EscucharLa Defensoría de los Habitantes efectúa sus compras públicas sin realizar análisis de mercado que le permitan comparar precios, lo que ha llevado a la institución a pagar hasta un 27% más de lo presupuestado, en sus adquisiciones, reveló una auditoría de la Contraloría General de la República.
La entidad ni siquiera compara las ofertas que recibe con los precios promedio que registra el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), añadió el informe publicado este 17 de junio.
La Contraloría revisó las adquisiciones hechas entre el 2018 y el 2021 y encontró que, en 84 líneas de compras, se registraron montos unitarios hasta un 27% más elevados de lo presupuestado, lo cual provoca un “riesgo de generar pagos inadecuados”, o bien, no lograr cumplir con la necesidad que llevó al proceso de contratación.
Para concretar los procesos de compras públicas, las instituciones deben realizar un análisis de mercado para los bienes que se van a adquirir, así como demostrar congruencia entre los montos presupuestados, ofertados y adjudicados. Así lo ordena la Ley de Contratación Administrativa, su reglamento y la normativa interna de las instituciones.
En el caso de la Defensoría, la auditoría evidenció que el proceso de contratación no garantiza “la razonabilidad de los precios adjudicados y pagados en la adquisición de bienes”.
Ante la falta de documentación en la institución y dentro del Sicop, para la Contraloría resultó imposible determinar que los procesos fueran ruinosos o excesivos.
“En un 100% de las líneas revisadas de los expedientes de contratación no se identificó un análisis de mercado o estudio de precios, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Contratación Administrativa y con las características de lo indicado en los artículos 8 y 12 del Reglamento de la Ley, que permita conocer el valor aproximado de los bienes antes de iniciar el proceso de contratación”, indicó la CGR.
“A manera de ejemplo se tiene el expediente 2019-CD-000079-0004000001, donde el monto adjudicado superó en un 27% al monto estimado, lo cual representa la materialización del riesgo asociado a la falta de estudios para asegurar la razonabilidad de los precios”, explicó la Contraloría.
Ante las irregularidades encontradas por la CGR, esta institución alegó que realizan acciones como llamadas telefónicas, consulta de tiendas en línea, solicitud de cotizaciones, uso de las plataformas como el WhatsApp de los proveedores, consulta de expedientes de contratación y supuestas visitas a empresas para consultar sobre el precio del bien.
No obstante, toda esta información no se encuentra en expedientes de la Defensoría, institución que tampoco logró brindar a la CGR un respaldo de las acciones que alegó estar realizando, pues no cuenta con dichos datos.
El ente contralor también encontró que la Defensoría carece de un análisis de riesgos en el proceso de contratación administrativa, lo cual limita la aplicación de controles y garantías e impide llevar el control sobre calidad, cantidad, costo y plazos del bien o servicio contratado.
“Se evidenció que a la fecha la institución no ha identificado, analizado y administrado formalmente los riesgos (…) asociados a cada una de las etapas del proceso de contratación administrativa”, señaló la auditoría.
Al respecto, la Defensoría justificó que realiza reuniones de trabajo entre funcionarios para hablar sobre estos riesgos; sin embargo, la CGR indicó que esto no era suficiente pues no es lo que dicta la Ley de Contratación.
“Pese a la existencia de normativa para realizarla, la Defensoría de los Habitantes ha omitido su aplicación para generar una valoración integral del proceso de contratación, lo cual dificulta la identificación y administración de riesgos correspondientes, y podría afectar la calidad y continuidad de los procesos de adquisiciones”, recalcó el informe.
