EscucharEl gobierno de Rodrigo Chaves recibirá el país con una desaceleración en el crecimiento de la deuda pública, confirmó la Contraloría General de la República (CGR). Además, hubo mejora en cuanto a los riesgos de tener altos porcentajes de deuda pagadera a corto plazo y en moneda extranjera, pero no se alivió el nivel de obligaciones con tasas de interés variables.
En el 2021, la deuda del Gobierno Central alcanzó ¢27,3 billones (millones de millones), cifra equivalente a un 68,3% del producto interno bruto (PIB).
Si bien es el monto más alto de la historia reciente, la tasa de crecimiento del año pasado fue la más baja de los últimos ocho años.
La deuda aumentó un 12,3% debido a una mejoría en los ingresos tributarios y la captación de préstamos externos con mejores tasas. En cambio, entre el 2011 y el 2021, la tasa promedio de crecimiento anual fue de un 15,6%.
Durante la administración de Laura Chinchilla, en el año 2012, por ejemplo, la deuda registró el mayor incremento de la última década entre un año y otro: 25,7%%. Un año después, siempre en el mandato de ella, el aumento bajó a 11,4%, cifra que no se ha vuelto a repetir desde entonces. A partir del 2014, volvió a crecer a niveles de casi 20%, como se vio en 2016 en el mandato de Luis Guillermo Solís. En 2018, la Administración de Carlos Alvarado redujo el crecimiento a 16,9%; en 2019 a 14,2%; en 2020 a 14,4% y en 2021 a ese 12,3%.
En un informe publicado el 1.° de mayo, la Contraloría explicó que, para que la deuda sea sostenible, debe representar como máximo un 50% del PIB. Actualmente, el endeudamiento está 18 puntos porcentuales por encima del ideal, o límite natural de deuda (LND).
“Se observan mejoras en algunos de los indicadores de la deuda del Gobierno en el 2021. Sin embargo, se requieren medidas que favorezcan la sostenibilidad: disminuir el peso del servicio de la deuda en el presupuesto y en la economía, gestionar la estructura del portafolio hacia los niveles definidos como óptimos, administrar prefondeos que reduzcan el riesgo de eventuales problemas de liquidez, así como buscar converger hacia el límite natural de deuda”, agregó la CGR.
El año pasado, tanto la deuda interna como la externa crecieron a un menor ritmo que el observado en los dos años previos, pese a que, en el 2021, los órganos desconcentrados fueron incorporados a la contabilidad del Gobierno Central.
La estimación de la Contraloría es que, sin la incorporación de los órganos desconcentrados, el crecimiento real de la deuda del Gobierno Central fue de un 11,7%, casi la misma cifra del 2013, en la que se registró el menor crecimiento de la década anterior.
“Esto responde en buena medida a que el ingreso de recursos externos, si bien ha generado mayores tasas de crecimiento para la deuda externa, fue acompañado con variaciones menores en los pasivos internos, principal componente de las obligaciones del Gobierno”, explicó la CGR.
Mejoría ante los riesgos
Una de las mejoras es que la deuda como porcentaje del PIB creció en 1,6 puntos porcentuales, también el menor crecimiento de los últimos ocho años.
En el 2020, en cambio, la relación entre deuda y PIB creció en casi 10,7 puntos, el más alto en ocho años.
La Contraloría explicó que, en esta relación, si bien las tasas de interés y la depreciación del tipo de cambio provocaron un crecimiento de la deuda, este fue compensado por el crecimiento de la producción económica.
A ello se sumaron los esfuerzos del Gobierno por disminuir el déficit primario, el cual cerró en un 0,28% del PIB, situación que no se registraba desde hace 13 años. El balance primario es el resultado de los ingresos menos los gastos, sin tomar en cuenta el pago de la deuda pública gubernamental.
El crecimiento del gasto en salarios bajó a un 0,4% en el 2021, por ejemplo.
Cuando asumió el gobierno de Carlos Alvarado, en plena crisis fiscal no atendida en años anteriores, la deuda pública equivalía a un 51,6% del PIB, cifra ideal dentro del LND. Un año después, subió a 56,1%; en 2020 a 66,8%, hasta cerrar el 2021 en el 68,3%.
Deuda de corto plazo
La Contraloría explicó que el gobierno de Carlos Alvarado logró disminuir el riesgo de refinanciamiento, es decir, el porcentaje de deuda colocada a un plazo inferior a un año para pagar.
El porcentaje de endeudamiento colocado a corto plazo bajó de un 10% a un 8,9%, lo que lo ubica dentro de los límites “deseables”.
No obstante, la demanda por parte de los inversionistas de instrumentos de corto plazo se mantiene, por lo que la disminución de este riesgo se vuelve relevante para el próximo gobierno.
Riesgo por tipo de cambio
Otro de los riesgos que cedieron fue el relacionado con la exposición al tipo de cambio. Entre el 2020 y el 2021, el porcentaje de deuda en moneda extranjera bajó de un 41,5% a un 39,8%, gracias a que “el Gobierno logró incrementar las colocaciones en colones en el mercado interno, permitiendo disminuir la exposición a dicho riesgo”.
Sin embargo, este indicador aún debe bajar cinco puntos porcentuales para alcanzar el límite deseable: 35%.
Riesgo por tasas variables
En cuanto al riesgo que representa el tener deuda con tasas de interés variables, el porcentaje no mejoró. El 22,1% del total de la deuda tiene esa condición, cuando el máximo recomendado es 20%.
Al cierre del 2021, la liquidez del Gobierno en su Fondo General mejoró en comparación con el 2020, al pasar de un 0,1% del PIB a un 0,7%.
En ese marco, la Contraloría calcula una relación que consiste en qué porcentaje de los vencimientos de deuda de cada año se podrían pagar con la liquidez. El año antepasado, el resultado fue un 1,3% y, el pasado subió a un 11,8%.
El gobierno de Chaves deberá pagar ¢9,6 billones de deuda pública durante los cuatro años de su gobierno, una cifra inédita en los últimos 20 años.
Solo en el 2023, por ejemplo, el Gobierno deberá devolver, sin falta, los $1.000 millones (¢650.000 millones) obtenidos mediante la colocación de eurobonos hace 10 años durante la administración de Laura Chinchilla.
El saldo de la deuda del Gobierno no incluye las obligaciones pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), producto de transferencias no realizadas, debido a que aún no se encuentran conciliadas con la institución. Según el Ministerio de Hacienda, estos pasivos contingentes alcanzan ¢2,3 billones.
