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Un grupo de diplomáticos de carrera, incluido el actual canciller, Rodolfo Solano, objeta ciertos cambios legales propuestos en dos proyectos de ley que se discuten en el Congreso. Uno modificaría el Estatuto del Servicio Exterior de la República y el otro reforma el empleo público.
La Asociación Costarricense de Diplomáticos de Carrera (ACDC) considera que ambas iniciativas van en detrimento de la profesionalización de la carrera diplomática y del fortalecimiento del Servicio Exterior.
Así lo manifestó tanto el canciller Solano, como el presidente de la ACDC, Esteban Penrod, y los excancilleres Bernd Niehaus y Enrique Castillo, en un comunicado de prensa.
En el documento enviado a los medios de comunicación, ellos anunciaron el inicio de un ciclo de conversatorios para detectar “las principales amenazas” que enfrenta la carrera diplomática y, de esta manera, evitar su debilitamiento.
Plazas a discreción
El plan de ley sobre el Estatuto del Servicio Exterior permitiría, entre otras cosas, que el canciller de la República nombre hasta 50 funcionarios de manera discrecional, sin que medie un concurso previo.
Estas personas serían adicionales a los 51 embajadores con los que cuenta Costa Rica en el exterior y quienes también son designados mediante esa modalidad.
No obstante, la ACDC y demás expertos son del criterio de que, de aprobarse dicho texto con su redacción actual, se promoverían los nombramientos por compadrazgos políticos, en lugar de profesionalizar el Servicio Exterior.
La Asociación también considera que la iniciativa eliminaría las equivalencias establecidas en el artículo 9 del Estatuto del Servicio Exterior (Ley 3530), las cuales determinan las categorías o escalafones de los funcionarios del servicio diplomático y consular, con base en sus atestados y años de servicio.
Otra de las razones de la agrupación para adversar el plan de ley es que este incluiría un transitorio (el XIII) para que personas ajenas al Ministerio de Relaciones Exteriores puedan incorporarse a la carrera diplomática en rangos altos “por el hecho de haber ostentado, en algún momento del pasado, un cargo por inopia”.
Sobre la reforma a empleo público
En cuanto al proyecto de Ley Marco de Empleo Público, los diplomáticos objetan que dicha iniciativa daría rango de “puesto de confianza” a las personas designadas en las direcciones de todas las instituciones públicas.
Actualmente, la ley establece que en la Cancillería esos cargos son ocupan por embajadores de carrera, según explicó Esteban Penrod, presidente de la ACDC.
Por ejemplo, hoy, una persona con rango de embajador que recién dejó un puesto de jefe de misión en el extranjero, o de representante permanente ante un organismo internacional, por ley, tiene derecho de regresar a Costa Rica a ocupar un cargo de director.
No obstante, con la reforma al empleo público, se eliminaría esa garantía para esos funcionarios y tendrían que esperar a que se les asignen funciones, agregó Penrod.
Por lo tanto, los miembros de la ACDC piden que el texto de ley no suponga cambios al artículo nueve del Estatuto del Servicio Exterior, el relativo a las equivalencias y escalafones.
Además, los embajadores de carrera solicitan que en la iniciativa legal se especifique que el Instituto Manuel María de Peralta, donde se forman los funcionarios de carrera del Servicio Exterior, seguirá rigiendo la capacitación de dichos profesionales.
Adicionalmente, a la ACDC le preocupa que la “homologación salarial” propuesta en el texto de reforma al empleo público “no toma en consideración el zonaje y el costo de vida en el exterior”.
El zonaje es la compensación adicional que reciben los empleados del Poder Ejecutivo e instituciones semiautónomas por prestar sus servicios permanentemente en un lugar distinto al de su domicilio legal.
El proyecto de Ley Marco de Empleo Público propone crear un salario global para los funcionarios públicos, el cual tendría la siguiente composición: 80% de sueldo base y 20% de incentivos por competitividad.
Así mismo, impondría un sistema de evaluación que permitiría al Estado despedir a los empleados que obtengan calificaciones deficientes en forma consecutiva.
Trámite legislativo
El proyecto de ley que modificaría el Estatuto del Servicio Exterior (expediente 21.235) es discutido en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, donde ya recibió el dictamen afirmativo y unánime de los diputados.
Por su parte, el plan de reforma al empleo público (expediente 21.336) se encuentra en el último trámite de discusión de mociones en la Comisión de Gobierno y Administración.
En ese foro, los diputados afinan el texto para que pase al plenario legislativo.
“La oportunidad que se ha presentado en sede legislativa de discutir el Estatuto del Servicio Exterior y que haya una posibilidad para enriquecer el texto sustitutivo se tiene que aprovechar, pero también tenemos que aprovechar el momento de la discusión que se tiene de la ley de empleo público, porque tiene una implicación importante.
“Es una ventana de oportunidad en la que todos los sectores que tenemos que manifestarnos, diplomáticos, institucionalidad del Poder Ejecutivo, academia y actores políticos, podamos aportar lo mejor de nosotros para que, por medio de una diplomacia activa de diálogo con los sectores, podamos obtener un producto que reúna los requisitos para garantizar que realmente estamos hablando de profesionalización y de fortalecimiento de la carrera diplomática”, expresó el canciller Solano.
