Un proyecto que permitiría usar los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) para anticipar la pensión por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), logró avanzar hacia el plenario legislativo.
Dicha iniciativa, impulsada por el diputado liberacionista Gilbert Jiménez, recibió este martes un dictamen afirmativo de mayoría en la comisión permanente de Asuntos Sociales del Congreso.
El plan propone modificar el artículo 26 de la Ley de Protección al Trabajador, el cual ya permite el uso de los fondos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias (RVPC) para el retiro anticipado del IVM.
La reforma propuesta por Jiménez añadiría la opción de adelantar la jubilación usando también los recursos del ROP y autorizaría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a regular las condiciones de esta modalidad.
Además, se abriría la puerta para que los trabajadores puedan realizar contribuciones extraordinarias a los regímenes de pensiones complementarias con el fin de que puedan financiar el pago adelantado de cuotas.
El plan recibió el voto favorable de 5 diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Progreso Social Democrático (PPSD), mientras que tres de Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP) votaron en contra.
Al justificar su voto en contra, David Segura, legislador del PNR, recordó que el ROPC no opera como una cuenta de ahorros de disponibilidad inmediata para cubrir necesidades económicas.
Su principal objetivo, añadió, es complementar las pensiones otorgadas por el IVM, las cuales, según señaló, tienden a reducirse.
“Cualquier reducción del ROP como la que propone el proyecto tiene implicaciones importantes, puesto que las personas adultas mayores quedarán con un monto de pensión complementaria reducida”, señaló el legislador.
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Reforma quedaría intacta
Gilbert Jiménez, a través de su despacho, sostuvo este martes que los alcances de su iniciativa no afectarían a los cambios que entrarán a regir en el régimen del IVM, a partir del 11 de enero del 2024.
Dichas reformas establecen restricciones en cuanto a la opción de jubilación anticipada para los hombres y limitan la posibilidad para las mujeres, que solo podrán acceder a esta modalidad a partir de los 63 años.
Con las normas actuales, el IVM establece la edad de retiro en 65 años, pero permite adelantarla a los 61 años y 11 meses para los hombres, y a los 59 años y 11 meses para las mujeres, si cuentan con 360 cuotas y si tienen un fondo de jubilación voluntario para pagar el anticipo.
A partir del próximo 11 de enero de 2024, esta opción experimentará cambios significativos. La edad de jubilación para los hombres se elevará a 65 años, que corresponde al requisito estándar por vejez.
En el caso de las mujeres, ellas podrán jubilarse a los 63 años, siempre y cuando hayan acumulado al menos 405 cuotas de cotización.
Actualmente, un hombre de 57 años tiene la posibilidad de anticipar su jubilación realizando pagos equivalentes a las pensiones mensuales requeridas hasta alcanzar los 61 años y 11 meses.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la reforma, no podrá anticipar su jubilación hasta los 60 años, calcula el despacho del diputado Jiménez, pero indicó que esto sería reglamentado por la CCSS.
Para las mujeres, el escenario cambia. Con los cambios que regirán en enero, podrán anticipar su jubilación pagando las pensiones proyectadas desde los 57 años hasta los 63 años.
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CCSS avala proyecto
Durante una comparecencia ante la comisión de Sociales, Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, expresó que, desde una perspectiva financiera y actuarial, el proyecto no tendría un impacto negativo en la institución.
Barrantes respaldó la viabilidad de esta propuesta, argumentando que “nosotros nos resarciríamos de ese costo y generaríamos la pensión a las personas”.
Ubaldo Carrillo, director de pensiones de la CCSS, consideró factible la implementación del proyecto, ya que la regulación estaría bajo la supervisión de la entidad. De lo contrario, indicó que se habría opuesto al plan.
También señaló que el uso de recursos del ROP para los propósitos contemplados en el proyecto no implicaría un uso diferente al fijado por ley. “Al final, estos recursos seguirían en el sistema multipilar”, afirmó Carrillo.