Carlos Ricardo Benavides sugiere prohibir entrada de no vacunados a comercios

“Sí, pero con una salvedad”, respondió el legislador ante la consulta de si Costa Rica debería aplicar una restricción de este tipo, como ocurre en otros países. “Me parece que se aplique cuando haya avanzado la vacunación. El Estado debe establecer una política según la cual a los espacios públicos de carácter privado, como cines, teatros, hoteles y restaurantes, se les puede aumentar el aforo al 75% o más, con la condición de que puedan ingresar las personas que porten un carné de vacunación”, añadió.

Según el legislador, esta sería una medida responsable para personas igual de responsables que han decidido inocularse, al tiempo que se reactiva economía. El pase de vacunación para ingresar a estalecimientos ya se aplica en Francia, por ejemplo, mientras que Italia impuso la obligatoriedad de la vacuna para todos los trabajadores. En ambos países, los antivacunas han desatado protestas.

El también ex precandidato presidencial aclaró que, de ningún modo, está sugiriendo que se exija de inmediato el certificado de vacunación. Lo que sí debería de ocurrir pronto, continuó Banavides, es que el Estado costarricense defina una meta de vacunación para poder aplicar la medida.

“Quienes ingresen a esos negocios serían los vacunados con esquema completo. No soy técnico, no puedo sugerir un porcentaje de vacunación, pero me parece que otros países han tomado la medida al respecto, una vez que tienen claro que la mayoría de la población ha tenido acceso a la vacunación”, agregó el diputado.

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La medida, insistió, generaría una mayor recuperación de los negocios, pues no es lo mismo un cine con un aforo del 40% en vez del 80%.

El legislador afinó su propuesta luego de señalar este lunes, en el plenario legislativo, que jurídicamente no es posible obligar físicamente a una persona a inocularse. “No me imagino a un policía detrás de una persona, con un enfermero detrás, para atraparla físicamente y someterlo a la vacunación. No me parece que resulte jurídicamente posible, ni razonable”, apuntó.

Lo que sí ve posible, según añadió, es que el Estado tome medidas suficientes, incluidas en el ámbito laboral, para inducir a la vacunación. Sostuvo que una persona puede decidir no vacunarse, pero no puede poner en riesgo al resto de personas de la sociedad.

“Uno podría decir ‘bueno, si una persona no se quiere vacunar y se muere, que se muera, la verdad que eso no es problema del resto’, pero si esas personas lo que pretenden es que el resto de la ciudadanía se los aguante sin vacuna, generando riesgo para el resto de los mortales, hay que decirles que eso no está bien, porque aquí no vivimos aislados unos de otros; vivimos en comunidad y hay responsabilidades comunes.

“¿Qué les vamos a decir a las personas menores de edad? A los menores de 12 años, a quienes todavía no podemos vacunar. Yo no quisiera que a mis hijos en un centro educativo les dé clases o los cuide una persona a la que no le dio la gana vacunarse y que pueda andar al tope con la carga viral.

“Porque si (un no vacunado) quisiera someterse al aislamiento permanente, si esa persona puede ir a clavarse en la montaña y convertirse en ermitaño no hay problema, que Dios lo acompañe, hasta latas de atún le mandamos para que coma. El problema es que quiera convivir entre los demás sin vacunarse, porque hay un tema indiscutible: la carga viral incluso de una persona contagiada, una vez vacunada, no es la misma del que no está vacunado.

“Lo que tenemos que entender aquí es que nadie quiere someter a una persona a que lo vacunen obligatoriamente, pero si en Costa Rica no se han tomado aún medidas para prohibir ingreso de personas a espacios públicos, como hoteles, restaurantes, cines, teatros, es porque el Gobierno aún no está en capacidad de emitir certificaciones en tiempo adecuado y todavía la ciudadanía costarricense no porta en su generalidad un documento que lo haga acreedor de que fue vacunado”, declaró Benavides.

El mensaje en el plenario lo emitió el mismo día en que el diputado restauracionista Melvin Núñez, el único que no se ha vacunado y que no cree en la inmunización, criticó al Directorio legislativo por sopesar si puede ordenarle la vacunación.

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El Poder Ejecutivo emitió un decreto que exige la inmunización para todos los servidores públicos, al tiempo que facultó a los patronos a exigir a sus trabajadores la aplicación de las dosis, así como establecer sanciones para los empleados que las rechacen sin certificar alguna contraindicación médica.

A finales de setiembre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) había aplicado 5,6 millones de dosis de la vacuna, de los cuales 3,4 millones corresponden a primeras dosis y cerca de 2,2 millones a segundas dosis.