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Aunque los diputados tenían la posibilidad de ahorrarle a los contribuyentes hasta ¢13.800 millones con un fuerte recorte al gasto electoral, los integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos optaron por aprobar una tibia reducción en la deuda política para las elecciones nacionales del 2022 y las municipales del 2024.
Con esta decisión, tomada al aprobar una moción de fondo en el expediente 20.821, los legisladores se aseguraron ¢34.400 millones para financiar los gastos de los partidos políticos en los procesos electorales venideros.
La moción destinaría a la deuda política el equivalente a un 0,10% del producto interno bruto (PIB) de este año, mediante una medida transitoria que se introduciría en el Código Electoral.
En los últimos procesos, lo usual ha sido que se destine un 0,11% del PIB, aunque la Constitución Política permite que el Estado aporte hasta un 0,19% del año trasanterior a las elecciones nacionales.
No obstante, el ahorro pudo ser mayor. Con el 0,10% del PIB, el ahorro será de solo ¢3.500 millones en comparación con el 0,11%, en tiempos de crisis económica.
En los últimos procesos electorales, los partidos no lograron demostrar gastos mayores al 0,07% del PIB. Así sucedió en las campañas nacional 2014 y municipal del 2016.
En los procesos 2018 y 2020, los partidos apenas demostraron gastos por un 0,06%, unos ¢21.000 millones.
Si los diputados hubiesen optado por aprobar un 0,07% del PIB, por ejemplo, le habrían ahorrado al país ¢13.800 millones en gastos de campaña.
El dinero electoral tiene la particularidad de que, aun si los partidos no demuestran haber gastado la totalidad del dinero al que tienen derecho, el Estado no puede recuperar los recursos.
Actualmente, el Estado todavía tiene reservados recursos a favor de partidos inactivos como el Movimiento Libertario y el Unión Agrícola Cartaginés, y nadie los puede tocar.
Pese a que el ahorro aprobado por los diputados podría haber sido mayor, el presidente de la Comisión de Económicos, el liberacionista RobertoThompson, se declaró alegre por el acuerdo alcanzado entre los partidos políticos para modificar el proyecto de José María Villalta, del Frente Amplio.
Sin embargo, añadió que él personalmente apoya otra iniciativa del también liberacionista Gustavo Viales con la misma autorización de financiamiento por 0,10%, pero que incluye otros aspectos sobre el financiamiento de la campaña política del 2022.
“Espero que realmente haya un esfuerzo de consenso a nivel de todas las fracciones legislativas para apoyar el esfuerzo del diputado Viales Villegas”, alegó Thompson.
Tanto el liberacionista como Pablo Abarca, legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguran que la decisión es fruto de la viabilidad política.
No obstante, Abarca asegura que él no tendría problema en una reducción mayor, pero hacerlo implicaría “un riesgo no medido ni discutido”, pues añadió que no ha habido debate sobre un número específico, solo la voluntad de mantenerse en los montos aprobados para procesos anteriores.
El socialcristiano agregó que tampoco se pueden hacer ajustes tan apegados a lo que sucedió en años anteriores, pues dijo que se trata de los montos que comprobaron los partidos y no precisamente los gastos que en realidad hicieron.
“Yo quisiera saber si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene algún criterio mucho más allá de decir solo lo que se gastó”, comentó Abarca.
Por su parte, Thompson dijo a La Nación que se debe recordar que ya es una buena señal que se reduce del 0,19% establecido legalmente, aunque reconoció que ya eso se ha hecho en las campañas anteriores.
“Esto responde a un acuerdo político, donde no solo entra el PLN”, dijo el alajuelense y apuntó que Liberación no renuncia a un recorte mayor que implicaría el avance de la propuesta de Viales, que además de fijar el financiamiento estatal en un 0,10%, acorta el periodo en que pueden hacerse efectivos los gastos de campaña.
Gasto real en elecciones
FUENTE: TSE || INFOGRAFÍA/ LA NACIÓN.
