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San José
Octubre del 2010. Una familia alerta al Gobierno costarricense de que el exguerrillero nicaragüense Edén Pastora y varias cuadrillas invadieron su propiedad en isla Calero, distrito de Colorado, en Pococí, Limón.
El hecho fue el detonante de un nuevo eslabón en la larga cadena de diferendos limítrofes entre ambos países. En cuestión de días, la administración de Laura Chinchilla fotografió la presencia de militares nicaragüenses en Calero y, luego, descubrió la apertura de canales artificiales sobre territorio costarricense para desviar el agua del río San Juan y acortar su camino hacia el mar Caribe.
Este miércoles 16 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ubicada en La Haya, Holanda, cerrará este capítulo con una sentencia sobre dos demandas: la de Costa Rica por la invasión a la isla y la de Nicaragua por la construcción de la trocha fronteriza 1856.
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Hay 10 puntos fundamentales para entender el conflicto y lo que pretenden ambos países en la sentencia de los 15 magistrados de la CIJ:
1. Dragado del San Juan. En setiembre del 2010, el entonces canciller, René Castro, no objetó el proceso de dragado que iniciaría Nicaragua días después en el limítrofe río San Juan.
En una comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el 7 de setiembre del 2010, Castro afirmó a los diputados que el dragado no iba a afectar ríos ni ecosistemas costarricenses. El entonces jefe de la diplomacia afirmó al Parlamento que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su canciller, Samuel Santos, habían dado al Gobierno costarricense “garantías verbales” de que el dragado iba a ser “una obra modesta de limpieza”, que no tendría ninguna consecuencia sobre afluentes costarricenses.
Meses después de su presencia en el Congreso, empieza el lanzamiento de desechos del dragado a suelo costarricense y la apertura de canales artificiales en isla Calero. René Castro, entonces, afirmó que Nicaragua nunca solicitó permiso para dragar el San Juan, acción que atribuyó a un acto de prepotencia de parte del gobierno de Ortega.
2. Inicio del conflicto. Unos días después de la audiencia a la que los diputados citaron a Castro, una familia vecina de isla Calero dio aviso a las autoridades costarricenses de que Edén Pastora, el exguerrillero a quien Ortega encomendó la tarea de dragar el San Juan, había irrumpido en territorio costarricense. El 22 de octubre del 2010, el Gobierno de la entonces presidenta, Laura Chinchilla, descubrió la destrucción de 2.500 metros cuadrados de humedales en la isla Calero, presuntamente porque las dragas de Nicaragua arrojaron sedimentos hacia el sitio conocido como finca Aragón, mediante una tubería. De inmediato, Costa Rica envió una nota diplomática de protesta al gobierno de Nicaragua.
3. Demanda internacional. En noviembre del 2010, Costa Rica acude a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y demanda a Nicaragua por la invasión a isla Calero y por la destrucción de los humedales de la zona protegida por la Convención de Ramsar. Con el pasar de los años, se descubrió la apertura de tres caños que desviaban el cauce del río San Juan, lo que Costa Rica interpretó como intentos de cambiar el mapa fronterizo.
4. Prohibido el ingreso a Calero. A principios del 2011, en marzo, la CIJ dicta medidas cautelares. Impide a Nicaragua ingresar a isla Calero, mientras que permite a Costa Rica entrar en la zona para reparar el daño ecológico con personal experto en el ambiente. En su pronunciamiento, la Corte calificó como “plausible” el argumento de Costa Rica sobre la invasión y el daño ambiental. Un mes después, el país denunció una nueva incursión ilegal a isla Calero, cuando un grupo de 150 miembros de la Juventud Sandinista entró en la zona.
5. Condenas previas. Tras meses de tensión política entre los gobiernos de Ortega y Chinchilla, el 22 de noviembre del 2013, la Corte Internacional de Justicia condena a Nicaragua a frenar y reparar los daños que causó en isla Calero.
Casi dos años después, en abril del 2015, Costa Rica construyó un dique para bloquear el caño principal que abrió Nicaragua.
6. Reconocimiento del daño. En el marco de esa sentencia, el agente nicaragüense ante La Haya, Carlos Argüello reconoció que la invasión a la isla fue un error de su país que “se metió donde no debía meterse”. Más tarde, el diplomático responsabilizó directamente al exguerrillero Pastora por los daños denunciados por Costa Rica en isla Calero. Así, Argüello pretendió liberar de responsabilidades al gobierno de Daniel Ortega.
7. La trocha genera nuevo conflicto. Un año después de la primera invasión a isla Calero, el Gobierno inició la construcción de una carretera de 120 kilómetros, paralela a la frontera con Nicaragua. La vía, de tierra y lastre, conecta a los poblados fronterizos.
Laura Chinchilla anunció que la obra tenía como fin dejar de depender del río San Juan como única ruta para el transporte de personas y mercancías, además que tenía fines de seguridad nacional. No obstante, Nicaragua presentó una demanda contra Costa Rica ante La Haya por la presunta contaminación del San Juan durante la apertura de la vía. La Cancillería refutó el estudio ambiental en el que Managua fundamentó sus acusaciones sobre la trocha.
8. Intereses petroleros. El exvicecanciller de la República, Carlos Roverssi, afirmó que detrás de la invasión a isla Calero y de la modificación que Nicaragua hizo al cauce del río San Juan, se soslayaban intereses de explotación de yacimientos petroleros en el mar territorial costarricense que, al cambiar el mapa terrestre, podrían pasar a ser parte del territorio marítimo nicaragüense.
9. Lo que pide Costa Rica. Las 22 peticiones de Costa Rica a la Corte Internacional de Justicia, en su demanda contra Nicaragua, están encabezadas por el reconocimiento a que isla Calero es parte del territorio costarricense. Además, solicita:
-Que los magistrados declaren que Nicaragua causó el daño ambiental en isla Calero durante el proceso de dragado del río San Juan.
-Que se ordene al gobierno de Nicaragua dar aviso por escrito y, con anticipación, sobre el inicio de obras en el río San Juan, así como la preparación de análisis transfronterizos de impacto ambiental.
-Que se reconozcan los derechos de navegación de Costa Rica sobre el río San Juan, en vista de las violaciones y abusos que han denunciado ciudadanos costarricenses usuarios de esa vía acuática.
-Que se condene a Nicaragua a reparar, en forma de compensación, el daño material causado por la corta de árboles y vegetación, así como por la excavación de los tres caños artificiales en la zona en disputa.
-Que se condene a Nicaragua al pago de las costas procesales generadas por el litigio.
10. Lo que pide Nicaragua. En su demanda contra Costa Rica por la construcción de la trocha fronteriza, Nicaragua solicitó a la Corte de La Haya que declare que esa obra afecta la integralidad de su territorio, que causó daño al río San Juan y que Costa Rica violó obligaciones derivadas de instrumentos internacionales sobre protección ambiental. También, pide:
-Que se ordene a Costa Rica compensar los daños, incluidos los costos adicionales del dragado del San Juan derivados por los supuestos daños causados por la ruta fronteriza.
-Que se paralice cualquier obra en la trocha 1856.
-Que Costa Rica elabore estudios transfronterizos de impacto ambiental antes de desarrollar cualquier obra.
-Que se prohíba a Costa Rica transportar sustancias peligrosas por la ruta terrestre paralela al San Juan.
-Que la Corte declare la potestad de Nicaragua de dragar el río San Juan.
