EscucharLos diputados de la Comisión de Derechos Humanos dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley que impondría hasta tres años de cárcel a quienes difundan contenido racista o discriminatorio por cualquier medio, sea audio, video o imágenes, así como las conductas discriminatorias contra otras personas.
Se trata del expediente 22.171, de la diputada Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que busca calificar como delitos de odio la difusión de material que promueva la discriminación racial, la tortura por razones discriminatorias, así como la propia conducta de discriminación racial.
El proyecto también lleva las firmas de Jorge Fonseca, de Liberación Nacional (PLN); María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), y el independiente Dragos Dolanescu.
La iniciativa, denominada Ley para penalizar los crímenes de odio, el delito de discriminación racial y otras violaciones de derechos humanos, introduce un nuevo inciso en el artículo 112 del Código Penal y añade los artículos 380 bis, 380 ter y 386 bis en esa misma ley.
Con el nuevo inciso del 112, el proyecto busca imponer hasta 35 años de cárcel a quien mate a otra persona por motivos de odio, a causa de su edad, grupo racial, ético, religioso, nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.
Este artículo es idéntico al contenido de otro expediente, el 21.652, que ya se encuentra en el plenario legislativo, promovido por el también oficialista Enrique Sánchez.
Sin embargo, el nuevo proyecto dictaminado va más allá en castigar otro tipo de gestos o actividades discriminatorias.
Por ejemplo, hay un artículo específico para castigar con hasta tres años de prisión a quien difunda, distribuya o exhiba por cualquier medio materiales, imágenes, audio o video que sea discriminatorio, o que incite a otras personas a odiar, discriminar o cometer actos de violencia u otra acción ilegal sobre la base del odio racial.
Asimismo, se penaría la organización y financiamiento de actividades que inciten a otras personas a cometer actos de discriminación racial.
Adicionalmente, se incluye como castigo la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a quien cometa ese tipo de actos de discriminación racial.
Aunque ya existe en el Código Penal el delito de tortura y su correspondiente castigo, por ocasionar dolores o sufrimientos físicos o mentales a una persona, el proyecto también incluye un artículo cuando esa tortura se aplique para intimidar o coaccionar a una persona por razones de raza, color, origen nacional o étnico, sexo, género, religión, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género u opinión política, origen social, condición migratoria o condición de salud.
En ese caso, la pena que se impone sería de hasta diez años de prisión y la inhabilitación para el ejercicio público de hasta ocho años.
Delito de discriminación racial
En cuanto al delito específico de discriminación racial, ya tipificado en el artículo 380 del Código Penal, se reforma para que la pena no sean ya días multa, sino entre uno y tres años de cárcel, en el caso de personas particulares, y hasta cinco años si lo comete una persona funcionaria pública.
Adicionalmente, se incluye en ese delito el tipo de conducta discriminatoria por otras razones, cuando se impide, deniegue, excluya, limite o restrinja a una persona un derecho o una libertad por razones de raza, color, origen nacional o étnico, sexo, género, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen social, condición migratoria o de salud.
Finalmente, el proyecto plantea una reforma al delito de genocidio, para incluir el etnocidio, con pena de hasta 35 años si la intención es destruir total o parcial a un grupo de seres humanos por las razones de discriminación que se han explicado.
Ya dictaminado, el proyecto pasará al plenario para su avance en las siguientes etapas del trámite legislativo, que incluyen la discusión de nuevas mociones de fondo, en dos etapas distintas y, finalmente, la votación en el plenario.
El dictamen contó con los votos de Enrique Sánchez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; Paola Valladares y Gustavo Viales, del PLN; María Vita Monge, del PUSC, y los independientes Nidia Cisneros y Dragos Dolanescu.
La proponente del proyecto, Nielsen Pérez, aseguró que su iniciativa salda “un gran pendiente en materia de derechos humanos y logramos la reforma que la legislación penal requiere”.
“Estamos estableciendo claramente en la ley que los crímenes de odio y la discriminación racial son sancionados como delitos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos”, enfatizó.
