EscucharSeis partidos nacionales y dos de escala provincial podrán acceder a recursos de la deuda política por su cosecha de votos en las elecciones de este 6 de febrero. En total se repartirán ¢19.800 millones de la contribución estatal del 2022.
Se trata de los partidos Liberación Nacional (PLN), Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR), Unidad Social Cristiana (PUSC), Liberal Progresista (PLP), y Frente Amplio (FA).
Además, tendrán derecho a recursos públicos las agrupaciones provinciales Unión Guanacasteca, de Guanacaste, y Recuperando Valores, de Limón. A pesar de que estas no lograron alcanzar curules en el Congreso, sí obtuvieron una votación superior al 4% en las elecciones legislativas de sus provincias.
La norma constitucional establece que podrán acceder a los recursos de deuda política aquellos partidos que obtengan una votación superior al 4% de los votos para presidentes y diputados, o bien, que obtengan una curul. En el caso de los partidos provinciales, para alcanzar ese porcentaje únicamente se contabilizan los votos para diputado en esos lugares.
De acuerdo con Rónald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), esos recursos se reparten proporcionalmente según el caudal electoral.
No obstante, el monto definitivo a entregar a cada agrupación quedará definido una vez ese órgano revise las liquidaciones de gastos de esas agrupaciones, pues puede ocurrir que el TSE no acepte algunos de los gastos anotados por los partidos.
“El cálculo de la fuerza electoral únicamente toma en cuenta la votación del primer domingo de febrero, tanto para la fórmula presidencial como para diputados. De esto resulta una sumatoria a partir de la cual se desarrolla ese cálculo.
“Pero ese no es el único requisito que debe cumplir el partido político. Identificados los partidos que sí puedan optar a la contribución estatal, esos partidos tendrán que presentar ante el TSE sus gastos, la liquidación de sus gastos, a efectos de que el TSE lleve a cabo la comprobación respectiva, todo el proceso de revisión de esos gastos y, una vez concluido, pues resuelva cuál es el monto que le corresponda en definitiva a cada partido político.
“El TSE le reconoce a cada partido el monto de gastos que realmente tiene por comprobados, por ejemplo, un partido puede que tenga derecho a una cantidad importante de recursos, pero si la liquidación que presenta no es idónea, pueda que haya una tendencia a la baja respecto del monto que en realidad se le reconozca”, afirmó el funcionario.
Para determinar los montos máximos a los cuales cada partido pueden acceder, es necesario que el Tribunal determine el costo individual del voto, que es el resultado de dividir el monto total de la contribución estatal entre la suma de los votos válidos obtenidos por todos los partidos con derecho a contribución. Cada partido recibirá como máximo el monto que resulte de multiplicar el costo individual del voto por el número de votos válidos que obtuvo.
De acuerdo con el corte preliminar de este lunes, entre los ocho partidos con acceso a deuda política, el PLN, del candidato José María Figueres, tiene el mayor caudal electoral con el 30,3% de los votos válidos para presidente y diputados, seguido por el PPSD, de Rodrigo Chaves, con el 18,4%, y Nueva República, de Fabricio Alvarado, con 14,7%.
El PUSC reunió el 13,8%, el PLP el 12,5% y el FA el 9,8%. Los partidos provinciales juntos representan el 0,4% de los votos entre las agrupaciones con acceso a deuda política.
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Con esos recursos, los partidos pueden pagar los compromisos adquiridos para cubrir los gastos de la campaña. Además, los compradores de bonos que obtuvieron valor por la cosecha electoral, podrán reclamar al Estado su dinero, siempre y cuando el partido obtenga suficientes recursos que cubran la totalidad de emisiones de certificados.
Tendrán prioridad de pago los bonos clase A; si alcanza dinero se pagarán las emisiones clase B, y así sucesivamente. Si el dinero no cubre la totalidad de las emisiones de los partidos, esos bonos quedarán sin ningún tipo de valor y su comprador no podrá recuperar su inversión.
Los partidos también reservan un porcentaje de esos ingresos para gastos por organización y capacitaciones.
