El diputado de Restauración Nacional, Melvin Núñez Piña, le pidió perdón públicamente a su compañera de fracción, Floria Segreda, luego de que ella lo denunciara penalmente, ante la Fiscalía General, por el supuesto delito de amenazas a funcionario público.
"Perdón, mil veces perdón. Flori, te fallé, te ofendí. Mi trabajo es pedirte perdón y reconocer que de los errores se aprende, que podemos enmendar nuestro camino. Hace unos días sucedió una situción que, en el calor, no supimos manejar, pero podemos enmendarlo, ser personas cultas, que sí se aman y que sí pueden trabajar juntos", dijo Núñez en un video distribuido por la fracción de su partido.
"Es de hombres no justificar, sino admitir los errores. Hoy estoy ante ustedes, admitiendo que me equivoqué. Perdón una vez más".
Ella le respondió: "Yo le agradezco a Melvin esa oportunidad, porque yo sé de tu arrepentimiento verdadero y, sobre todo, nos comprometemos aquí a seguir dando la lucha en contra de la violencia hacia la mujer".
"Se ha creado un precedente en el cual toda persona que quiera agredirnos sabe que tenemos las armas suficientes para eso. Pero lo importante es el arrepentimiento. Errar es de humanos. Él lo ha hecho el día de hoy y, desde ya, Melvin gracias, daremos la lucha, estaremos con todas las mujeres parlamentarias que hayan sufrido este tipo de violencia", agregó Segreda.
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El coordinador de Comunicación de Restauración Nacional, Mario Aguilar, aseguró que la legisladora Floria Segreda quitará la denuncia de la Fiscalía General "en las próximas horas".
Según publicó este medio este jueves por la mañana, Segreda acudió a la Fiscalía General achacando a Núñez el supuesto delito de amenazas a un funcionario público, según consta en el documento de la denuncia.
Los hechos que motivaron la denuncia habrían ocurrido durante una discusión por la integración de una comisión legislativa y las supuestas amenazas se habrían producido mediante mensajes de WhatsApp.
La situación llegó al grado de que la congresista solicitó protección a la Asamblea Legislativa para los momentos en que se desplaza desde su despacho y hacia la instalación principal del Congreso y viceversa.
Así lo confirmó el director ejecutivo del parlamento, Antonio Ayales, quien añadió que Segreda pidió un guarda de seguridad para la Casa Rusa, local que alquila la administración para oficinas de dos diputados.
Por su parte, el jefe de fracción y presidente de Restauración, Carlos Avendaño, relató que la denuncia surgió por una situación que se dio hace unos días mientras discutían la integración de la comisión: "Don Melvin, como lo hemos hablado, se sobrepasó en sus manifestaciones, lo cual lógicamente hizo que doña Floria hiciera esa acción".
"La fracción, con una claridad de que debe atender cosas como estas y yo como jefe de la fracción, tuvimos una reunión muy amplia, muy abierta sobre el tema, el miércoles. Pedimos receso y luego de la sesión nos quedamos bastante tiempo sobre eso".
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"Dichosamente hubo una reacción positiva de ambos, don Melvin reconoció su falta, que el tono ni las palabras eran convenientes, le pidió perdón a la diputada, doña Floria Segreda. Dichosamente se subsanó la situación que se había dado.
"Yo pude llegar a la conclusión de que se había pasado de las expresiones, el tono, la forma", añadió.
Diputadas contra la violencia
A raíz del caso de Melvin Núñez y Floria Segreda, un grupo de 17 diputadas presentó, en conferencia de prensa, una declaración en contra de la violencia contra las mujeres, pues alegan que esta se ha considerado como “normal”.
“Deben generarse las condiciones para erradicar la violencia política ejercida contra las mujeres que acceden a puestos de representación y de toma de decisiones, de manera que se asegure el ejercicio pleno de sus derechos políticos”, dice el manifiesto, leído en conferencia por la presidenta del Directorio legislativo, Carolina Hidalgo.
En su declaración, las congresistas establecen una serie de medidas que pedirán al Directorio del Congreso para que se apliquen en los casos de violencia hacia las mujeres y, principalmente, los de violencia política, entendida esta como los casos en que se les presione o impida la participación en puestos de representación política.
Específicamente, las medidas solicitadas por las parlamentarias son:
-Garantizar la protección de las personas que denuncien hechos de violencia, así como la confidencialidad que ameritan estos casos para resguardar los derechos humanos de la víctima y garantizando su no revictimización.
-Poner a disposición de las personas denunciantes las herramientas e instrumentos necesarios para su acompañamiento en las diferentes instancias que se requieran.
-De acuerdo con cada caso se tomarán medidas para resguardar la integridad y la confidencialidad de la persona denunciante.
-Solicitud por escrito a la persona denunciada para que se abstenga de realizar acciones que perturben a la persona denunciante.
-De ser necesario, reubicar a la persona denunciada, sea de su despacho o de su curul.
-Instruir la apertura de un proceso administrativo y el nombramiento de un órgano director. En este se resguardará el debido proceso de todas las partes involucradas.
-Instruir la realización de campañas de sensibilización sobre la violencia política dirigida a los diputados, las diputadas y personas funcionarias de la Asamblea Legislativa.
Específicamente sobre el caso de Segreda y Núñez, la presidenta del Congreso aseguró que ella respetará la decisión tomada por la congresista y la forma en que decidió manejar el caso denunciado.
A raíz del caso, Zoila Rosa Volio, del Partido Integración Nacional (PIN), dijo que ella fue víctima de violencia machista, que la han perseguido y amenazado, incluso a su vida. Añadió que las diputadas no pueden permitir que les cercenen sus derechos a participar en política.
“Que las mujeres no tengan que pasar por lo que hemos pasado, no vamos a permitir ningún tipo de discriminación”, comentó la congresista.
La liberacionista Franggi Nicolás añadió que si hay un lugar donde se debe luchar contra la violencia de todo tipo hacia las mujeres es en la Asamblea, “donde hacemos las leyes para proteger y defender a las mujeres”.
“Esperamos que no sucedan más este tipo de actitudes que debemos combatir en todos los espacios”, agregó la verdiblanca.
Shirley Díaz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), manifestó que las 26 diputadas están comprometidas con la agenda de erradicación de la violencia política hacia ellas. “No podemos seguir buscando un cambio en el país, si permitimos que siga creciendo la violencia política contra las mujeres”, comentó.