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La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, argumentó que rompió un convenio de lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), con una organización externa, porque el acuerdo exigía una contrapartida económica para la institución.
Así lo expuso en una carta enviada a diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), luego de que estos le pidieran explicar por qué anuló la cooperación entablada desde el 2016 con la organización Hivos, la cual combate el VIH entre las trabajadoras sexuales, mujeres trans y poblaciones LGTBI.
En el marco del proyecto “Costa Rica: transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico”, el convenio desarrollaba capacitaciones sobre los derechos de las personas con VIH y personas LGTBI, las cuales eran impartidas tanto a funcionarios públicos como a la sociedad civil.
Para desarrollar el proyecto, Hivos dispone de una donación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA.
Sin embargo, según la defensora de los Habitantes, aunque los gastos del convenio no se contabilizan en el presupuesto institucional, trabajadores de la Defensoría debían desarrollar labores de colaboración para cumplir el acuerdo.
“Cabe destacar que la Defensoría no ha aportado dinero al proyecto, razón por la cual esta institución no incluye un rubro especifico de transferencia al proyecto en el presupuesto institucional; sin embargo, sí existe una contrapartida institucional de apoyo para que los objetivos del proyecto se cumplan”, indicó Crespo.
El pasado 23 de febrero, el diputado Enrique Sánchez, jefe de la fracción del PAC, así como las legisladoras Laura Guido, Carolina Hidalgo y Paola Vega, todas de la misma bancada, enviaron una carta con una serie de preguntas sobre la disolución del acuerdo.
En ella, cuestionaron las declaraciones de la Defensora, quien alegó que debía suspender indefinidamente el convenio por falta de presupuesto de la Defensoría.
Según explicó la jerarca en la misiva de este miércoles, la contrapartida de la institución estaba constituida por la colaboración de funcionarios de planta de la Defensoría, combustible para el traslado de los funcionarios, viáticos y costo de servicio de oficina.
Debido a esto, desde el año 2016, se estableció como parte del convenio una medición del gasto cada dos años.
Al respecto, sostuvo la Defensora, se contabilizó que, para el 2018, la institución destinó ¢46 millones en contrapartida para el convenio, lo que incluyó, por ejemplo, las horas destinadas por los funcionarios encargados de trabajar con poblaciones con VIH.
Asimismo, para el 2019, se destinaron ¢31 millones.
Tras la disolución del convenio, Laura Sánchez, directora de Hivos, explicó a La Nación que, para este proyecto, la Defensoría contaba con un fondo de $143.800 (¢88 millones), los cuales eran administrados por la organización conforme a los requerimientos de la Defensoría
Otra de las afirmaciones hechas por Crespo a los diputados es que la Defensoría jugaba un papel de “juez y parte” en este convenio debido a que tenía una aparente administración activa.
“Se determinó la necesidad de prescindir de aquellas actividades que, con su naturaleza jurídica, son actividades de acompañamiento a instituciones inmersas dentro de la Administración activa, cuyos productos serían la elaboración de políticas públicas, creación de normas, adopción de decisiones”.
“Lo anterior puesto que, al momento de ejecutar las atribuciones de control de legalidad, funcionaríamos como juez y parte, factor que desvirtúa nuestra competencia jurídica”, alegó la jerarca.
La misiva de la Defensora fue compartida tan solo minutos después de que el diputado Enrique Sánchez informara a los medios de que había denunciado a Crespo ante la Sala IV por no darle respuesta a las consultas enviadas en el plazo establecido por ley.
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