Diputadas de cuatro partidos calificaron de persecución las gestiones hechas por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra su colega del PUSC, Vanessa Castro, y pidieron investigar el uso de recursos públicos para afectar la vida profesional de una legisladora.
Según denunció la socialcristiana este viernes, el mandatario ordenó al embajador en México, el exdiputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, contactar al dueño de una empresa multinacional para que se le cesara un contrato de servicios profesionales que ella tenía en Costa Rica desde hacía 18 años.
Castro narró a La Nación que la empresa le notificó el cese en diciembre del 2022 y luego, en abril del 2023, el embajador Abarca le confirmó lo sucedido durante una visita a Ciudad de México junto con otros dos congresistas de la Unidad Social Cristiana (PUSC). Agregó que el embajador no se disculpó; al contrario, le argumentó que acató instrucciones del presidente de la República.
La diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), afirmó que la denuncia de Castro es muy seria, ya que el poder político no debe utilizarse para fines de persecución personal.
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“Eso abre un gran debilitamiento en el tejido democrático, de participación y de libertad de los ciudadanos. Sin duda es un tema que se debe investigar. Si los hechos a los que se refiere la diputada son ciertos, estamos a las puertas de un estilo presidencial que en absolutamente nada apoya el desarrollo de una agenda nacional de consenso, y más bien pareciera que estuviese orientado a una persecución de adversarios políticos”, dijo la legisladora.
Rocío Alfaro, congresista del Frente Amplio (FA), resaltó la gravedad de los hechos y sostuvo que estos acontecimientos combinan acoso político contra las mujeres y el mal uso de recursos públicos.
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“Por un lado, está el acoso político típico contra las mujeres, porque se utilizan estrategias para afectar la decisión política de una diputada que es de oposición, para tratar de modificar posiblemente su conducta, simplemente por ser una diputada con una opinión independiente, con una independencia que está bajo cuestión en el resto de su fracción (la del PUSC).
“Por otro lado, está la utilización de una parte del cuerpo diplomático del país para accionar vendettas personales, lo que nos parece gravísimo. Esperamos que esto sea investigado, creo que en la Asamblea Legislativa, pero también es un asunto que tiene que ser investigado por la Fiscalía”, dijo Alfaro.
La diputada Monserrrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), destacó la importancia de denunciar la violencia este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Además, instó a Chaves a centrarse en los temas de importancia, como la crisis de inseguridad que vive el país.
“Una vez, más el presidente demuestra, sistemáticamente, sus actitudes de acoso, agresión y violencia en contra de personas que, en muchos de los temas, discrepamos con él. Esto nos demuestra un manejo absolutamente antidemocrático, autoritario, que solo vemos en países con regímenes de represión.
“Es alarmante que llegue al punto de interferir con los derechos más elementales de una persona, como su trabajo y sustento económico, para intimidar y amenazar. Seguimos viendo cómo el presidente interfiere en muchos aspectos, en temas mínimos, como lo es un contrato profesional entre privados, con un carácter completamente agresivo y acosador”, declaró Ruiz.
La verdiblanca dijo que conoce a Castro desde hace muchos años y la considera “una mujer respetable, una buena profesional y una madre extraordinaria que no merece ser víctima de violencia”.
Paulina Ramírez, del PLN, consideró inaceptable el uso de mecanismos para torcer brazos y felicitó a Vanessa Castro “por no tener miedo a denunciar, aunque esto implicara poner en evidencia a un embajador que es miembro de su propio partido (el PUSC)”.
“Este es otro lamentable episodio de las acciones de un gobierno amenazador en el que sistemáticamente, el Presidente ha atacado a quien piensa diferente de él”, dijo.
Que no se normalice la violencia
La diputada frenteamplista, Priscilla Vindas, llamó la atención para que no se normalicen las prácticas de violencia política de parte del presidente de la República.
“Este es un claro ejemplo de violencia política hacia una mujer opositora del gobierno y, bajo ninguna circunstancia, debemos aceptar o normalizar ese tipo de prácticas de parte de un presidente, sobre todo en el momento nacional en el que estamos, donde todas las atenciones del mandatario debería estar direccionadas a combatir los problemas nacionales que tenemos”, declaró la parlamentaria.
Luz Mary Alpízar, del gobernante Progreso Social Democrático (PPSD), pidió que se aclare lo sucedido “por el bien de todos y todas, por el bien del país y, sobre todo, por las nuevas lideresas que pueden ver en esto ejemplos de luchas que tenemos que seguir dando”.
Este jueves, la legisladora Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reveló que Casa Presidencial, a través de la diputada oficialista Pilar Cisneros, vetó su postulación a la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Cisneros negó estas afirmaciones.
Asimismo, semanas atrás, el presidente Rodrigo Chaves atacó a la diputada Gloria Navas, de Nueva República (PNR), por haber dicho que la ola de homicidios y el debilitamiento de algunos cuerpos policiales son el caldo de cultivo para que Costa Rica se convierta en un narcoestado.
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