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Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno de España para Iberoamérica y el Caribe, aseveró que no existe en este momento, en “ninguna agenda” de la Unión Europea, nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega para presionarlo por una salida democrática a la crisis política y social de Nicaragua.
Al término de una visita de tres días por Costa Rica, este sábado, la alta funcionaria de la cancillería española recordó que en octubre del 2019 el Consejo Europeo de la Unión Europea (UE) emitió sanciones a seis funcionarios del gobierno sandinista, a quienes responsabiliza por violaciones de derechos humanos o abusos en la represión de manifestaciones opositoras.
Dicho castigo contempla el congelamiento de activos que esas personas posean en Europa y restricciones al otorgamiento de visados, y se renovó por un año más en octubre del 2020.
Más allá de esas acciones, aseguró Gallach en San José, “en este momento no está sobre la mesa” en la agenda europea presiones adicionales al gobernante nicaragüense.
“En este momento lo que está sobre la mesa es que se trabaje conjuntamente, diplomáticamente, con los distintos grupos de la oposición, con la sociedad civil y que el liderazgo del país sea muy importante, para celebrar elecciones abiertas y libres”, respondió la diplomática, ante consultas de La Nación.
La funcionaria sí dijo estar preocupada por el proceso electoral en Nicaragua para noviembre próximo, el cual, añadió, debe ser “inclusivo”, que refleje la “diversidad de candidatos”.
Sin embargo, en el caso de más sanciones para ejercer mayor presión sobre Ortega, insistió en que “a nosotros nos gustaría que este instrumento de política exterior se utilizara la menor cantidad posible de veces”.
“No es adecuado recurrir constantemente (a sanciones). Sí es adecuado enviarlas en momentos decisivos, imprescindibles”, manifestó.
Los sancionados actuales por la UE en Nicaragua son el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz y su subdirector, Ramón Avellán; los comisionados generales de ese cuerpo policial Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; y el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau.
Estado de situación
Nicaragua sostendría elecciones presidenciales y legislativas en noviembre próximo sin que a la fecha se tenga claridad si el gobierno de Ortega, que controla todos los poderes del Estado de Nicaragua, realizará reformas electorales para garantizar transparencia de esos comicios, como lo demandan la oposición y la comunidad internacional.
Gallach planteó justificaciones cuando se le comentó que esta semana un grupo de senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos propuso un proyecto de ley que busca presionar a Ortega para que realice esas reformas.
La iniciativa de ley también pide al presidente estadounidense Joe Biden, desarrollar una estrategia que incluya sanciones y que, al mismo tiempo, coordine esas acciones con Canadá y UE para que tengan un mayor efecto sobre Ortega.
“Debemos subrayar que estas medidas se toman siempre en el seno de la Unión Europea. No son medidas que toma el país individualmente y eso nos refuerza porque el mensaje es más potente, porque es un decisión que hay que pensar y discutir entre muchos”, justificó la diplomática.
Aunque mencionó en varias ocasiones que España dialoga con la oposición, a la cual le pide “actitudes de consenso” para que “decidan” de qué forma “concurren” los ciudadanos en un proceso transparente, también reconoció que lo hacen con el Gobierno de Ortega a través del canciller Denis Moncada.
“Nuestra solicitud expresa (al Gobierno) es la preparación de unos comicios libres y justos, la organización de unas elecciones donde las distintas fuerzas políticas puedan concurrir y sean verdaderamente libres y justas como lo pedimos con todos los países”, añadió.
“Me parece que en este momento la actitud que debemos hacer es de seguir vigilando, observando, tratando con todas las partes para ver cómo se avanza en este proceso electoral. Aún faltan unos meses”, finalizó.
