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Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció su oposición a la solicitud del Gobierno de descongelar las plazas vacantes en los ministerios. Además, rechaza la petición del Poder Ejecutivo de derogar otras cinco normas de control presupuestario emitidas por la pasada Asamblea Legislativa.
La contralora general, Marta Acosta, también defendió estas normas al considerar que han tenido un efecto positivo sobre la contención del gasto público.
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se discute el Presupuesto Nacional, ve inconveniente que se aproveche el segundo presupuesto extraordinario del 2022 “para derogar normas que promueven una mejor gestión presupuestaria en el país”.
En esa línea, la legisladora de la mayor bancada del Congreso adelantó que recomendará a sus compañeros diputados “mantener la vigencia de esas cláusulas”.
El Poder Ejecutivo pide derogar la norma 10 del Artículo 7 del Presupuesto Nacional. Esta ordena congelar las plazas que queden vacantes en el Poder Ejecutivo y, a la vez, ordena suprimir la totalidad del contenido presupuestario de estos puestos.
Según reportes del Ministerio de Hacienda, esta norma generó un ahorro de ¢14.100 millones en el 2021.
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La Contraloría General de la República (CGR) defendió la existencia de las normas de control de presupuesto que el Gobierno pide derogar, las cuales se vienen incorporando al Presupuesto Nacional desde hace cuatro años, durante la administración de Carlos Alvarado.
“En un principio, la Contraloría criticó esta práctica porque nos parecía que, efectivamente, atrasa, genera mucho más labor por parte de esta Asamblea, de la Comisión, de la Contraloría, al tramitar 10 presupuestos (al año) en vez de cuatro.
“Sin embargo, después de todo, he reconocido y lo hice con la última Asamblea Legislativa, que esto ha tenido un efecto positivo en el tema de la contención del gasto. Cuando asistía a comparecencias en esta comisión y se estaban revisando esos traslados y cambios de partidas (dentro de un mismo ministerio), en varias ocasiones se detectaron temas que merecían ser corregidos. Sí creo que tuvo efecto positivo”, dijo Marta Acosta, el pasado miércoles 29 de junio, en el foro de Hacendarios.
No obstante, los diputados deben cumplir con el bloque de legalidad, en caso de que decidan mantenerlas vigentes, añadió la contralora.
Sobre el congelamiento de plazas, Marta Acosta aclaró que “todas las instituciones estamos anunciadas de que existe una norma y de que tenemos seis meses para llenar las plazas”.
“En ese sentido, debemos de buscar procesos de reclutamiento y de selección que sean los más ágiles posibles para poder cumplir. Si existe algún tipo de imposibilidad (para reactivarlas) porque el Servicio Civil dura, tenemos que buscar cómo ser más eficientes. Ya si del todo no se pudiera, habría que buscar la manera de coordinarlo con la Asamblea Legislativa, pero, para mí, la norma, me parece, ha generador ahorros importantes”.
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De las cláusulas que el Gobierno pide derogar y que el Departamento de Análisis Presupuestario (DAP) del Congreso obtuvo datos, la del congelamiento de plazas es la que más beneficios generó en 2021.
Le sigue la que obliga a las instituciones a renegociar contratos de alquiler, cuando un estudio sobre costo-beneficio sea negativo para el Estado. Esta, también incluida dentro de la solicitud de derogatoria del Gobierno, produjo un ahorro de ¢705 millones en 10 instituciones, y otro de ¢440,8 millones que correspondían a la renegociación de alquileres de tres entidades.
El gobierno también pide eliminar la norma número 1, que impide a los órganos que integran el presupuesto, con algunas excepciones, destinar los remanentes de las subpartidas de remuneraciones a otro tipo de gastos, así como la número 13, por mencionar algunas.
Esta última (la 13) exige a los jerarcas de los órganos suplir, en primera instancia, algunas necesidades de contratos de servicios mediante el recurso humano existente en las instituciones o mediante convenios de cooperación con otras entidades públicas.
Por otra parte, la norma que más aporta a la contabilidad es la que pedía informes al Ministerio de Hacienda sobre canjes de deuda o reestructuración del endeudamiento interno y externo, así como el ajuste de esos movimientos en el presupuesto.
Durante el año 2021, ante la insistencia de la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, el Gobierno reportó una rebaja de ¢158.590 millones por la reestructuración. El Gobierno no solicitó derogar esta norma del presupuesto 2022.
