenaron una fuerte discusión entre varios diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales.
Durante su intervención inicial en la comparecencia de este lunes, el exasesor del actual presidente de la República afirmó que uno de los grandes logros de la campaña fue haber ofrecido bonos de deuda política con altos porcentajes de descuento para los inversionistas electorales.
El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) colocó certificados de cesión clase A con descuentos de hasta el 40%, mientras otros partidos otorgaron apenas un 15%. Entre los propietarios de esos bonos se encuentran algunos miembros de la campaña como el propio Rodrigo Chaves, Stephan Brunner, Pilar Cisneros y hasta él mismo, Emmanuel Figueroa.
En criterio de Figueroa, la decisión de ofrecer inusuales descuentos ocasionó “una democratización” de los bonos de deuda política, a modo de que un mayor número de costarricenses pudieran acceder a esas “inversiones”.
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Con esos descuentos, un inversionista de campaña pudo haber pagado apenas ¢600.000 por un bono que le compensará ¢1 millón más intereses.
“Aparte de los logros obtenidos, un gran logro alcanzado fue democratizar la deuda, ya que pusimos a disposición de los costarricenses bonos de serie A que antes solo han sido adquiridos por grupos financieros.
“Fue público y notorio que los bonos del PPSD era una gran inversión para cualquier inversionista con descuentos de entre 35% y 40% donde, según mi interpretación, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo le reconoce al partido un 15%; el restante lo sufraga el mismo partido con los recursos que le corresponden de deuda política”, dijo el exjefe de campaña.
Socialcristiana reprendió al compareciente
Fue en el turno de las preguntas cuando los diputados comenzaron a recriminar a Figueroa por esas declaraciones. La más insistente fue Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien aseguró que la naturaleza de los bonos de deuda política no son para enriquecer a sus tenedores, sino para financiar la campaña electoral.
“Me parece tremendamente grave que los bonos se utilicen como instrumentos de rédito para inversionistas porque hay una naturaleza especial de los bonos. Es grave cómo se va a dar el rédito, porque puede ser que haya un portillo, pero la naturaleza es hacer uso de ese dinero para la campaña electoral, usar un mecanismo transparente donde la persona aporte económicamente para la campaña, esa es la razón de ser para los bonos.
“Jamás de que haya una ganancia para las personas, porque (con lo que usted dice) le está abriendo las boquillas a más de un inversionista de que ‘vamos a invertir todos en la campaña porque sería un éxito rotundo’”, manifestó Castro.
Figueroa contestó que los bonos fueron colocados de forma legal y que la legislación permite establecer los descuentos que el partido político considere.
Enseguida, la legisladora socialcristiana respondió: “Una cosa puede ser legal, pero no moral, y esto es absolutamente inmoral: la utilización de los bonos de campaña para que unas personas se hagan ricas, no me gusta ni me parece ni estaría de acuerdo absolutamente para nada”.
Reproches entre diputados
La discusión entre los diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales comenzó a encederse con la intervención de la diputada de Gobierno, Pilar Cisneros, quien defendió el ofrecimiento de los descuentos en los bonos del PPSD.
“Aquí una diputada dijo que le parece escandaloso que la gente se gane dinero por bono, pero no le parece escandaloso que un banquero millonario se gane miles de millones financiando al Frente Amplio, a Liberación Nacional, a la Unidad Social Cristiana y a otros partidos; eso sí no le parece nada escandaloso”, dijo la oficialista.
Cisneros dio esas manifestaciones en referencia al financiamiento de esas agrupaciones políticas mediante préstamos con el banco BCT, del cual es socio el empresario Leonel Baruch, quien también está convocado a comparecer ante la comisión legislativa para explicar las condiciones de esas transacciones.
La diputada socialcristiana tomó la palabra luego de la intervención de la jefa del oficialismo.
“No podemos usar como cortina de humo permanentemente al señor Baruch, que vendrá aquí, para tapar algo como lo que yo acabo de señalar. El espíritu del legislador para los bonos de campaña no es para que haya una ganancia extrema o enriquezcamos a unas personas. Tachan de democratización lo que es un simple acto financiero especulativo”, respondió Castro.
Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN) también se sumó a la discusión y dijo que existe una gran diferencia entre financiar la campaña electoral a través de una entidad financiera formal, y vender bonos de la manera en que lo hizo el Progreso Social Democrático (PPSD).
“Hay una diferencia entre mostrar las cartas para arriba y no como lo hizo el PPSD, haciendo una lavandería con recursos que venían de varios lados”, expresó Nicolás.
Minutos antes, la diputada Pilar Cisneros había reprochado las acusaciones sobre “lavandería” de Francisco Nicolás y dijo que “espero que tenga pruebas de lo que dice, porque creo que los Tribunales de Justicia se van a encargar de decir la verdad”.
Ante consultas de diputados, el exjefe de campaña de Rodrigo Chaves reconoció que, en la búsqueda de opciones para financiar las aspiraciones electorales, acudieron a varias entidades bancarias. No obstante, dijo que ninguna opción se concretó y, por eso, decidieron recurrir a la venta de bonos.
A pesar de que el Frente Amplio (FA) financió su campaña con un préstamo del banco BCT, Ariel Robles, diputado de ese partido, calificó todo el sistema de financiamiento de partidos políticos en Costa Rica como “desagradable, inmoral y asqueroso”.
“Que la banca privada se haga rica con la plata de una campaña electoral me parece asqueroso, no importa que se llame como se llame. Eso es lo que tenemos que cambiar”, declaró Robles.
Cambiar el modelo de financiamiento actual
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha calificado el sistema de bonos de deuda política como un mecanismo “perverso”. En esa misma línea, el Programa del Estado de la Nación ha advertido que los partidos están expuestos a ser capturados por grupos económicos de intereses específicos o por el narcotráfico, debido a la falta de actualización de la legislación electoral.
Para cambiar este panorama, el Tribunal ha presentado e impulsado reformas electorales. No obstante, nunca ha logrado reunir el suficiente interés de los partidos políticos para aprobar los proyectos de ley.
Al respecto, la diputada Pilar Cisneros declaró que “por razones que ignoramos, pero que sí sospechamos, no se ha querido cambiar, porque resulta muy cómodo pedirle financiamiento a un banquero millonario”. Después de sus declaraciones, abandonó la sesión.
Minutos más adelante, cuando Ariel Robles tomó la palabra, el frenteamplista señaló que las declaraciones de Pilar Cisneros son contradictorias, pues el Gobierno no ha impulsado ningún proyecto para corregir la problemática.
“Aquí la señora acaba decir que los proyectos no se aprueban porque los partidos no avanzan, yo creo que esta comisión podría darle un empujón a estos proyecto. Díganme aquí, ¿el Gobierno cuándo convocó en seis meses que ha tenido de sesiones extraordinarias estos proyectos? Díganme una sola vez. No lo convocaron y ahora vienen con un deseo de adoctrinar o engañar, pero con la vaina vacía”, afirmó Robles.
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El frenteamplista dijo que su agrupación, a través del exdiputado José María Villalta, había presentado un proyecto de ley sobre franjas electorales, el cual tampoco ha sido convocado por el Gobierno.
Dicha iniciativa busca que los partidos políticos tengan acceso a espacios en medios de comunicación para campañas proselitistas.
La diputada oficialista Ada Acuña le dijo a Ariel Robles que el Frente Amplio y Liberación Nacional deberían impulsar juntos ese proyecto, al sugerir que tienen una agenda en común. Ese comentario generó una nueva discusión en el foro legislativo.
Además de investigar el financiamiento de la pasada campaña electoral, la comisión legislativa tiene el objetivo de proponer reformas para prevenir estructuras paralelas y otros problemas detectados en los últimos procesos.
