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El gobierno emitió esta mañana un decreto con el que autoriza el uso de declaraciones juradas, para asegurar el cumplimiento de requisitos, al momento de que una persona o empresa quiera abrir un negocio.
Se trata del decreto N°41795-MP-MEIC, el cual fue firmado por el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Economía, Victoria Hernández, en Casa Presidencial. Está dirigido a las instituciones del Gobierno Central e invita a las descentralizadas a aplicarlo, con la finalidad de agilizar los trámites.
De acuerdo con Hernández, la directriz busca fortalecer el mecanismo de verificación posterior. Es decir, una empresa podrá abrir su negocio sin necesidad de tener certificados todos los requisitos, pues, en una declaración jurada, podrá asegurar que cumple con requerimientos que serán verificados posteriormente por la institución responsable.
Tal es el caso del cumplimiento de la Ley 7600 o condiciones sanitarias como el procedimiento para lavar alimentos en un restaurante. El negocio podrá operar mientras una verificación no diga lo contrario.
Al mencionar esos ejemplos, la ministra aseguró que el uso de declaración jurada de momento solo aplica para permisos sanitarios.
Sin embargo, adelantó que, a partir de hoy, las instituciones de gobierno tienen un periodo de tres meses para definir cuáles de sus trámites a cargo se pueden realizar mediante declaración jurada.
Según la ministra, a través de la Comisión de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, se hará un estudio sobre cargas administrativas en la simplificación de trámites, con la finalidad de valorar el impacto en la disminución de costos y su reflejo en el producto interno bruto (PIB).
El decreto N°41795-MP-MEIC es parte de las acciones del gobierno a favor de la reactivación económica y generación de empleo. En la misma actividad, Alvarado y Hernández anunciaron una moratoria regulatoria hasta mayo del 2022.
Esta medida evitará la creación de nuevos trámites o procedimientos para obtener permisos, licencias o autorizaciones.
Hernández explicó que, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Trámites, la tramitomanía para abrir empresas tiende a incrementar.
Con esta moratoria, se busca que no aumenten, salvo excepciones en casos en los que hay un mandato legal, una emergencia nacional declarada o responda a razones de salud pública o ambientales.
Fuera de las excepciones, la moratoria reconoce cambios en los requisitos cuando estos tiendan a disminuir y los ataja cuando incrementan, de acuerdo con el presidente Alvarado.
Por su parte, Hernández explicó que economías como las de Dubai, Singapur, Filipinas y Noruega permiten la apertura de una empresa en un día. En el caso de Costa Rica, hay empresas de riesgo bajo, mediano y alto.
“Las empresas de riesgo bajo tienen que abrirse en un día y las de riesgo alto aspiramos a que se abra en 7 días”, consideró la ministra.
Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias y representante por Uccaep en la actividad, valoró como positiva la emisión de las dos directrices.
“La aplicación de una moratoria era urgente y por supuesto también utilizar la declaración jurada para que un empresario pueda, con base a un marco legal que le rige, proceder a desarrollar proyectos e iniciar obras e invertir. Y que sea, una vez que concluya con la debida firma de una declaración jurada, el desarrollo un proceso de fiscalización”, expuso Egloff.
Egloff añadió que, con la simplificación de trámites como el uso de la declaración jurada, se busca mejoras sustantivas al tratar de disminuir el atasco en el 80% de los trámites que generan el 20% de las solicitudes.
