La pandemia disparará el déficit fiscal del 2020 a un 9,7% del producto interno bruto (PIB), según las proyecciones del Ministerio de Hacienda.

Eso significa que el faltante entre ingresos por impuestos y gastos del Gobierno Central sería de ¢3,5 billones (millones de millones), lo cual equivale, por ejemplo, al 35% del Presupuesto Nacional de este año. La cifra es mayúscula, porque el año pasado llegó a 6,9% del PIB, lo cual ya era alto.

“La sostenibilidad de las finanzas públicas se ve nuevamente amenazada. Según estimaciones de Hacienda, los ingresos totales del Gobierno Central caerían al menos un 21% (un 3,3% del producto interno bruto) mientras que el gasto disminuiría apenas un 4,5% (1,1% del PIB). Como resultado, se estima un déficit financiero del 9,7% del PIB y un nivel de deuda del 68,8% del PIB”, advirtió el ministro de Hacienda, Elián Villegas.

“Este empeoramiento de la situación fiscal del país amenaza su estabilidad macroeconómica y el desempeño futuro de la economía; poniendo en claro riesgo el empleo y bienestar de los costarricenses”, agregó.

Y la situación podría ser aún peor.

En una carta dirigida a los diputados el miércoles 8 de julio, Villegas, les alertó de que ellos “estarían realizando una contribución directa al incremento del déficit fiscal, que ya de por sí es preocupante”, si avanzan con los proyectos para exonerar varios bienes y servicios del impuesto al valor agregado (IVA), sin otorgarle al Gobierno una fuente sustituta de recursos.

Se trata de cinco proyectos que fueron dispensados de todo trámite en el Congreso, la semana pasada, para exonerar temporalmente del IVA los productos de la canasta básica, así como los servicios asociados a la construcción y al turismo.

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El IVA entró a regir para estas transacciones el 1.° de julio.

El ministro dijo apoyar y entender la necesidad de aliviar las cargas a los consumidores de la canasta básica, al igual que a los sectores de construcción y turismo, pero insistió en la necesidad de disponer de una fuente alterna para cubrir los ingresos que el Gobierno dejaría de percibir.

Recordó que el Poder Ejecutivo planteó eliminar la exoneración del impuesto de renta de la que goza el salario escolar de los empleados públicos, y consideró que esta fuente sería suficiente para compensar.

Actualmente, esta exoneración le cuesta al Estado unos ¢40.000 millones anuales, explicó.

“Hago un llamado a la Asamblea Legislativa para que, si tiene a bien seguir adelante en el proceso de exoneración de estos tres sectores, se proceda también a generar la compensación de ingresos requerida. Caso contrario estaría dicha Asamblea Legislativa incrementando el proceso de deterioro de las finanzas públicas, lo cual es peligroso en estos momentos”.

Otro plan de los diputados también pretende exonerar del IVA los servicios públicos y los alquileres.

La semana pasada, la Contraloría General de la República le certificó al Ministerio de Hacienda una caída de casi ¢1,2 billones en los ingresos corrientes, principalmente por la caída en la recaudación de impuestos.

Esa cifra equivale a un 11% del Presupuesto Nacional.

Para tapar el hueco, el Ejecutivo planteó, en un principio, recortar gastos por ¢355.000 millones y pedir al Congreso autorización para obtener dinero prestado adicional por unos ¢800.000 millones.

Los diputados señalaron que el recorte al gasto debe ser mayor.

¿Por qué podría ser peor?

El ministro de Hacienda, Elián Villegas, explicó a La Nación que la estimación de un déficit fiscal del 9,7% del PIB no toma en cuenta la pérdida de ingresos tributarios que causarían los diputados, en caso de que aprueben los proyectos para atrasar la entrada en vigencia del IVA.

“Básicamente eso genera un hueco. Por pequeño que sea el tema, si seguimos haciendo esas cosas, esto sigue incrementando. El llamado de atención va por ese lado”, dijo el jerarca.

El problema se agrava porque, según el ministro, ya el Presupuesto Nacional del 2020 preveía los ingresos que empezarían a entrar al fisco, a partir del 1.° de julio, con la entrada en vigencia del IVA para canasta básica, servicios públicos, construcción y turismo.

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Lo que no estaba previsto, apuntó Villegas, era la caída que se iba a dar en ciertos sectores productivos por culpa del covid-19, lo que ha disminuido la recaudación de impuestos como el de renta, el IVA y los asociaciones al comercio internacional.

A través de un comunicado de prensa difundido este miércoles, el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Peña, criticó que el Partido Acción Ciudadana (PAC) se oponga a suspender la entrada en vigencia del IVA “en estos tiempos de emergencia”.

“Queremos suspender la entrada en vigencia del IVA. Es una prioridad para nosotros. Tenemos claro que tenemos que bajar ese costo tan alto que tienen todos los costarricenses”, dijo Peña.

De acuerdo con la subjefa de la Unidad, Shirley Díaz, la forma para encontrar recursos para sustituir lo que se deje de percibir por el IVA es la revisión “exhaustiva” del Presupuesto Nacional para recortar partidas y aprovechar subejecuciones.

Ruta de la estabilidad

Ante la necesidad del Gobierno Central por tener una mayor capacidad de financiamiento de los gastos, el presidente de la República, Carlos Alvarado, dijo este jueves que hay posibilidades de acceder a $4.000 millones (¢2,3 billones) en créditos internacionales más baratos, que sustituirían préstamos en el mercado interno.

“Es para cambiar deuda cara por deuda barata, que nos viene por estos créditos que el Gobierno negoció meses atrás”, explicó el mandatario.

Sin embargo, añadió para tener acceso a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto de $2.250 millones (¢1,3 billones) a finales de año y asegurar una ruta de estabilidad, se requiere la aprobación legislativa de un primer crédito rápido con el FMI por $500 millones (¢290.000 millones), el cual forma parte del plan de sustitución de deuda interna por externa.

“La ruta está hecha y requiere de aprobación legislativa. Para el 2021, ese acuerdo con el FMI será clave para mantener esa estabilidad”, añadió Alvarado.

De acuerdo con el mandatario, es necesario ese apoyo legislativo. Consultado por la prensa, el presidente evitó calificar si las vacaciones que se autorizaron los diputados para esta semana dificulta el avance en la ruta que el país necesita seguir.

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“Yo respeto las decisiones que tome el Congreso porque es un poder autónomo. Yo podría desear que haya cosas que se aprueben antes, pero es un poder que tiene sus reglas y las respeto. También entiendo que necesitamos un buen ambiente para que las cosas importantes en el país pasen”, dijo.

Además de esa ruta, a la que se entra por la aprobación del crédito rápido del FMI, Carlos Alvarado manifestó que espera la pronta aprobación del tercer presupuesto extraordinario del 2020.

Esa modificación al plan de gastos de este año incluye recortes mayores a los ¢355 millones y recursos para financiar el bono Proteger.

“Yo siento la congoja porque la veo, la leo. Pero bueno, como me dijo una vez un expresidente: el mejor consejo es paciencia, porque no solo depende de la voluntad de uno”, dijo el mandatario.

Este jueves, mientras Alvarado decía que es necesario aprobar el crédito rápido del FMI, la Unidad Social Cristiana anunció sus propios planes para una parte de ese empréstito.

Rodolfo Peña, jefe socialcristiano, presentó dos mociones en la Comisión de Hacendarios, para impulsar que $100 millones de los $500 millones se utilicen para pagar “títulos del Gobierno Central en poder de la Caja Costarricense de Seguro Social y la deuda del Estado con la institución”.

Además, la propuesta de Peña obligaría al Ministerio de Hacienda a pagar deuda con esos dineros, pero cancelando el monto principal antes que los intereses.

“No aprobaremos más endeudamiento si no hay un compromiso y un plan concreto para honrar la deuda de la Caja, especialmente en esta coyuntura en que requiere ser fortalecida”, alegó Peña.

También dijo que no aprobarán “más empréstitos en automático” si no ven “recortes significativos del gasto en el próximo presupuesto extraordinario”.