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La Auditoría Interna de la Defensoría de los Habitantes cuestionó el proceso que permitió a la jerarca de la entidad, Catalina Crespo, solicitar el nombramiento de la esposa del principal asesor y jefe de despacho del diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Actualmente, Otto Roberto Vargas es integrante de la comisión que investiga, de manera secreta, las actuaciones de la defensora y que emitirá un informe al plenario, el próximo 7 de setiembre, con una recomendación sobre su continuidad.
La Nación procuró conversar con la defensora de los Habitantes para conocer su versión de los hechos. Se le enviaron consultas desde el 21 de agosto a su correo, al despacho y a la oficina de prensa, pero no respondió.
Por su parte, el diputado Otto Roberto Vargas primero dijo que no se referiría al caso al argumentar que podría poner en riesgo su participación en la comisión investigadora de Crespo.
Luego, ante la publicación, el legislador afirmó en el Congreso: “Quiero aclarar esta situación y ser enfático en eso, yo no tengo que ver nada con ese nombramiento (…). Me desmarco totalmente de esa contratación que hizo la Defensoría de los Habitantes. Cuando me enteré, yo fui el primer sorprendido”, dijo Vargas.
El correo electrónico inicial
A principios de marzo de este año, el despacho de Catalina Crespo envió un correo electrónico a la dirección de Recursos Humanos de la Defensoría para solicitar el nombramiento de Tirza Chaves, esposa de José Manuel Echandi, defensor de los Habitantes del 2001 al 2005 y actual mano derecha del diputado Vargas.
No obstante, luego, la directora de despacho ordenó suspender el nombramiento, con lo que se inició un nuevo proceso que igualmente desembocó en el nombramiento de Chaves y que fue cuestionado en el informe de Auditoría Interna DHR-Advertencia 001-2020, del pasado 19 de mayo.
El 10 de marzo del 2020, tres semanas antes del nombramiento definitivo, el despacho de Crespo le solicitó por correo electrónico al director de Recursos Humanos, Hernán Rojas, revisar los atestados de Tirza Chaves para proceder a contratarla como asesora de la oficina de la jerarca.
Eugenia Fernández Monge, directora de despacho, escribió: “Estimado Hernán, un gusto saludarlo. Le agradezco revisar los atestados de la señora Chaves, para que ingrese como asesora del despacho el próximo martes (17 de marzo)”. El correo electrónico estaba copiado a Catalina Crespo.
Al día siguiente, el jefe de Recursos Humanos le respondió a la directora que había recibido los documentos de Chaves y que cumplía con los requisitos, aparte de que había sido funcionaria de la Defensoría.
Solo le pidió precisar el plazo para el cual sería nombrada y que presentara su incorporación al Colegio de Abogados.
La directora de despacho le contestó que el plazo iba del 17 de marzo al 30 de abril del 2020 y que Chaves estaba al día en el Colegio de Abogados.
No obstante, el 13 de marzo, a cuatro días de la entrada de la nueva asesora, Eugenia Fernández escribió de nuevo a Recursos Humanos para cancelar el nombramiento. Todos los correos siempre fueron copiados a Crespo.
Proceso de nombramiento
Posteriormente, el 31 de marzo, el departamento de Recursos Humanos publicó, por orden de la defensora, el concurso interno sumario 0004 2020, para llenar un puesto interino en la dirección de Admisibilidad de la Defensoría.
El concurso fue anunciado en el sistema de correspondencia institucional; sin embargo, fue declarado infructuoso el 13 de abril.
Ante esto, se recurrió a un registro de oferentes que lleva Recursos Humanos, oficina que entregó una lista de cinco candidatos, entre los cuales estaba Tirza Chaves.
El 15 de abril, Jenny Phillips, directora Admisibilidad y Atención Inmediata de la Defensoría, le recomendó a Crespo contratar a Tirza Chaves.
Con base en ello, mediante el oficio DH-00239-2020 del 15 de abril, la defensora le solicitó al departamento de Recursos Humanos proceder con el nombramiento a partir del 16 de abril, siempre que la candidata contara con los requerimientos legales y técnicos.
La designación va del 16 de abril del 2020 al 15 de agosto del 2021.
Otros dos nombres incluidos en el registro tenían maestría en Derecho, lo que según los parámetros de la Defensoría les daba ventaja. La elegida cuenta con licenciatura.
Procedía un concurso externo
Ante una denuncia del Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría, la Auditoría Interna realizó una investigación y concluyó que, para poder formar parte del registro de oferentes de esta institución, los candidatos primero deben de participar en un concurso público, obtener una nota superior a 80 en las pruebas y no haber resultado seleccionados en el proceso.
Esto no sucedió en este caso, pues se utilizó un registro de oferentes conformado, de acuerdo con lo que señaló el jefe de Recursos Humanos, con los atestados que personas interesadas han enviado a su oficina a través de diferentes vías, incluso desde 1993, cuando él asumió el cargo.
“Considera esta unidad de Auditoría que dicho registro difiere en relación con las bases y los fines señalados en el Estatuto de Selección, Ascensos y Nombramientos del acuerdo 1978 vigente (desde el 2016)”.
“Esta Auditoría concluye que, si bien es cierto que a la fecha de este nombramiento no se habían finalizado los concursos externos que hubiesen dado como resultado la posibilidad de la creación de este registro de oferentes que indica el Estatuto 1978, con personas con nota superior a 80, ante la declaratoria de concurso sumario infructuoso de la plaza en análisis, lo que correspondía era proceder a efectuar un concurso externo”, señaló la auditora Alejandra Sobrado.
Por su parte, el director de Recursos Humanos le dijo la Auditoría: “Estas personas son apenas oferentes, están reclutadas, pero no han sido sometidas a ningún proceso de selección (pruebas o entrevistas), no están clasificadas ni ordenadas con base en valoraciones cuantitativas, sino solo por su perfil”.
Añadió que la lista de oferentes se actualiza cada dos años y que, para la elaboración de este registro, no hacen falta instrucciones ni normas, pues se basa en el Estatuto de Nombramientos.
En el informe, la Auditoría le solicitó a Catalina Crespo analizar si se requiere abrir una investigación preliminar para indagar quiénes son los posibles responsables de las “aparentes desviaciones jurídicas y debilitamiento del control interno” en este caso.
Incluso, le recordó lo que dice el artículo 39 de la Ley General de Control Interno: “El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán, en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.”
No obstante, Crespo le solicitó a la Auditoría una reconsideración y se opuso a abrir una investigación preliminar.
“El informe presenta graves inconsistencias en sus premisas de orden jurídico que, como consecuencia, llevan a conclusiones que este despacho considera graves y erróneas”, afirmó la defensora sobre lo expuesto por la auditora.
Ante la solicitud de reconsideración, la Auditoría mantuvo su criterio y rechazó los señalamientos de Crespo.
El 5 de mayo, bajo el oficio DH -284-2020, la defensora les envió a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa una carta explicando que el nombramiento fue regular y les adjuntó las consultas de la Auditoría, las declaraciones del jefe de Recursos Humanos y de la directora de Admisibilidad.
“Se logra demostrar que dichos procedimientos se han llevado a cabo, apegados a los principios técnicos y legales que rigen dichos procedimientos”, afirma Crespo en la misiva.
