EscucharLa Defensoría de los Habitantes pidió información a seis instituciones públicas por los atrasos salariales en el Ministerio de Educación Pública (MEP), al considerar que la situación podría ser más grave de lo que inicialmente se determinó.
Específicamente, le pidió cuentas a los ministerios de Educación, Hacienda, Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), así como a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR).
Según el ente defensor, es de suma importancia tener la información que aporten dichas instancias, “para realizar una investigación estructural, de manera que se logre tener una visión integral de dicha problemática”.
La Defensoría aseguró que los incumplimientos de pago han tenido repercusiones en los derechos laborales de los funcionarios y evidencian ineficiencia administrativa, afectación de las finanzas públicas y problemas en la elaboración y ejecución presupuestaria. También, se están originando procesos y sentencias judiciales en contra del Estado, por los reclamos de los servidores públicos.
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“Esta situación afecta la trascendental labor que cumplen las personas trabajadoras del MEP como responsables del sistema público de educación de la niñez, adolescencia y juventud costarricense”, dijo la Defensoría este viernes.
A raíz de los problemas para el pago de los salarios del MEP, la Defensoría ha recibido un número considerable de denuncias de personas que laboran para ese Ministerio, debido a la inadecuada gestión y excesiva tardanza de la Dirección de Gestión de Talento Humano para reconocer y pagar los diferentes incentivos salariales a que tienen derecho.
A mediados de mayo, ya la Defensoría reportaba tener en trámite 500 denuncias de docentes por incumplimiento de pagos salariales; agregó que los plazos para resolver los reclamos son irracionales.
Esos incentivos a los que hace referencia la Defensoría son carrera profesional, anualidades y excedentes, entre otros, tanto del actual periodo fiscal como de años pasados.
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Entre las denuncias, también hay reclamos de los funcionarios porque se les omite, con frecuencia, el pago de lecciones ya impartidas dentro de sus salarios, así como recargos que no se les reconocen debidamente o rebajos presuntamente injustificados.
Adicionalmente, se reclama con frecuencia la ausencia en el reconocimiento del aumento por costo de vida o la falta del pago de las prestaciones.
Según la Defensoría, al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se le hicieron consultas sobre las partidas concretas en los presupuestos ordinarios, en modificaciones presupuestarias o en presupuestos extraordinarios del MEP, que tenían el objetivo de cubrir el pago de periodos fiscales vencidos, indexaciones, multas, intereses y demás rubros originados en resoluciones administrativas y sentencias judiciales derivadas de reclamos administrativos relacionados con el MEP.
Adicionalmente, se le pidió datos a Acosta sobre cifras pagadas de más debido a errores de la administración por cálculos erróneos, correspondientes al periodo que va del 1.º de enero del 2010 al 30 de junio del 2024.
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Andrés Romero, ministro de Trabajo, tendría que responder las consultas de la Defensoría sobre propuestas hechas al MEP y las medidas adoptadas para solucionar los incumplimientos salariales, así como los espacios de diálogo dispuestos entre la cartera de educación y el personal afectado.
Cuatro solicitudes de información hechas al Mideplán buscan respuestas sobre las acciones tomadas para construir rutas de acción para identificar y superar las causas estructurales de los incumplimientos salariales, desde el punto de vista de la gestión del talento humano para mejorar la administración del MEP.
La Defensoría quiere saber cuántos procesos judiciales ha presentado el personal del MEP y los montos cobrados al Estado por costas, daños y perjuicios e intereses declarados en sentencias judiciales. Para ello, solicitó información de ese tipo a la PGR, mientras que le pidió a la Contraloría explicar sobre los informes de ejecución presupuestaria del MEP y si existen investigaciones relacionadas con los incumplimientos.
A inicios de junio, el ente defensor citó a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, para pedirle soluciones al desorden por los incumplimientos salariales, pero la jerarca no atendió la convocatoria.
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Luego, la defensora, Angie Cruickshank, realizó una visita de inspección a la Unidad de Reclamos del MEP, para conocer cómo se tramitan y gestionan las quejas por las irregularidades en los pagos de los sueldos.
A raíz de esa gestión, la Defensoría encontró que hay cerca de 60.000 denuncias pendientes de resolverse, el 90% de ellas por reclamos relacionados con carrera profesional.
Este viernes, la entidad explicó que solicitó al MEP detalles específicos sobre los reclamos administrativos que han planteado los funcionarios, así como los que ya están en vía judicial, incluyendo los relacionados con el pago del aumento por costo de vida y prestaciones.
También preguntó sobre los sistemas informáticos que se están utilizando para atender los reclamos y especificaciones sobre el presupuesto institucional.
Por toda la situación relacionada con los incumplimientos salariales, 13 diputados presentaron esta semana una moción de voto de censura contra la ministra de Educación, que se discutirá y votará el próximo miércoles en el plenario de la Asamblea Legislativa.
