Escuchar
Eliminar el sistema de ocho familias, abarcar más instituciones y reformar más leyes vigentes son los cambios drásticos que sufriría la reforma al empleo público, si los diputados acogen las recomendaciones realizadas por los comparecientes en la comisión que discute el proyecto.
El texto sustitutivo presentado por el Gobierno ha sido objeto de críticas por parte de abogados, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).
La intención del proyecto es establecer salarios únicos, competitivos, para los nuevos funcionarios, a diferencia de los sueldos de los actuales empleados públicos, que se componen de salario base más pluses que crecen conforme pasan los años, lo que aumenta aceleradamente el gasto.
Uno de los principales defectos, según la CGR y la PGR, es la clasificación de los funcionarios públicos en ocho familias con sus respectivos esquemas salariales, pues este modelo fallaría en eliminar las disparidades existentes en el sector público.
El proyecto pretende dividir a los empleados en profesionales y no profesionales, ciencias de la salud, policías, educadores, universitarios, judiciales, del Servicio Exterior y de confianza.
La CGR señaló, en un criterio enviado al Congreso, que dicho sistema no tiene sustento técnico.
Además, se creó bajo una metodología “escasamente descrita” que llevaría a una gestión complicada y difícil de medir.
En ese informe, la CGR recomendó a crear un modelo con base en reglas generales uniformes, lo cual volvería innecesaria la clasificación de familias.
Estos argumentos fueron reiterados en la Comisión de Gobierno y Administración por la contralora general, Marta Acosta, quien declaró que “esto aumenta las disparidades existentes entre entidades. No se logra identificar la forma en que ese esquema permita un modelo de empleo público con un nivel óptimo de eficiencia y eficacia en los servicios públicos”.
La Procuraduría, por su parte, consideró que “la regulación estatutaria es incompleta, atomizada y hartamente compleja en determinados aspectos”.
En una comparecencia del 29 de julio, el procurador adjunto, Luis Guillermo Bonilla, aseguró que la pretendida unificación de regímenes no se va a lograr con el texto propuesto por el Poder Ejecutivo.
“A pesar de la homogenización a la que supuestamente se tiende a futuro, se justifica y admite expresamente la eventual heterogeneidad del régimen retributivo entre las diversas familias de puestos”, afirmó Bonilla.
Abarcar todo el Estado
Otro criterio en el que coincidieron diferentes comparecientes es el de incluir a todas las instituciones estatales.
Con el texto actual, los cambios salariales no aplicarían para las entidades públicas que operan en un mercado abierto a la competencia, ni para los entes públicos no estatales (colegios profesionales).
Para la CGR, el plan debería cubrir también al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), y los tres bancos estatales (Costa Rica, Nacional y Popular).
El ente contralor había cuestionado que estas instituciones sí estaban incluidas en la primera versión del proyecto, pero quedaron por fuera en el texto sustitutivo.
De la misma forma, el procurador Bonilla remarcó que “el Poder Ejecutivo se autocontuvo en cuanto a la posibilidad de abarcar a toda la administración pública”.
Esta posición fue respaldada por el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, quien explicó a los diputados que el objetivo original del Estatuto de Servicio Civil no contemplaba excepciones.
La única excepción considerada por Hernández sería para los funcionarios que específicamente trabajan en servicios que compiten con otras empresas.
Por ejemplo, en el ICE se aplicaría la reforma solo a los empleados que realizan gestión administrativa, no así a quienes laboran en el área de telefonía.
El expediente 21.336, que solo afectaría a empleados públicos nuevos, también debería modificar los regímenes salariales para los funcionarios vigentes, según Hernández.
Incluso, el abogado aludió a jurisprudencia de la Sala IV para agregar que la iniciativa debería limitar las convenciones colectivas solo para entidades en régimen de competencia.
Otro defecto del proyecto recalcado a los diputados es el de posibles conflictos con leyes existentes sobre esquemas salariales en instituciones autónomas.
Ese punto lo destacó el abogado laboral Marco Durante, en la audiencia del 24 de junio, junto a Ronald Gutiérrez.
Durante puso de ejemplo tres artículos para advertir sobre las disputas legales que provocaría el texto actual.
Uno de ellos es el artículo 33, el cual estipula que la Autoridad Presupuestaria establecerá los salarios de cargos como presidentes ejecutivos, alcaldes y jerarcas universitarios.
Esto chocaría con la Ley de Administración Financiera, que estipula que las universidades, municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no están sujetas a la Autoridad Presupuestaria.
Asimismo, los artículos 29 y 30 mencionan la creación de una columna salarial global, lo cual generaría conflictos con las escalas salariales incluidas en el Código Municipal, la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley de Incentivos a Profesionales en Ciencias Médicas.
La reforma a empleo público, que según el Gobierno generaría un ahorro de ¢70.000 millones anuales, se encuentra en el Congreso desde el 8 de abril del 2019.
Una versión nueva, presentada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada el 16 de junio por la Comisión de Gobierno y Administración.
Víctor Morales, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente de la comisión, indicó que el foro se dedicará en agosto a escuchar consultas y audiencias.
Finalizada esta etapa, los diputados negociarán las mociones con las que podrían aplicar los cambios propuestos por expertos y entidades, para luego dictaminar la iniciativa y presentarla al plenario a finales de setiembre.
