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El Ministerio Público acusó por un presunto peculado al exdiputado y presidente del PASE, Óscar López, así como a los exlegisladores Víctor Emilio Granados, Rita Chaves y Martín Monestel (del periodo 2010-2014).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) les achacó dos actuaciones que, en su criterio, son ilícitas.
"Una de ellas tiene que ver con nombramientos “fantasma” en plazas de asesores (plazas de confianza de la Asamblea Legislativa) a familiares o amigos de los imputados, quienes; sin embargo, no se presentaron a trabajar".
"La otra conducta tiene que ver con el uso de dos plazas de asesores para que trabajaran con el señor López, en momentos en que él no era diputado de la República", agregó el Ministerio Público.
La Fiscalía estimó el perjuicio económico en ¢165 millones y, el 2 de mayo, comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República para que decida, antes del 22 de mayo, si se presenta como querellante y actor civil en la causa.
En la acusación, también están implicadas otras ocho personas, de apellidos Rodríguez Rodríguez, Zamora Álvarez, Madrigal Morera, Casanova Aragón, Arias Jiménez y Esquivel Mondragón, Brenes Villalta y Brenes Villalta.
"No tengo nada que referirme al respecto porque ni sé dónde está esa acusación. A mí nunca me han indagado por esta investigación", dijo el exdiputado Óscar López, que dejó su curul, el pasado 30 de abril.
"Yo jamás nunca he cometido ningún delito en la vida", enfatizó.
Por otra parte, el Ministerio Público informó de que continúa en investigación otra causa contra Óscar López, la cual surgió luego de que, entre el 2012 y el 2013, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y exmilitantes del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) denunciaron que esta agrupación le cobró al TSE más de ¢200 millones por alquileres de vehículos que nunca ocurrieron.
El PASE alegó que incurrió en ese gasto en las elecciones del 2010.
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De acuerdo con un informe elaborado por el Tribunal en el 2013, el PASE le pidió al Estado el reembolso de 50 arrendamientos de autos contratados a una cantidad similar de personas, por un monto total de ¢312 millones.
El Partido reportó haber pagado los contratos con bonos de deuda política, los cuales adquirieron un valor de ¢202 millones una vez pasadas las elecciones del 2010, debido a la cantidad de votos que recibió el PASE.
El TSE entrevistó a 21 de esos propietarios de autos y 17 dijeron no haber recibido el pago que la agrupación presidida por López cobró al Estado.
Once de esos 17 declararon que no prestaron servicios ni recibieron un solo colón, mientras que cinco reportaron haber recibido pagos inferiores a los registrados.
Además, 14 sostuvieron que ni quisiera firmaron documentos.
Solo cuatro declararon haber prestado el servicio y haber sido debidamente remunerados.
Para el TSE, el rubro de alquiler de autos se alimentó de contratos simulados, lo que llevó al Tribunal a error a la hora de reconocer los gastos en el pago de la deuda política con un consecuente perjuicio económico para el Estado.
Nota del editor: Esta noticia fue actualizada a las 2:45 p. m. para aclarar el motivo de la acusación.
