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La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, permitirá que siga funcionando el consultorio jurídico que brinda ayuda a personas de bajos recursos en las instalaciones de la Defensoría, luego de haber intentado eliminarlo.
Esta oficina contaba con 21 personas que asistían legalmente a 600 personas al mes mediante convenio entre la Defensoría y la Universidad de Costa Rica (UCR), en el que la UCR aporta estudiantes de Derecho que ofrecen su trabajo de forma gratuita.
Según un comunicado difundido la tarde de este martes, el centro universitario y Crespo llegaron a un acuerdo para que esta última no cierre el consultorio.
“El rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta, y la jerarca de la Defensoría de los Habitantes, Catalina Crespo, llegaron este martes 9 de marzo a un acuerdo para dar continuidad al convenio del Consultorio Jurídico que opera en esta segunda entidad”, indica el escrito.
Ante la insistencia de Crespo por falta de presupuesto, la UCR asumirá los gastos que, según la Defensora, no se podían cubrir, aunque el Presupuesto Nacional sí prevé una partida de ¢15 millones para sufragar los gastos de la oficina.
En noviembre del 2020, la Asamblea Legislativa aprobó la partida para cubrir el consultorio jurídico.
“En un inicio, la defensora de los Habitantes había decidido finiquitar este convenio, aduciendo imposibilidad de pago del salario de la abogada coordinadora de este servicio. No obstante, tras una reunión sostenida este martes, la UCR decidió costear este monto para permitir a las personas afectadas tener un seguimiento adecuado de sus casos, muchos de ellos vinculados a vulneraciones de sus derechos humanos, como la trata de personas o delitos sexuales”, explica el documento.
Esta oficina recibe principalmente denuncias ligadas a derechos humanos y forma parte de la red de Consultorios Jurídicos de la UCR.
Según datos del consultorio, actualmente tiene alrededor de 200 procesos penales en trámite.
Gutiérrez Espeleta aseguró que este acuerdo significa una muestra más del compromiso que tiene el centro educativo con las poblaciones más desprotegidas en el país.
“Como universidad, nos preocupó mucho que personas con casos delicados en derechos humanos y en condiciones de alta vulnerabilidad quedaran a la deriva, sin la protección adecuada. Por eso, decidimos asumir el pago del salario de la abogada coordinadora, porque de ninguna manera podíamos permitir que una restricción económica afectara a estas poblaciones”, recalcó el rector.
Este lunes, la jerarca de la Defensoría confirmó su deseo de romper el convenio y cerrar la oficina y, en su lugar, propuso un convenio con el Colegio de Abogados que solo permitiría ofrecer asistencia legal una vez al mes.
No obstante, tras la insistencia del centro universitario, Crespo cambió de parecer.
“Me siento muy satisfecha con el acuerdo alcanzado con la UCR, que permitirá a las personas de escasos recursos seguir recibiendo el servicio de los consultorios jurídicos en nuestra institución”, manifestó la defensora.
En un comunicado de prensa difundido este 8 de marzo, la jerarca dijo que la Defensoría no podía disponer de los ¢15 millones previstos en el Presupuesto Nacional del 2021 para mantener la ayuda por los recortes aprobados por la Asamblea para el presupuesto de la institución.
El consultorio jurídico opera en la sede de la Defensoría desde la década de 1990, cuando se abrió esta institución.
Este acuerdo se había renovado el 25 de enero de 2019 y tiene una vigencia de cuatro años. Una vez cumplido el plazo de este convenio, ambas instituciones iniciarían los trámites para una eventual prórroga de otros cuatro años más.
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