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Si la transnacional Uber diera de manera ilegal el servicio de transporte, como alega el Gobierno, pues hay que adaptar la ley a la realidad de esta plataforma y otras que puedan surgir en el futuro.
Es este, en resumen, el planteamiento del diputado oficialista Franklin Corella frente al dilema legal y de opinión pública desatado desde que esta empresa estadounidense anunció su ingreso al país para competir con taxistas y similares.
“Las leyes no son obras rígidas ni irracionales; responden a situaciones particulares de cada momento histórico de su promulgación, regulan situaciones para propiciar justicia, convivencia y paz social y deben ser adaptadas a las condiciones sociales de cada época para asegurar su efectividad con el tiempo”, expresó el diputado alajuelense, encargado del tema de transportes en el Partido Acción Ciudadana (PAC).
Por eso propone en la Asamblea Legislativa modificar el marco legal para beneficio de los consumidores y del Estado en general pues pretende cobrar a Uber impuestos, como se exigen a otras compañías.
“Se debe asegurar el pago por el servicio en cuentas nacionales, permitiendo así una adecuada fiscalización de ingresos, transparencia y una mejor forma de recaudar los ingresos por tributos”, insiste Corella.
Se opone, así, a planteamientos como el del libertario Otto Guevara, que ve como posibilidad dejar por la libre los servicios de transporte de personas.
Corella pidió llamar a exponer al gerente nacional de Uber, Humberto Pacheco, a la Procuraduría General de la República (que considera ilegal la operación de los transportistas de Uber) y a la jerarquía del Ministerio de Transportes (MOPT).
Esas comparecencias, sin embargo, dependen de la aprobación de los legisladores miembros de la Comisión de Gobierno y Administración.
Consultado ayer por periodistas, el presidente Luis Guillermo Solís consideró conveniente hacer ajustes en el marco jurídico. “Hay que generar condiciones de legalidad necesarias para que actúen a derecho”, dijo, antes de señalar también la conveniencia de aclarar la situación jurídica actual de Uber, aunque sea en los tribunales.
Uber revivió en Costa Rica la polémica que ya existía en torno al servicio de taxi y sus diversas modalidades. Comenzó a operar el viernes pasado y ha desatado un fuerte debate sobre su legalidad o conveniencia. También puso en alerta al gremio de los taxistas, a quienes se atribuye un acto de violencia contra un conductor de esta plataforma.
